El Poder Judicial se rebela contra la ley de vivienda, un proyecto estrella de la coalici¨®n
El Gobierno, indignado, retrasa la aprobaci¨®n pero prev¨¦ mantener el texto pactado
Nueva batalla pol¨ªtica entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caduc¨® hace m¨¢s de tres a?os. Esta vez el centro de la pol¨¦mica es la ley de vivienda, una norma estrella de la coalici¨®n, que fue b¨¢sica para pactar los Presupuestos, y que el Gobierno ten¨ªa previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros.
La ley sufrir¨¢ un nuevo retraso de varias semanas porque el CGPJ, dominado por una amplia mayor¨ªa conservadora, rechaz¨® este viernes por 15 votos a 6 el informe presentado sobre este anteproyecto, que avalaba la iniciativa del Gobierno al considerarla ajustada a la Constituci¨®n, aunque con numerosas cr¨ªticas por las imprecisiones e imprevisiones del texto.
Frente a esta tesis, que defend¨ªa el ponente, el progresista ?lvaro Cuesta, se impuso una enmienda global a la propuesta del Ejecutivo, al estimar la mayor¨ªa del ¨®rgano de gobierno de los jueces que el anteproyecto supone ¡°un mensaje que no es admisible en t¨¦rminos constitucionales¡±, porque invade las competencias de las comunidades aut¨®nomas en la materia.
El Gobierno se indign¨® ante la decisi¨®n del CGPJ, con el que ha tenido varias tensiones en los ¨²ltimos meses. El Ejecutivo, en fuentes del ministerio de Transportes, m¨¢ximo responsable de la norma, dijo que ¡°respeta¡± la decisi¨®n pero ¡°lamenta el retraso de la tramitaci¨®n de una norma que garantizar derechos y aporta soluciones a los problemas habitacionales de muchos espa?oles¡±. El Gobierno recuerda que ¡°el informe se solicit¨® el 1 de diciembre, por tr¨¢mite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 d¨ªas¡±. Esto es, el informe ya iba con mucho retraso y ahora tendr¨¢ a¨²n m¨¢s. Pero el Ejecutivo, en estas fuentes, ya deja claras sus intenciones pol¨ªticas con una frase: ¡°el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante¡±.
El Gobierno esperar¨¢ ahora al nuevo texto que se aprobar¨¢ en un pleno previsto el d¨ªa 27, sin duda mucho m¨¢s duro con la norma, pero su intenci¨®n pol¨ªtica es la de mantener la ley tal como estaba lista para el Consejo de Ministros de este martes. El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para esta norma cost¨® mucho y ahora todos estaban satisfechos internamente con la redacci¨®n.
La norma, que ahora se retrasa a febrero, ir¨¢ luego al Congreso y ah¨ª se discutir¨¢. ¡°Las leyes a¨²n las hace el poder legislativo, aunque pese a algunos¡±, se?alaba molesto un miembro del Ejecutivo en referencia a que es el Congreso el que debe enmendar una norma como esta y no el CGPJ.
El Gobierno asegur¨® que ¡°esta ley ser¨¢ una realidad que llegar¨¢ pronto al Parlamento para su aprobaci¨®n definitiva y que contar¨¢ con todas las garant¨ªas y plena seguridad jur¨ªdica¡±.
El progresista Cuesta qued¨® desplazado como ponente y el nuevo informe ser¨¢ realizado por Enrique Lucas y Jos¨¦ Antonio Ballestero, designados a propuesta del PNV y del PP, respectivamente. El principal motivo de la supuesta vulneraci¨®n de la Constituci¨®n que entra?an los planes del Gobierno reside ¨Cseg¨²n la tesis mayoritaria del Consejo¡ª en que m¨¢s que asegurar el derecho a la vivienda lo que pretende el anteproyecto analizado es ¡°uniformizar (¡) de forma exhaustiva, la regulaci¨®n auton¨®mica¡± en esta materia.
El informe de Cuesta recibi¨® el apoyo del n¨²cleo duro sector progresista. Seg¨²n Cuesta ¡ªque cont¨® para su dictamen con la colaboraci¨®n del gabinete t¨¦cnico del Consejo¡ª, la votaci¨®n registrada indica que ¡°lo que se ha cuestionado no es el informe sobre la ley, sino la ley en s¨ª misma¡±.
Lucas consigui¨® el apoyo mayoritario a un informe alternativo ¡ªal que EL PA?S ha tenido acceso¡ª en el que se sostiene que el Consejo del Poder Judicial ¡°no ha terminado de asumir la realidad del Estado auton¨®mico¡±. As¨ª se explica ¡ªa?ade¡ª que el informe propuesto avale la iniciativa del Gobierno, para lo que ¡°se contenta¡± con aludir ¡°a los t¨ªtulos competenciales de los que dispone el Estado para incidir sobre la vivienda¡±, cuando se trata de una materia que la Constituci¨®n ¡°atribuye a las comunidades aut¨®nomas¡±.
Adem¨¢s, ¡°mezcla constantemente la vertiente jur¨ªdico-p¨²blica con la que es propia de las relaciones inter privatos distorsionando las categor¨ªas jur¨ªdicas que establece nuestro ordenamiento civil¡±. El texto alternativo aprobado por el Consejo tambi¨¦n subraya que ¡°el anteproyecto introduce una disciplina agotadora de las facultades y las obligaciones de los propietarios de viviendas en la que, llamativamente, son mayor¨ªa los de car¨¢cter p¨²blico administrativo, ¨¢mbito en el que se mueven las atribuciones de las comunidades aut¨®nomas¡±. Tambi¨¦n afirma que el anteproyecto persigue ¡°imponer un modelo de intensa intervenci¨®n p¨²blica en la vivienda que hace irreconocible la configuraci¨®n del derecho de propiedad que contiene la vigente legislaci¨®n civil¡±. El anteproyecto, en suma, deja a juicio de la mayor¨ªa del Consejo ¡°un panorama poco alentador¡±.
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