Agobiados por el alquiler: los desahucios por impago suben un 10% en el segundo semestre

A punto de acabar septiembre, Madrid huele a mochila nueva, o a recuperaci¨®n en versi¨®n pandemia. Los contagios remiten, las restricciones en el ocio tambi¨¦n, y hasta el miedo a besarse parece que es menor. Los problemas de vivienda, sin embargo, crecen. Los desahucios por impago de alquiler ya son un 10% m¨¢s que en el primer trimestre, seg¨²n los registros de actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicados el pasado mi¨¦rcoles. Una cifra inaudita teniendo en cuenta que sigue en vigor hasta el 31 de octubre el decreto nacional de suspensi¨®n de desahucios, que los frenaba para proteger a los m¨¢s vulnerables tras la crisis del coronavirus. En la comunidad se han ejecutado ya 1.777 en lo que va de a?o. Tambi¨¦n han subido los desahucios hipotecarios, ya son 320: de enero a marzo, 142 familias perdieron la posesi¨®n de su vivienda, mientras que de abril a junio fueron 180.

Antes de la pandemia, en 2019, hubo 2.696 desahucios por impago de alquiler, seg¨²n el CGPJ. Es decir, en lo que va de a?o ¡ªy pese al decreto de protecci¨®n¡ª se han desalojado ya al 65% de esa cantidad. Esto ocurre porque el decreto de suspensi¨®n no paraliza los procesos judiciales. Solo es una opci¨®n m¨¢s que tiene el juez y depende de cada juzgado el pedir un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales de las familias que no pueden pagar las rentas y admitirlo, en su caso. Y eso conduce a la paradoja de trimestre de 2021, con 847 desahucios, ha habido m¨¢s que el a?o anterior, sin decreto: 801.

Pero la realidad sobrepasa con mucho a los tribunales. Las estad¨ªsticas no reflejan el verdadero drama de muchas familias, agobiadas por hacer frente al alquiler. Hay propietarios que se saltan la normativa aprovech¨¢ndose de la nacionalidad, situaci¨®n familiar o econ¨®mica de los inquilinos, lo que les impide denunciarles. Otros no respetan los tiempos de los procesos judiciales y contratan empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para el desalojo de la vivienda (conocidas como empresas ¡°desokupas¡±) y que se han duplicado en pandemia en Madrid. Mediante t¨¦cnicas de acoso y amenazas verbales, aceleran procesos de expulsi¨®n que no se ajustan a la ley. Seg¨²n la estad¨ªstica del Ministerio del Interior, m¨¢s de 80 hogares han denunciado pr¨¢cticas de este tipo en la regi¨®n desde el comienzo del estado de alarma por la covid-19.

V¨ªctima del acoso ¡®desokupa¡¯

Una de las personas que no denunci¨®, pero los sufri¨®, fue Rosa Elvira, de 35 a?os. En marzo de 2020 entraban 1.500 euros en su hogar, a partir de dos sueldos: el de su marido Franklin, en la construcci¨®n, y el suyo, de cocinera, ambos sin contrato. Con ellos pagaban los 750 euros de la renta de su piso con un ¨²nico cuarto, en San Sebasti¨¢n de los Reyes, a la inmobiliaria Domo Gestora. En cuanto la familia comenz¨® a tener problemas de liquidez, tras el estallido de la pandemia, la empresa casera contrat¨® a desokupas. El matrimonio, con tres hijos y uno m¨¢s en camino entonces, que ser¨ªa el tercer var¨®n, no pudo acogerse a un ERTE o a prestaciones de desempleo, al ser ambos trabajadores en negro. Se cayeron del sistema.

¡°Fue un tormento¡±, recuerda Rosa. ¡°Viv¨ªamos con miedo, les d¨¢bamos lo que ten¨ªamos, pero no era suficiente y no ten¨ªan piedad¡±. Nunca recibieron la notificaci¨®n por impago de los juzgados, pero s¨ª a los hombres de aspecto aterrador que les hablaban tras la puerta. El primer d¨ªa que llegaron, su hijo menor ya hab¨ªa nacido, y ten¨ªa pocos meses. ¡°Les ped¨ª tiempo, unos d¨ªas, que me dejaran solucionarlo¡±.

