El juez manda a juicio a la empresa p¨²blica Mercasa y a 18 personas por pagar mordidas en Angola

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este jueves la apertura de juicio oral contra 18 personas y cuatro mercantiles, entre ellas la empresa p¨²blica Mercasa, que gestiona los mercados centrales en Espa?a, por el presunto pago de comisiones ilegales para conseguir contratos en Angola entre 2006 y 2016. Entre los que se sentar¨¢n en el banquillo est¨¢ el que fuera presidente de Mercasa, el exdiputado del PP Miguel Ram¨ªrez Gonz¨¢lez; adem¨¢s de los exdirectivos de la compa?¨ªa p¨²blica Arturo Cort¨¦s de Cruz y Mar¨ªa Jes¨²s Prieto Jim¨¦nez.

En la cabeza de la trama, la investigaci¨®n tambi¨¦n sit¨²a a los hermanos Jos¨¦ Manuel y Francisco Javier Pardo de Santayana, responsables de Incatema, otra de las sociedades contra las que dirige la acusaci¨®n el magistrado; el empresario Jos¨¦ Herrero de Ega?a, sobrino de Ignacio L¨®pez del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP Mar¨ªa Dolores de Cospedal, y el diplom¨¢tico Jos¨¦ Mar¨ªa Castroviejo, que estuvo destinado en Angola como embajador de Espa?a entre enero de 2009 y junio de 2012. Quien no se sentar¨¢ en el banquillo por esta pieza de la causa es Pablo Gonz¨¢lez, hermano del expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez y exdirector de Estrategia y Operaciones de Mercasa, quien lleg¨® a declarar como imputado por estos hechos.

El Ministerio P¨²blico imputa a los procesados los delitos de corrupci¨®n en las transacciones econ¨®micas internacionales, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, blanqueo, falsedad documental y organizaci¨®n criminal. Para Ram¨ªrez, Cort¨¦s de la Cruz y Prieto solicita 25 a?os de c¨¢rcel; 21 para Herrero de Ega?a y los hermanos Pardo de Santayana, y 18 a?os para el exembajador Castroviejo. El magistrado impone adem¨¢s el pago de fianzas por m¨¢s de 22 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse en la sentencia. Mercasa ¨Dque en este caso ostenta la doble condici¨®n de acusaci¨®n y acusada¨D es la segunda empresa p¨²blica procesada en un caso de corrupci¨®n despu¨¦s de que el juez Jos¨¦ De la Mata enviara a juicio, en mayo de 2019, a la compa?¨ªa de venta de armas Defex, tambi¨¦n por pagar sobornos y comisiones para conseguir negocio en Angola.

La investigaci¨®n judicial ha revelado que el consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), formado por la empresa p¨²blica y la mercantil Incatema, obtuvo contratos con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuraci¨®n Log¨ªstico de Distribuci¨®n) del Ministerio de Comercio angole?o para construir un mercado mayorista en la capital del pa¨ªs africano, Luanda. Para ello, supuestamente se pagaron comisiones y d¨¢divas a autoridades y funcionarios de ese pa¨ªs. En ello jug¨® un papel clave el comisionista Guillerme de Oliveira Taveira Pinto, pr¨®fugo de la justicia y que tambi¨¦n figura como intermediario de la trama de Defex en Angola.

Seg¨²n las pesquisas, Taveira y otras personas relacionadas con ¨¦l se embolsaron m¨¢s de 20 millones de euros en mordidas que camuflaron como supuestos contratos por servicios inexistentes. El dinero ¨Dque era un porcentaje que llegaba al 8% del importe del contrato p¨²blico conseguido¨D era remitido a cuentas bancarias abiertas a nombre de sociedades instrumentales o pantalla, desde la que se distribu¨ªa a los beneficiarios finales. Este mismo patr¨®n delictivo fue supuestamente utilizado en otros pa¨ªses como Rep¨²blica Dominicana, Panam¨¢ y Argentina.

En el auto por el que el primer juez instructor de la causa, Jos¨¦ de la Mata, dio por concluida la investigaci¨®n en noviembre de 2019 se?alaba que ¡°estas d¨¢divas eran detra¨ªdas de los montos de los contratos¡± y que los sobreprecios tambi¨¦n se destinaron al lucro propio de algunos de los investigados. En el caso de los Pardo de Santayana, el juez concluye que consiguieron apoderarse del 2% de todos los contratos del proyecto de mercado central de Luanda. A Herrero de Ega?a lo se?alaba como el presunto receptor de comisiones de, al menos, el 1%.

El juez De la Mata recalcaba entonces la ausencia total de cultura de respeto al derecho en las compa?¨ªas investigadas. ¡°Actuaban con un absoluto desprecio al Derecho, y a las m¨¢s elementales normas legales y ¨¦ticas, impulsadas por una pol¨ªtica de beneficio a cualquier precio¡±. Algo que, si resulta inadmisible en compa?¨ªas familiares privadas, a?ade De la Mata, ¡°resulta absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente p¨²blica como es Mercasa, que persigue muy importantes y muy relevantes intereses p¨²blicos, y CMIC, que ten¨ªa participaci¨®n p¨²blica¡±. El magistrado conclu¨ªa que ambas compa?¨ªas carec¨ªan de cualquier sistema interno de organizaci¨®n y control de sus operaciones comerciales y, en relaci¨®n con los mecanismos de prevenci¨®n de delito y control establecidos, asegura que ¡°eran simplemente inexistentes¡±.