Los contratos agrarios tendr¨¢n que incluir los costes de producci¨®n

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificaci¨®n de la ley de la cadena alimentaria con la que intenta rebajar la tensi¨®n de la crisis agraria. Y lo hace dando respuesta a una de las grandes reivindicaciones del campo, que reclama tener unos precios justos. ¡°Se van a incluir los costes de producci¨®n en los contratos entre agricultores y ganaderos y la industria y la distribuci¨®n¡±, ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Estos costes incluyen semillas, salarios a empleados y maquinaria, entre otros, que "se han incrementado en los ¨²ltimos tiempos", ha explicado Planas.

Esta medida pretende equilibrar la relaci¨®n entre las partes. ¡°El precio de venta no podr¨¢ ser inferior a los costes de producci¨®n. De esta forma, reforzamos la posici¨®n negociadora de los productores¡±, ha insistido Planas. Sin embargo, a falta de la publicaci¨®n del decreto en el BOE, parece que la medida se acerca m¨¢s a una recomendaci¨®n que a una prohibici¨®n expresa y uno de sus primeros objetivos es que se generalice el uso de contratos escritos. El ministerio ha encargado al observatorio de la cadena un estudio sobre los costes en los sectores para dar referencias a los productores, aunque Planas ha insistido despu¨¦s de la rueda de prensa en que el ministerio no desempe?ar¨¢ un papel arbitral: "Son las partes las que tendr¨¢n que decidir".

Hasta el momento hay varias lagunas sobre la efectividad de la norma. Por una parte, como ha asegurado el ministro, los costes de producci¨®n los determinar¨¢n libremente entre comprador y vendedor. Por tanto, depender¨¢ de la capacidad de negociaci¨®n de las partes. Para dotar de una referencia a los productores, se publicar¨¢n unos ¨ªndices oficiales con los costes por sectores, aunque no ser¨¢n de obligado cumplimiento. As¨ª, el m¨ªnimo al que se podr¨¢n comprar los productos ser¨¢ una parte m¨¢s de la negociaci¨®n entre las partes.

Adem¨¢s, sobre las sanciones que acarrear¨ªa el no cumplimiento de este m¨ªnimo a pagar por la ley de la cadena alimentaria, Planas ha dicho que la ausencia de contratos escritos ser¨¢ una falta grave: ¡°Las faltas graves y muy graves ser¨¢n efecto de difusi¨®n de los que no cumplan¡±. Por tanto, la sanci¨®n que ha detallado es simplemente una medida disuasoria, ya que solo afectar¨¢ a la reputaci¨®n de los compradores de las materias de agricultores y ganaderos. Estos, en muchos casos, se tratan de distribuidores, por lo que su se?alamiento p¨²blico tampoco repercutir¨¢ directamente en la decisi¨®n de compra de los consumidores, al tratarse de un intermediario.

Las sanciones econ¨®micas que tendr¨¢n que hacer frente los incumplidores son las ya recogidas desde agosto de 2013 entre las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Estas recogen multas de hasta 3.000 euros para las leves, hasta los 100.000 euros para las graves y hasta un mill¨®n de euros para las muy graves.

Incremento de precios

Sobre la posibilidad de que al final estas medidas provoquen un aumento del precio final y no un reequilibrio entre las partes, el ministro ha defendido que cree que esto no va a ocurrir. ¡°Si todos asumen su responsabilidad los precios no tendr¨ªan que incrementarse¡±, ha afirmado Planas. De esta forma, el Ejecutivo se pone en manos del mercado y espera que los operadores act¨²en de forma que se reequilibre sin repercutirlo en el precio final.

En cuanto a la venta a p¨¦rdidas, algo que no se permit¨ªa previamente, el ministro ha detallado que la reforma busca que se acabe con la destrucci¨®n de valor de los productos. ¡°Nunca un bien se podr¨¢ vender por debajo de lo que ha costado producirlo¡±, ha dicho. Aunque existir¨¢ una excepci¨®n para el vendedor final de productos perecederos que est¨¦n pr¨®ximos a su caducidad "para evitar el despilfarro alimentario". Una excepci¨®n que depende en parte, seg¨²n ha reconocido Planas, de una sentencia europea que no lo permite.

Asimismo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros proh¨ªbe las ofertas en las que se deval¨²e el valor de productos. Sobre este punto, Planas ha colocado como ejemplo ofertas comerciales de grandes cadenas en las que se ¡°regala¡± aceite de oliva virgen extra por la compra de otros productos, como detergente. Pese a este posicionamiento, tras la rueda de prensa ha insistido en que el Gobierno respeta las decisiones comerciales de cada cadena, por lo que en este punto tambi¨¦n queda a expensas de las pol¨ªticas comerciales de cada establecimiento. Aunque falta por ver c¨®mo se detallan las sanciones y la posibilidad de que con la reincidencia aumente y tenga un efecto disuasorio.

El texto recoge otras normas, como la relativa a la tributaci¨®n de los j¨®venes agricultores que se incorporen a la actividad productiva. Hasta ahora, esta tributaci¨®n se ten¨ªa que realizar en una sola vez, mientras que a partir de ahora se podr¨¢ hacer en cuatro ejercicios fiscales. As¨ª, el ministerio pretende ayudar a la entrada de nuevos trabajadores al sector.

En materia de Trabajo, el Gobierno ha reducido el n¨²mero de peonadas (de 35 a 20) que tienen que hacer los trabajadores para tener acceso al subsidio agrario. Una medida que se incluye tras la constataci¨®n de un descenso de la producci¨®n en el pasado a?o y de las dificultades que han a?adido los aranceles impuestos por EE UU. Tambi¨¦n habr¨¢ una bonificaci¨®n a los contratos temporales que pasen a ser fijos discontinuos o indefinidos. Y se modificar¨¢ la ley de Inspecci¨®n de Trabajo para poder supervisar los alojamientos que los empleadores ofrecen como parte del salario a sus trabajadores.