Viv¨ªamos con miedo, les d¨¢bamos lo que ten¨ªamos, pero no era suficiente y no ten¨ªan piedad¡±

Rosa Elvira, v¨ªctima de una empresa 'desokupa'

Abandonaron el piso a principios de mayo de este a?o. Hoy ambos trabajan ya de nuevo, aunque con mucha eventualidad, y a la espera de confirmar la regularizaci¨®n que ya les ha sido concedida. ¡°Uno aguanta todo, pero los hijos no tienen por qu¨¦ hacerlo¡±, apunta la madre. Ahora habitan en un piso con dos habitaciones, de un casero amigo de la familia que, seg¨²n explica, entiende su situaci¨®n. Cada mes, poco a poco y con esfuerzo, van pagando los 785 euros de la renta. Es su prioridad para vivir tranquilos.

Un fondo de inversi¨®n como casero

A Raquel Anula, de 46 a?os, el DNI en donde se dice que es espa?ola, le ha permitido pelear de frente y responder a burofaxes sin miedo. Desde oto?o de 2020 sufre el acoso de los due?os actuales del piso en el que vive desde hace d¨¦cadas, en el distrito de Hortaleza. Fue el domicilio de sus padres desde 1972, con un contrato de renta antigua, hasta 2003, cuando ya dentro de la nueva Ley de Arrendamiento Urbano, firm¨® ella como inquilina, haciendo de la vivienda su hogar y el de su hijo. Desde entonces, el encabezamiento de los papeles de su arrendamiento ha cambiado con cada fondo de inversi¨®n que se iba haciendo con el inmueble hasta tres veces, desde 2015 y hoy a manos de inversores particulares.

Entre abril y noviembre de 2020, en lo peor de la covid, tuvo dificultades para abonar los 572 euros mensuales que cuesta su piso, ya que su actividad como gestora laboral se fren¨®. Hoy ya lo ha abonado todo, y piensa seguir pagando hasta marzo de 2022, cuando termina la segunda pr¨®rroga autom¨¢tica derivada del decreto antidesahucios. Su sueldo actual ronda los 900 euros y, con el apoyo de redes familiares y sociales, ha conseguido no deber ni una cuota. Su preocupaci¨®n viene de que, desde hace justo un a?o, en octubre de 2020, recibi¨® una primer aviso de la empresa propietaria en el que le comunicaron que no quer¨ªan renovar el contrato de alquiler, que finalizaba en marzo de 2021. Raquel r¨¢pidamente se acogi¨® a la pr¨®rroga autom¨¢tica de seis meses contemplada en el texto gubernamental, y al extenderse en agosto pasado un semestre m¨¢s su cobertura, volvi¨® a solicitarla por escrito.

A Raquel Anula el estr¨¦s le ha tra¨ªdo problemas en la piel y angustia

La respuesta remite a la literalidad num¨¦rica: ¡°Se le comunica que esta parte entiende que no procede. El mencionado Real Decreto habla de ¡°una¡± pr¨®rroga y de ¡°extraordinaria¡±. Entendemos por tanto que solo procede una, que es la que est¨¢ disfrutando en estos momentos y que vence el 11 de septiembre de 2021¡å. Este diario se ha puesto en contacto con el abogado que representa a los propietarios inversores para obtener su versi¨®n, pero no ha obtenido respuesta.

En la web del Gobierno que explica el escudo social, se aclara que los contratos se podr¨¢n extender tanto como sea necesario, durante la validez del decreto, hasta el 31 de octubre. El d¨ªa 12 Raquel no entreg¨® las llaves, y est¨¢ esperando una negociaci¨®n para que ¡°nadie pierda¡±, explica. ¡°Ni yo el derecho de no irme de mi barrio, ni ellos su inversi¨®n¡±. El estr¨¦s le ha tra¨ªdo problemas en la piel y angustia, pero no piensa moverse de su posici¨®n, ni del que ha sido su hogar desde que naci¨®.

