La ayuda al seguro de impago de alquiler se limitar¨¢ a pisos de hasta 600 euros
El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 intentar¨¢ impulsar el mercado de arrendamientos y aumentar el parque p¨²blico de viviendas
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Seg¨²n el real decreto que lo regula, al que ha tenido acceso EL PA?S y en el que tambi¨¦n se pone en marcha el Bono Alquiler Joven, el nuevo plan cuenta con hasta 13 programas diferentes de ayudas a inquilinos, propietarios y Administraciones P¨²blicas con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la vivienda y de aumentar los parques p¨²blico y social de alquileres. Entre ello...
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Seg¨²n el real decreto que lo regula, al que ha tenido acceso EL PA?S y en el que tambi¨¦n se pone en marcha el Bono Alquiler Joven, el nuevo plan cuenta con hasta 13 programas diferentes de ayudas a inquilinos, propietarios y Administraciones P¨²blicas con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la vivienda y de aumentar los parques p¨²blico y social de alquileres. Entre ellos se encuentran las subvenciones para pagar el seguro de impago de alquileres, que finalmente se ver¨¢n limitadas a pisos cuya renta mensual no exceda de 600 euros.
Se trata de una medida que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel S¨¢nchez, anunci¨® el pasado noviembre y que entonces se vincul¨® a los inquilinos m¨¢s j¨®venes. La normativa b¨¢sica que lo regula (como el resto del plan, su puesta en marcha depender¨¢ de las comunidades aut¨®nomas, que tienen las competencias en vivienda transferidas) no establece, sin embargo, ninguna limitaci¨®n de edad.
En concreto, el real decreto se?ala que pueden optar a la subvenci¨®n todas las personas mayores de 18 a?os. Lo que s¨ª se contempla son otros condicionantes relativos a la capacidad econ¨®mica de los inquilinos: en concreto, la ayuda se limita a hogares cuya renta anual no supere tres veces el IPREM, lo que equivale a 24.318,84 euros. En funci¨®n de algunas circunstancias, como que haya personas con discapacidad o v¨ªctimas de terrorismo en el n¨²cleo familiar, ese l¨ªmite puede elevarse hasta cinco veces el IPREM (40.531,40 euros).
Como sucede en pr¨¢cticamente todas las ayudas estatales en materia de vivienda, ser¨¢ condici¨®n indispensable que el inmueble sobre el que se realiza el seguro de impago constituya el domicilio habitual. El arrendatario no podr¨¢ ser propietario de alguna vivienda en Espa?a (salvo en algunos supuestos) ni tener relaci¨®n de parentesco con el arrendador. A eso se a?ade un tope de precio de alquiler de 600 euros al mes, o de 300 euros si lo que se alquila no es un piso, sino una habitaci¨®n suelta. Como en otras medidas recogidas en el real decreto, se?alan en Transportes, existir¨¢ la posibilidad de elevar ese l¨ªmite a 900 euros si una comunidad aut¨®noma lo pide y as¨ª se acuerda en la comisi¨®n de seguimiento.
La ayuda para pagar el seguro de impago se podr¨¢ conceder tanto al arrendador como al arrendatario. La intenci¨®n del Gobierno es que las Administraciones P¨²blicas tambi¨¦n puedan figurar como tomadoras del seguro, aunque lo habitual es que este sea el casero. La subvenci¨®n podr¨¢ cubrir toda la prima anual de la p¨®liza, con un tope del 5% sobre la renta anual que debe satisfacer el inquilino. Es decir, si una casa vale 600 euros al mes, la ayuda ser¨ªa de hasta 360 euros (el 5% de 7.200 euros, que es lo que se pagar¨ªa por ese inmueble en un a?o). En principio es un l¨ªmite que encaja con los precios de este tipo de seguros. Cuesti¨®n diferente es si las aseguradoras se animar¨¢n a cubrir a inquilinos de bajos ingresos y, por tanto, con un perfil de riesgo de impago m¨¢s acusado. ¡°Lo que nos est¨¢ llegando es que las aseguradoras est¨¢n interesadas¡±, afirman fuentes del Ministerio de Transportes.
La ministra S¨¢nchez ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida ¡°va a servir para que el propietario tenga la garant¨ªa del cobro de las rentas¡±. El Ejecutivo, ha a?adido, pretende aportar ¡°seguridad al propietario¡± fomentando un seguro que tambi¨¦n ¡°alivia al inquilino¡± ante situaciones de incertidumbre. La prima se suscribir¨¢ por un plazo de 12 meses (es decir, se garantizar¨¢ el pago del alquiler durante un a?o). La ayuda podr¨¢ renovarse en plazos anuales mientras dure el plan estatal, lo que en principio est¨¢ previsto hasta 2025.
Ayudas a la compra en municipios peque?os
Durante ese periodo, el plan prolongar¨¢ algunas de las medidas que ya estaban en vigor en planes anteriores, aunque con una dotaci¨®n superior seg¨²n ha destacado la ministra de Transportes, que ha cifrado la inversi¨®n total hasta 2025 en m¨¢s de 1.700 millones. Las fuentes de su departamento precisan que el presupuesto de este a?o se reservan 345 millones. En estos se incluyen nuevas l¨ªneas de actuaci¨®n: el programa destinado a los j¨®venes, por ejemplo, a?ade a las ayudas al alquiler (que ser¨¢n compatibles con el bono), la posibilidad de obtener una subvenci¨®n de hasta 10.800 euros por la compra de vivienda habitual en municipios con menos de 10.000 habitantes.
Adem¨¢s, un 10% de la financiaci¨®n comprometida por Transportes con las comunidades (el plan se financia b¨¢sicamente con fondos estatales y lo gestionan los territorios, que deben a?adir otros fondos propios) deber¨¢ destinarse al programa para aumentar el parque p¨²blico de viviendas. Este subvenciona la adquisici¨®n de casas por parte de las Administraciones o entidades dedicadas al alquiler social con hasta un 60% del importe de la vivienda. A cambio, el inmueble adquirido debe arrendarse a hogares de bajos ingresos por un precio no superior a 5 euros por metro cuadrado (que se ir¨¢ actualizando anualmente conforme al IPC).
Otro 10% de los fondos deben reservarse a programas para poner en alquiler vivienda cedidas por la Sareb (el denominado banco malo) o captadas mediante programas para poner en mercado inmuebles vac¨ªos. Estas ayudas servir¨¢n para subsidiar mensualmente el arrendamiento de esas casas, que deben ofrecerse en alquiler asequible por un tope variable de entre 350 y 400 euros.
El desarrollo y gesti¨®n de estas medidas depende de las comunidades, que en comisiones bilaterales con el ministerio pueden justificar que no las necesitan en atenci¨®n a la realidad del mercado inmobiliario en su territorio. Lo que ser¨¢ ineludible, porque el plan lo declara prioritario, es desarrollar el programa de viviendas para v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero e inquilinos vulnerables que son desahuciados. El plan recoge la obligatoriedad de proveer a quienes se encuentren en estas situaciones con ¡°una vivienda de titularidad p¨²blica o privada¡±. Para estas ¨²ltimas, se podr¨¢ ayudar a pagar hasta el 100% de la renta (con un l¨ªmite de 900 euros mensuales). Y cuando no haya otra soluci¨®n, se podr¨¢ recurrir a otro tipo de dotaciones residenciales (como albergues o pisos de acogida compartidos), pero el plan especifica que ¡°se procurar¨¢ que nadie viva en viviendas o soluciones habitacionales de emergencia o de transici¨®n m¨¢s tiempo del necesario¡±.