El fin de la pesadilla en las huelgas

A Lola Villalba el miedo por entrar en la c¨¢rcel le lleg¨® conforme se acercaba el juicio. El fiscal ped¨ªa para ella y otro compa?ero de lucha sindical tres a?os y medio por un altercado en un piquete informativo del que formaba parte en la puerta de un bar en M¨¢laga durante la huelga general de noviembre de 2012. La acusaci¨®n se hac¨ªa a partir del 315.3 del C¨®digo Penal, art¨ªculo que el Senado derog¨® la semana pasada y que castigaba a ¡°quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga¡±. ¡°Me llev¨¦ una inmensa alegr¨ªa y una satisfacci¨®n¡±, celebra Villalba, secretaria general de la federaci¨®n de Servicios de CC OO en M¨¢laga, que sali¨® absuelta en el juicio.

Aunque este delito se cre¨® en 1976, los tribunales apenas hab¨ªan recurrido a ¨¦l antes de la d¨¦cada pasada, cuando llegaron las reformas laborales y los recortes. A partir de entonces, seg¨²n UGT y CC OO, se aplic¨® a unas 270 personas, aunque no todas han sido procesadas.

El caso m¨¢s sonado fue el de Los Ocho de Airbus. Enrique Gil es uno de ellos. Su caso arranc¨® cuando en la huelga general de 2010 la tensi¨®n explot¨® a la entrada de la factor¨ªa de aviones en Getafe. Ese d¨ªa, un polic¨ªa incluso dispar¨® al aire. Gil, como sus siete compa?eros, fue absuelto: ¡°El proceso fue largo y nos sometieron a pena de banquillo. Todo el proceso lo llev¨¦ muy bien y luego, con la sentencia exculpatoria, me llev¨¦ un shock emocional. Estuve tres semanas con insomnio¡±, a?ade.

El cambio legal aprobado no supone que los delitos de coacciones vayan a quedar impunes, recuerda Ignacio Gonz¨¢lez Vega, magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid. ¡°Era una anomal¨ªa que existiera. Parec¨ªa que hac¨ªa especial alusi¨®n a los piquetes informativos¡±, explica el juez. ¡°Ya hay un delito de coacciones. No entiendo por qu¨¦ tiene que haber ese delito cuando hay un tipo b¨¢sico¡±, a?ade. La catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Rosario de Vicente abunda en que los delitos de coacciones no quedan impunes, incluso se?ala que la pena a aplicar podr¨ªa ser mayor seg¨²n la interpretaci¨®n que hagan los jueces. El magistrado Gonz¨¢lez Vega lo descarta porque, dice, el agravante que se aplica en los delitos de coacci¨®n se da cuando se ejerce contra un derecho fundamental y el derecho al trabajo no lo es. ¡°S¨ª lo es, en cambio, el derecho de huelga¡±, explica.

Multa de 800 euros

La inmensa mayor¨ªa de los condenados por este art¨ªculo no entr¨® jam¨¢s en la c¨¢rcel, aunque s¨ª hubo alguna breve estancia entre rejas. En 2014, el estudiante de Medicina y activista del 15-M Carlos Cano ingres¨® en prisi¨®n tras ser condenado a tres a?os y un d¨ªa por su participaci¨®n como piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. A los ocho d¨ªas, la Audiencia Provincial de Granada orden¨® su puesta en libertad.

El caso en el que estuvo implicado Rub¨¦n Ranz, de UGT, tuvo otro final. Su proceso fue bautizado en los medios como el de Los dos de Lealtad, porque los hechos ocurrieron a las puertas de un bar en la plaza madrile?a del mismo nombre, donde est¨¢ la Bolsa. Ranz, ahora uno de los sindicalistas de UGT que trata de organizar a los trabajadores de las plataformas digitales, fue condenado. ¡°Al principio me pidieron siete a?os¡±, recuerda. No solo le aplicaban el 315.3, tambi¨¦n le acusaban de agresi¨®n a un polic¨ªa y un camarero.

Finalmente, todo qued¨® en una multa de 800 euros. ¡°El d¨ªa de la derogaci¨®n del art¨ªculo, en el Senado, recordaba el d¨ªa de la detenci¨®n¡±, asegura. ?l ha sido uno de los sindicalistas m¨¢s implicados en la campa?a que las centrales desplegaron para abolir el art¨ªculo: ¡°Desde que me detuvieron, he estado muy involucrado. Era un objetivo algo ut¨®pico, pero al final lo hemos conseguido¡±.

Para los hist¨®ricos abogados Manuel de la Rocha, de UGT, y Enrique Lillo, de CC OO, que han defendido a varios acusados, el problema del art¨ªculo era que ¡°criminalizaba¡± a los piquetes y, por extensi¨®n, el derecho de huelga por la labor informativa de estos grupos, aunque en ocasiones se llegue a situaciones tensas. ¡°Si un miembro del piquete hace algo, habr¨¢ que individualizar el acto, pero no tiene que estar bajo sospecha todo el piquete o quien participe en ¨¦l¡±, apunta Lillo. De Vicente a?ade: ¡°Este precepto se incluye para criminalizar al piquete, cuya labor es convencer¡±. Ella, como los letrados, recuerda que hasta 2010 se hab¨ªa recurrido muy poco a ¨¦l: ¡°Entonces los tribunales empiezan a usarlo¡­ y a abusar¡±.

Aunque s¨ª hay algunos casos anteriores. Uno es el de Seraf¨ªn Rodr¨ªguez, ch¨®fer de autobuses de Vigo, que fue procesado en 2008. Este afiliado a la Central Intersindical Galega (CIG) explica que cuando lleg¨® a la concentraci¨®n un polic¨ªa se le acerc¨® y le pidi¨® que se identificara. ¡°Me dijo que me vio tirar una piedra. No lo hice. Era su palabra contra la m¨ªa¡±, apunta. Fue condenado a tres a?os de c¨¢rcel junto con otro compa?ero de UGT, aunque finalmente no los cumpli¨® al recibir un indulto parcial. ¡°Tuvimos el apoyo de los sindicatos, del Ayuntamiento de Vigo, de la Xunta¡­ por todos lados¡±, explica. La derogaci¨®n en el Senado del 315.3 fue un motivo de alegr¨ªa. ¡°Para que no le pase a nadie m¨¢s¡±, describe mientras recuerda los 10 a?os que pas¨® y que sigue tomando ansiol¨ªticos.