Hacia un visado clim¨¢tico europeo

A partir del principio de ¡®responsabilidades comunes pero diferenciadas¡¯, una de las piedras angulares del r¨¦gimen internacional del cambio clim¨¢tico, podemos entender y aplicar la siguiente m¨¢xima: la Uni¨®n Europea tiene la obligaci¨®n de brindar un mayor apoyo a la mitigaci¨®n y adaptaci¨®n clim¨¢tica, as¨ª como a la protecci¨®n de aquellas poblaciones m¨¢s expuestas y vulnerables de los pa¨ªses del Sur global, ante los crecientes impactos del cambio clim¨¢tico. El informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo titulado ¡®El impacto del cambio clim¨¢tico en la poblaci¨®n vulnerable en los pa¨ªses en desarrollo¡¯, reconoce esa responsabilidad por parte de la Uni¨®n Europea, e incide en la necesidad de reforzar sustancialmente la contribuci¨®n europea para proteger a esas poblaciones.

El apoyo econ¨®mico-financiero se expresa en este informe mediante la disposici¨®n de una reserva econ¨®mica para los pa¨ªses m¨¢s afectados por la crisis clim¨¢tica a trav¨¦s de la nueva herramienta de pol¨ªtica exterior de la Uni¨®n Europea, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperaci¨®n Internacional (NDICI). Igualmente, se considera proporcionar financiaci¨®n para la mitigaci¨®n, adaptaci¨®n y reducci¨®n del riesgo de desastres y las p¨¦rdidas y da?os asociados al cambio clim¨¢tico.

Este soporte econ¨®mico, pero tambi¨¦n de medios humanos y materiales, pretende mejorar las herramientas de respuesta r¨¢pida para prevenir y gestionar las crisis relacionadas con el clima, y aumentar la resiliencia de la poblaci¨®n mediante la reducci¨®n de las vulnerabilidades generales -causadas por la pobreza, la desigualdad o la falta de protecci¨®n social- y las espec¨ªficas del cambio clim¨¢tico, como la p¨¦rdida de vivienda y medios de vida. Pero ese compromiso tambi¨¦n debe plasmarse en unos acuerdos ¨¦ticos que se traduzcan en un ordenamiento jur¨ªdico expl¨ªcito, que proteja a esas poblaciones que han de trasladarse ante las condiciones adversas de un clima cambiante.

Hablamos, concretamente, de la propuesta de un ¡®visado clim¨¢tico¡¯ como medida de protecci¨®n para las v¨ªctimas de desastres y de otros impactos del calentamiento global, para las personas que ven c¨®mo se destruyen sus medios de vida y se ven obligadas a abandonar sus hogares. Desde la Comisi¨®n y los Estados miembros se debe plantear un debate que permita considerar el riesgo para la vida que supone la amenaza del cambio clim¨¢tico, como criterio de elegibilidad para la protecci¨®n humanitaria.

Los visados clim¨¢ticos deber¨ªan permitir una migraci¨®n temprana, planificada y voluntaria desde las regiones m¨¢s afectadas por los impactos clim¨¢ticos hacia regiones menos peligrosas. Desde hace a?os vienen funcionando acuerdos laborales (no clim¨¢ticos) entre peque?os estados insulares de escasa elevaci¨®n y Nueva Zelanda y Australia, que permiten que trabajadores cualificados migren cada a?o de manera regular y ordenada. Estas experiencias, considerando los resultados positivos que est¨¢n alcanzando, podr¨ªan servir de ejemplo para la Uni¨®n Europea. No obstante, para atender realmente las necesidades de las personas migrantes clim¨¢ticas, los visados clim¨¢ticos deben incluir igualmente a las personas vulnerables a nivel social, cultural y econ¨®mico, como las enfermas y las ancianas, las ni?as y los ni?os, o la situaci¨®n de las mujeres, especialmente afectadas en contextos de migraci¨®n clim¨¢tica.

Ya existen precedentes que no solo invitan a abordar esta cuesti¨®n, sino que explican la urgencia de hacerlo. En 2013, un ciudadano de Kiribati solicit¨® asilo a Nueva Zelanda alegando que su vida corr¨ªa peligro por el hacinamiento y la falta de agua como consecuencia del cambio clim¨¢tico. Su solicitud fue rechazada en 2015, por lo que tiempo despu¨¦s fue deportado a Kiribati. Tras haber agotado las v¨ªas internas, elev¨® el caso al Comit¨¦ de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, si bien no revoc¨® la respuesta de los tribunales neozelandeses, subray¨® que, en el futuro, cabe la posibilidad de que pueda aplicarse el principio de no devoluci¨®n. Es decir, no se podr¨¢ devolver a una persona a un pa¨ªs en el que su derecho a la vida corra peligro por las consecuencias del cambio clim¨¢tico.

