El campo ve insuficientes las medidas del Gobierno para impulsar los precios

El Consejo de Ministros aprob¨® este martes la modificaci¨®n de la Ley de la Cadena Alimentaria con la esperanza de atajar el descontento del campo. ¡°Un buen primer paso, aunque insuficiente¡±, respondieron las organizaciones agrarias. ¡°Se mantienen las movilizaciones¡±, agregaron. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunci¨® que los contratos entre agricultores y ganaderos y la industria deber¨¢n incluir los costes de producci¨®n ¡°para que no se pueda pagar menos de esa cantidad¡±. Estos costes, cuya cantidad se pactar¨¢ entre vendedor y comprador, incluyen entre otros gastos en salarios, maquinaria y semillas.

El Gobierno trata de equilibrar la relaci¨®n entre las partes en un intento de apaciguar la crisis del campo, un conflicto que el Gobierno teme que se convierta en la versi¨®n espa?ola de los chalecos amarillos franceses. ¡°Reforzamos la posici¨®n negociadora de los productores¡±, insisti¨® Planas. Sin embargo, la medida se acerca m¨¢s a una recomendaci¨®n que a una prohibici¨®n expresa. Uno de sus objetivos es que se generalice el uso de contratos escritos entre las partes, con el coste de producci¨®n fijado.

Agricultura ha encargado al observatorio de la cadena un estudio sobre estos gastos m¨ªnimos para dar una referencia a los productores (que sin embargo no ser¨¢ de obligado cumplimiento). Planas dej¨® claro que su departamento no ser¨¢ el ¨¢rbitro: ¡°Son las partes las que tendr¨¢n que decidir¡±. El ministro reconoci¨® asimismo tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que hace falta m¨¢s que una ley para que el sector mejore, aunque alab¨® el avance: ¡°Es un paso hacia delante tras a?os de reivindicaciones¡±. En esto coincidieron las organizaciones agrarias: ¡°Es una conquista hist¨®rica de las manifestaciones¡±, concluyeron este martes tras reunirse durante m¨¢s de tres horas con Planas. Pese a ello, demandaron al Ejecutivo un plan de choque para contrarrestar la subida de los costes.

Pese a las buenas intenciones, existen dudas sobre la efectividad de la norma, que emite se?ales contradictorias. Por un lado, el Gobierno anunci¨® la prohibici¨®n de la venta a p¨¦rdidas (algo que ya estaba prohibido) y mayor transparencia en la formaci¨®n de precios para que no se pueda pagar por debajo de los costes. Y por otro, Planas reconoci¨® que los costes de producci¨®n se determinar¨¢n entre comprador y vendedor. Es decir, el efecto que tendr¨¢ la reforma depender¨¢ del mercado.

Sobre la venta a p¨¦rdidas, el ministro dijo que su intenci¨®n es acabar con la destrucci¨®n de valor de los productos en toda la cadena. ¡°Nunca un bien se podr¨¢ vender por debajo de lo que ha costado¡±, dijo. Aunque habr¨¢ una excepci¨®n con el vendedor final de productos perecederos al tratarse de materiales con fecha de caducidad.

El decreto proh¨ªbe asimismo las promociones en las que el Gobierno entiende que se deval¨²a el valor de los productos. Planas puso como ejemplo ofertas comerciales en las que se regala aceite de oliva virgen extra por la compra de otros productos. El texto indica que no se podr¨¢n realizar acciones que induzcan a error sobre el precio de los productos, a lo que a?ade: ¡°En ning¨²n caso podr¨¢ repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su pol¨ªtica comercial en materia de precios ofertados al p¨²blico¡±.

Pese a esta idea, que se entiende como un intento de control de precios total, Planas insisti¨® en que el Gobierno respetar¨¢ las decisiones comerciales. ¡°Espa?a no es una econom¨ªa planificada¡±, dijo. De esta forma, el efecto de este apartado queda tambi¨¦n a expensas del mercado.

Difusi¨®n de los infractores

Una medida de presi¨®n para obligar al cumplimiento de la norma es la difusi¨®n de las empresas infractoras. ¡°La Administraci¨®n p¨²blica competente para la imposici¨®n de sanciones publicar¨¢ de forma peri¨®dica las resoluciones sancionadoras impuestas por infracciones graves y muy graves¡±, recoge el borrador. Tambi¨¦n habr¨¢ sanciones econ¨®micas, aunque estas son las recogidas en las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de agosto de 2013. Estas contemplan multas de hasta 3.000 euros para las leves, hasta los 100.000 euros para las graves y hasta un mill¨®n de euros para las muy graves.

La nueva sanci¨®n afectar¨¢ por tanto solo a la reputaci¨®n de los compradores de las materias en origen. Estos suelen ser distribuidores o intermediarios, por lo que su se?alamiento p¨²blico no repercutir¨¢ directamente en la decisi¨®n de compra de los consumidores.

El texto recoge otras normas, como la relativa a la tributaci¨®n de los j¨®venes agricultores que se incorporen a la actividad productiva. Hasta ahora, las ayudas p¨²blicas a los nuevos productores se ten¨ªan que imputar en una sola vez. Pero con la reforma se podr¨¢ hacer en cuatro ejercicios fiscales, en un intento de impulsar la entrada de trabajadores.