Un alquiler que cuesta la mitad del sueldo

¡±Mi hijo me llama pesada, porque durante el camino a casa con el peque?o desde el colegio le llamo varias veces¡±. Lo cuenta una mujer de 42 a?os y vecina de San Sebasti¨¢n de los Reyes, madre de dos hijos de 7 y 13 a?os, a los que no puede cuidar por el trabajo. Se apa?an con t¨¢peres y llamadas insistentes de mam¨¢ gallina. ¡°Ma?ana doblo turno, y no les voy a ver desde las siete de la ma?ana y hasta por la noche¡±, cuenta. La vigilancia, que para el menor es excesiva y para el resto de mortales no tanto, tambi¨¦n tiene que ver con que la familia escap¨® de un matrimonio de abusos y maltrato hace siete a?os, cuando se hizo cargo del futuro de los menores ella sola. Esta es la raz¨®n tambi¨¦n de que haya preferido no dar su nombre. Fue entonces cuando entr¨® en el piso de alquiler en el que est¨¢ viviendo. Consigui¨® una ayuda del Servicio P¨²blico de Empleo Estatal, el SEPE, de 1.500 euros, por ser v¨ªctima de violencia machista. ¡°Me lo dieron porque fui con la cara llena de moratones a pedirlo¡±, recuerda. ¡°Nunca m¨¢s he conseguido ninguna ayuda, por mucho que digan que hay apoyo¡±.

Yo lo que quiero es poder pagar un alquiler normal, sin pasarlo mal con mis hijos¡±

Una mujer maltratada

Ella lidia tambi¨¦n con problemas de alquiler. Para empezar, el precio. Los 530 euros a los que hace frente con su sueldo actual, que no llega a 1.000 euros, m¨¢s lo que recibe por la manutenci¨®n de 300 por los dos hijos, los trabajos de peluquer¨ªa que hace por el barrio, limpieza de portales y subarriendo de una habitaci¨®n a un familiar. ¡°Si me retraso un d¨ªa en el pago, ya me est¨¢ llamando el due?o¡±, dice. Sus problemas no terminan aqu¨ª, ya que tras siete a?os, ella ha asumido varios arreglos en el piso, en un edificio antiguo sin calefacci¨®n y con problemas de condensaci¨®n en la habitaci¨®n de los ni?os. El casero pretende ahora que lo abandonen, sin asumir la rehabilitaci¨®n. Le amenaza con mensajes del tipo ¡°yo pago a unos rumanos y te vas a la puta calle¡±. Ella le ha denunciado al Ayuntamiento. ¡°Es cierto que a la polic¨ªa no¡±, reflexiona. Hasta 10 veces ha solicitado ayuda para un hogar a los Servicios Sociales. Lo m¨¢s que le han ofrecido es un albergue puntual, cuando se separ¨®. ¡°Yo lo que quiero es poder pagar un alquiler normal, sin pasarlo mal con mis hijos¡±, remarca.

El trampantojo, o datos falseados, de ocupaciones y familias que no pagan alquiler

Mujer, mujer¡­ y mujer. Rosa Elvira, Raquel y Alejandra son tres ejemplos de abusos de inmobiliarias, fondos de inversi¨®n y propietarios particulares, acoso de 'desokupas', incumplimientos de normativa y hogares insalubres que, siendo graves problemas en el mercado de la vivienda de alquiler, no aparecen en las estad¨ªsticas de desahucios, en las que tampoco se refleja el elevad¨ªsimo nivel de feminizaci¨®n de quien lidia cada d¨ªa con ellos.

Esta verdad oculta sobre el g¨¦nero que predomina en los hogares con dificultades en el mercado de vivienda de alquiler convive con el trampantojo que se lleva dibujando a?os: el del aumento descontrolado casos de usurpaci¨®n, allanamiento, denuncias de ocupaci¨®n o impago de rentas en la regi¨®n. Para poder hablar de ellos, para poder hacer el gr¨¢fico, ha sido necesario forzar en los c¨¢lculos la presencia de varios decimales, o todos los porcentajes sobre el total de viviendas ser¨ªan iguales a cero. Sirvan como ejemplo el 0,0501% de hechos conocidos de ocupaci¨®n ilegal, o 0,0413% del impago de rentas, ambas cifras de 2020, en lo peor de la pandemia.

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