Por su parte, en Francia, los tribunales han rechazado recientemente la deportaci¨®n de un ciudadano de Bangladesh que ha alegado problemas respiratorios debido a la cr¨®nica contaminaci¨®n del aire que sufre su pa¨ªs. Ya existen experiencias de respuesta globales, como el Equipo de Tareas sobre Desplazamientos del Mecanismo Internacional de Varsovia, dentro de la Convenci¨®n Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Clim¨¢tico (CMNUCC), o la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD), que pretende brindar una mejor protecci¨®n a personas desplazadas a trav¨¦s de fronteras en el contexto de desastres y cambio clim¨¢tico.

Sin embargo, cada vez se hace m¨¢s necesario el desarrollo, la implementaci¨®n y la integraci¨®n de medidas adicionales para proteger a las personas migrantes clim¨¢ticas. Pensemos en reunir todas las iniciativas existentes bajo un paraguas global, coordinado, solidario y eficaz, que nos permita atender la gravedad de la situaci¨®n y dar una respuesta lo m¨¢s amplia posible que garantice la protecci¨®n de los derechos humanos de las personas afectadas durante el proceso migratorio. En este sentido, el concepto de ¡®visado clim¨¢tico¡¯ no debe entenderse como una concesi¨®n compasiva por parte de la Uni¨®n Europea a las poblaciones m¨¢s vulnerables al cambio clim¨¢tico, sino como un elemento fundamental en la cooperaci¨®n que se debe establecer para hacer frente a un problema global de injusticia clim¨¢tica.

Ha llegado el momento de reiterar la posici¨®n de la Uni¨®n Europea como actor global, m¨¢s all¨¢ de ser una potencia normativa, y asumir el compromiso que debe tener en cuanto a su acci¨®n clim¨¢tica

Esto implicar¨ªa integrar cuestiones m¨¢s all¨¢ de la necesaria protecci¨®n jur¨ªdica. Hablamos de trabajar por recuperar los territorios de origen de las personas migrantes, optimizando los beneficios de la migraci¨®n laboral o la migraci¨®n circular; invirtiendo en la formaci¨®n y mejora de habilidades de las personas migrantes, ya que su experiencia retornar¨¢ positivamente tanto a los pa¨ªses de destino como en el caso del retorno de esos trabajadores y trabajadoras a sus lugares de origen; o facilitando los flujos de remesas como medio de implementaci¨®n de los esfuerzos de desarrollo y adaptaci¨®n en las regiones de origen que son particularmente vulnerables a los desastres y al cambio clim¨¢tico.

De fondo, lo que se plantea es cu¨¢l va a ser nuestra respuesta ante el desaf¨ªo de las migraciones clim¨¢ticas. Si queremos profundizar en el conocimiento, la comprensi¨®n y las respuestas a este problema, construyendo experiencias desde la solidaridad, o nos queremos atar al limitado y falaz argumento de la securitizaci¨®n de nuestras fronteras, cuando sabemos que el cambio clim¨¢tico no conoce de l¨ªmites geogr¨¢ficos. Una vez han sido aprobadas las enmiendas en la Comisi¨®n de Desarrollo del Parlamento Europeo, este informe de propia iniciativa tiene el camino abierto para ser aprobado en el pleno del Parlamento Europeo durante esta primavera. Estamos ante una oportunidad hist¨®rica de situar a las poblaciones m¨¢s vulnerables en el centro de la acci¨®n humanitaria, pero tambi¨¦n, de continuar desarrollando la dimensi¨®n exterior del pacto. Verde Europeo.

En definitiva, ha llegado el momento de reiterar la posici¨®n de la Uni¨®n Europea como actor global, m¨¢s all¨¢ de ser una potencia normativa, y asumir el compromiso que debe tener en cuanto a su acci¨®n clim¨¢tica y su responsabilidad con los pa¨ªses y las poblaciones que m¨¢s sufren los impactos del cambio clim¨¢tico.

* M¨®nica Silvana Gonz¨¢lez es diputada en el Parlamento Europeo por la Alianza Progresista de Socialistas y Dem¨®cratas; Jes¨²s Marcos Gamero es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid en Retos Medioambientales Globales e investigador de la Fundaci¨®n Alternativas; Beatriz Felipe es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT).