El juez pide juzgar a la empresa p¨²blica Mercasa y a 20 directivos por pagar mordidas en Angola

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha propuesto juzgar a 20 personas y a ocho empresas como personas jur¨ªdicas, entre ellas la p¨²blica Mercasa,?que gestiona los mercados centrales del pa¨ªs,?por el pago de comisiones para conseguir contratos en Angola entre 2006 y 2016.?Mercasa es la segunda empresa p¨²blica imputada en un caso de corrupci¨®n despu¨¦s de que el juez De la Mata mandara a juicio en mayo pasado a la compa?¨ªa de venta de armas Defex, tambi¨¦n por pagar sobornos y comisiones para conseguir negocio en Angola.

Con el auto de pase a procedimiento abreviado conocido este lunes, De la Mata finaliza la instrucci¨®n de una de las piezas del llamado caso Mercasa, en el que se investigan delitos de corrupci¨®n en las transacciones econ¨®micas internacionales, apropiaci¨®n indebida, falsedad documental, asociaci¨®n il¨ªcita, organizaci¨®n criminal y blanqueo de capitales. En esta pieza, la Audiencia Nacional ha indagado las irregularidades cometidas en los contratos para construir un mercado mayorista en la capital angole?a, Luanda.

Los investigados (antigua figura del imputado), entre los que hay varios directivos de Mercasa y del consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), emplearon el mismo modus operandi en Angola y en otros pa¨ªses como Rep¨²blica Dominicana, Panam¨¢ y Argentina, seg¨²n el escrito del juez. Para canalizar el pago de comisiones a autoridades de esos pa¨ªses, concertaron acuerdos de consultor¨ªa y agencia con terceras personas, a las que pagaban una comisi¨®n que consist¨ªa en un porcentaje de la suma del contrato p¨²blico conseguido.

Estos trabajos eran ficticios:?¡°No existe en el procedimiento ning¨²n documento acreditativo del trabajo realizado por los comisionistas salvo las facturas encontradas en las diligencias judiciales de entrada y registro acordadas, por importes coincidentes con los porcentajes pactados, por unos conceptos absolutamente inveraces, como resulta acreditado de las comunicaciones intervenidas judicialmente a los investigados¡±, se?ala De la Mata. Las comisiones se pagaban a medida que las empresas espa?olas iban recibiendo los contratos y se abonaban en cuentas bancarias de sociedades instrumentales o pantalla.?

"Estas d¨¢divas eran detra¨ªdas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representaci¨®n y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas", se?ala el escrito, que a?ade: ¡°Su ¨²nica y exclusiva finalidad era dar cobertura jur¨ªdica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario, como a "terceras entidades que proporcionaron el ¨¦xito de esta operaci¨®n", que no eran sino autoridades y funcionarios p¨²blicos".

Los sobreprecios tambi¨¦n se destinaban al lucro propio de algunos de los investigados que trabajaban para Mercasa, Incatema, Ibadesa y otras de las empresas. Entre las personas que el juez considera que deben ser juzgadas est¨¢n varios directivos como Mar¨ªa Jes¨²s Prieto Jim¨¦nez, los hermanos Francisco Javier y Jos¨¦ Manuel Pardo de Santayana o el empresario Jos¨¦ Herrero de Ega?a L¨®pez del Hierro.?

El comisionista pr¨®fugo de la justicia

El magistrado explica en el auto el papel del comisionista Guillerme de Oliveira Taveira Pinto, al que considera pr¨®fugo de la justicia. Taveira fue tambi¨¦n el intermediario de la p¨²blica Defex en Angola. Seg¨²n el auto, el consorcio de empresas CMIC obtuvo contratos con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuraci¨®n Log¨ªstico de Distribuci¨®n) del Ministerio de Comercio angole?o, para construir un mercado mayorista en Luanda (Angola). Varias de las sociedades de Taveira y personas relacionadas con el se embolsaron m¨¢s de 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.?

Taveira era, seg¨²n el auto, el destinatario inicial de las transferencias efectuadas por CMIC y una vez recibidas distribu¨ªa parte del importe a sus verdaderos beneficiarios finales. Los compromisos con esas ¡°terceras partes¡± alcanzaban el 8% del valor total de los contratos. En el caso de los Pardo de Santayana, el juez concluye que consiguieron apoderarse del 2% de todos los contratos del proyecto de mercado central de Luanda, compinch¨¢ndose para ello con Taveira. En el caso de Herrero de Ega?a ser¨ªa receptor de comisiones del 1% de los contratos y podr¨ªa, seg¨²n el juez, haber recibido otro 1% adicional.

Comportamiento "insoportable" en una empresa p¨²blica

El juez aprecia una ausencia de cultura de respeto al derecho en las compa?¨ªas investigadas. "Actuaban con un absoluto desprecio al Derecho, y a las m¨¢s elementales normas legales y ¨¦ticas, impulsadas por una pol¨ªtica de beneficio a cualquier precio¡±. Algo que, si resulta inadmisible en compa?¨ªas familiares privadas, a?ade De la Mata, ¡°resulta absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente p¨²blica como es Mercasa, que persigue muy importantes y muy relevantes intereses p¨²blicos y CMIC, que ten¨ªa participaci¨®n p¨²blica¡±.

El magistrado argumenta que procede tambi¨¦n atribuir a los investigados el delito de organizaci¨®n criminal, constituida para conseguir contratos en pa¨ªses extranjeros (en este caso Angola) mediante el pago de comisiones y d¨¢divas a autoridades y funcionarios de ese pa¨ªs. En otros casos, los miembros de la organizaci¨®n criminal consiguieron ¡°enriquecerse il¨ªcitamente de forma sist¨¦mica con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturaci¨®n falsa, y simulando la prestaci¨®n de servicios para la ejecuci¨®n del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de casi 20 millones de euros¡±.

Seg¨²n De la Mata Las compa?¨ªas investigadas en este procedimiento, Mercada y CMIC, carec¨ªan de cualquier sistema interno de organizaci¨®n y control de sus operaciones comerciales y, en relaci¨®n con los mecanismos de prevenci¨®n de delito y control establecidos, asegura ¡°eran simplemente inexistentes¡±. Su actuaci¨®n en Angola no fue aislada y segu¨ªa un patr¨®n delictivo, a?ade el juez. "Correspond¨ªa a un patr¨®n sist¨¦mico de funcionamiento, que proced¨ªa desde el comienzo de sus actividades internacionales y, en concreto, desde que se constituy¨® el CMIC¡±. De la Mata a?ade tambi¨¦n que Incatema y CMIC han tratado de obstruir la investigaci¨®n. Con este auto, el juez da traslado al fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo de 10 d¨ªas soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento.?