Abertis defiende que los contratos de autopistas que quiere anular Argentina son ¡°leg¨ªtimos¡±

Abertis est¨¢ lista para enfrentarse al Gobierno de Argentina. La multinacional espa?ola de infraestructuras defiende que los contratos de concesi¨®n para que Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) ¨Cen las que Abertis es el accionista m¨¢s importante¨C gestionen las dos carreteras de acceso a Buenos Aires son ¡°leg¨ªtimos¡±. El Gobierno argentino aprob¨® el mi¨¦rcoles un decreto con el que se inicia un proceso de demanda ante los juzgados para que se declaren nulos los contratos aprobados por la administraci¨®n de Mauricio Macri en 2018, que extend¨ªan la concesi¨®n diez a?os y actualizaban las tarifas en d¨®lares para que las empresas recuperaran la deuda de la construcci¨®n de las carreteras, a principios de los 2000. El Gobierno de Alberto Fern¨¢ndez considera que las condiciones de los contratos son ¡°lesivos¡± hacia el Estado y los usuarios.

El Ejecutivo argentino dio el mi¨¦rcoles un paso m¨¢s en su empe?o para suspender los contratos de las dos mayores autopistas de peaje de acceso a Buenos Aires. Estas se construyeron a finales de los noventa con contratos de concesi¨®n en los que se reconoc¨ªa una deuda en d¨®lares y se fijaban unas tarifas de peaje tambi¨¦n en esta divisa. En 2001 se pasaron las tarifas a pesos argentinos. El proceso de las concesionarias (en ese momento Abertis no estaba en el accionariado) para reclamar una compensaci¨®n pas¨® por varios momentos, y aunque el Gobierno de N¨¦stor Kirchner reconoci¨® en 2006 que exist¨ªa esa deuda y que hab¨ªa que dar una compensaci¨®n, esta no lleg¨®.

En 2014, con Abertis ya como accionista de referencia en ambas concesionarias, las empresas empezaron a preparar una demanda internacional, pero un a?o despu¨¦s Macri abri¨® una negociaci¨®n. En 2018 esta se cerr¨® con unos acuerdos seg¨²n los cuales se renovaban las concesiones por diez a?os (ten¨ªan que terminar en 2020 y se alarg¨® su duraci¨®n hasta 2030), se reconoc¨ªa una deuda en d¨®lares de 540 millones para Ausol y 272 millones para GCO, se actualizaba el r¨¦gimen tarifario y las empresas adquir¨ªan nuevos compromisos de inversi¨®n.

Estos son los contratos que el Ejecutivo argentino quiere anular mediante una demanda judicial, despu¨¦s de haber realizado una auditor¨ªa durante los ¨²ltimos dos a?os. El mi¨¦rcoles, Fern¨¢ndez afirm¨® que los contratos eran ¡°lesivos al inter¨¦s general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad¡±. ¡°A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron da?o econ¨®mico al Estado nacional y a los usuarios¡±, asegur¨®. El decreto argumenta que no se pod¨ªa dolarizar la deuda, y que no existe justificaci¨®n para estipular las tasas de inter¨¦s al 8% anual, entre otras objeciones.

Abertis, que tiene el 49% de las acciones de GCO y el 32% de Ausol, y que es el accionista m¨¢s importante en ambas concesionarias, defiende que los acuerdos firmados con Macri para dar ¡°cumplimiento a los compromisos asumidos y no honrados por el Estado Nacional desde 2001¡å son ¡°plenamente leg¨ªtimos y fueron aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional a trav¨¦s de un proceso transparente¡±, seg¨²n se?alan fuentes de la compa?¨ªa. Estas a?aden que tomar¨¢n las acciones necesarias ¡°en defensa de sus derechos¡±. Con todo, el impacto econ¨®mico de estas participaciones para las cuentas de Abertis no es muy elevado, seg¨²n se?alan las mismas fuentes, y supone alrededor del 1% del resultado bruto de explotaci¨®n o ebitda, lo que en el ejercicio de 2021 se tradujo en unos 22 millones de euros.