Los transportistas exigen multas de hasta 90.000 euros para desconvocar los paros que comienzan este lunes

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte inici¨® la pasada medianoche el paro indefinido de ¨¢mbito nacional en el transporte de mercanc¨ªas que amenaza con poner en jaque a toda industria alimentaria y de distribuci¨®n, como ya ocurriera en el anterior paro de marzo. Los convocantes justifican la nueva protesta por el incumplimiento de la ley que proh¨ªbe a los camioneros trabajar a p¨¦rdidas o por debajo de costes. Una causa que el Gobierno, la patronal CEOE y las asociaciones mayoritarias de transportistas, que rechazan el paro, califican poco convincente para adoptar una medida tan grave que amenaza con paralizar Espa?a como ya sucediera en los paros del pasado mes de marzo.

Sin embargo, las peticiones de la Plataforma que lidera Manuel Hern¨¢ndez son muy concretas y est¨¢n en encima de la mesa de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Raquel S¨¢nchez. Se trata de una bater¨ªa de enmiendas al Real Decreto 14/2022 de Medidas de Sostenibilidad Econ¨®mica en el ?mbito del Transporte (m¨¢s conocido como Ley de la Cadena del Transporte) que entr¨® en vigor el pasado 2 de agosto. Fundamentalmente, se basan en dos reivindicaciones: multiplicar hasta por diez el importe de las sanciones para los cargadores (las empresas que les encargan los portes) que incumplan el decreto, pag¨¢ndoles por debajo de costes o subcontratando ilegalmente los portes a empresas sin licencia; y permitir que los atestados de la Guardia Civil que se levanten por las infracciones del decreto se tramiten autom¨¢ticamente como denuncia v¨¢lida sin necesidad de m¨¢s tr¨¢mites administrativos, ni de que sean los transportistas los que deban poner las denuncias.

As¨ª, consta en la carta remitida por la organizaci¨®n a la ministra el pasado 31 de octubre, a la que ha tenido acceso EL PA?S. En la misma, se solicita que para las infracciones m¨¢s graves -el pago que no cubra los costes y la subcontrataci¨®n ilegal- se introduzcan en la ley nuevas sanciones de entre 70.000 a 90.000 euros. Actualmente, el decreto prev¨¦ multas m¨¢ximas de entre 4.000 a 6.000 euros, que se elevan hasta los 30.000 euros si se produce una reincidencia grave o un impago reiterado de las multas. Adem¨¢s, la asociaci¨®n reivindica que en caso de que una empresa con licencia de transporte subcontrate a otra ilegal, no sea esta ¨²ltima la responsable de sanci¨®n, sino el ¡°transportista efectivo¡±.

Denuncias de la Guardia Civil

Asimismo, en la misiva se insta a simplificar el tr¨¢mite administrativo y de la denuncia hasta ahora en manos de los inspectores del Ministerio de Transporte, de forma que se ampl¨ªe a otras instancias, fundamentalmente la Guardia Civil. ¡°Aparte de las correspondientes inspecciones de Transporte, como medida probatoria ser¨¢ v¨¢lida la intervenci¨®n en carretera de la Guardia Civil al comprobar precio y kil¨®metros, partiendo de la referencia oficial del Observatorio de Costes aplicando los m¨¢rgenes establecidos, proponiendo sanci¨®n en su caso a la Inspecci¨®n de Transporte correspondiente para su ejecuci¨®n material. La Inspecci¨®n dar¨¢ comunicaci¨®n inmediata a todas las partes (cargador y transportista) del inicio del expediente sancionador, llevando a cabo posteriormente las correspondientes comprobaciones que concluyan el expediente¡±, concreta la petici¨®n de la Plataforma. Y es que, tal y como adelant¨® EL PA?S, ning¨²n transportista ha presentado hasta el momento una denuncia formal y tan solo se han recibido denuncias an¨®nimas. La misma a?ade que tambi¨¦n ser¨¢n v¨¢lidas las denuncias que directamente interpongan las organizaciones de transportes a la Inspecci¨®n de Transporte, as¨ª como las de cualquier afectado que acredite ser perjudicado por un funcionamiento desleal en los servicios de transporte de manera directa.

Otras enmiendas m¨¢s t¨¦cnicas se refieren al c¨¢lculo del precio y los gastos relacionados con el transporte para cubrir el total de costes efectivos individuales incurridos o asumidos por el porteador para su prestaci¨®n. Para ello, piden que se tenga que realizar tomando la referencia del resultado de los siguientes costes: amortizaci¨®n del veh¨ªculo, financiaci¨®n del veh¨ªculo (en caso de no haberla se aplicar¨¢ el coste por depreciaci¨®n), personal de conducci¨®n (partiendo de los convenios establecidos), seguros, costes fiscales (tasas, revisiones, etc¨¦tera), combustible, consumo de disoluci¨®n de adblue, neum¨¢ticos, mantenimiento, reparaciones, dietas del conductor, peajes, costes indirectos, y tiempo de disposici¨®n para la carga y descarga. Tambi¨¦n admiten como referencia el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transporte con unos m¨¢rgenes m¨¢ximos de hasta un 5% de flexibilidad por las particularidades de cada transportista efectivo.

Igualmente, se solicita que el impuesto de sociedades y el IRPF se paguen en Hacienda en funci¨®n de los kil¨®metros anuales aplicando una facturaci¨®n estimada sobre la base del c¨¢lculo de coste, cuando el total de la facturaci¨®n que presente la empresa estuviera por debajo de dicho c¨¢lculo. Y en este supuesto, Hacienda sancionar¨¢ al pagador y cobrador por el incumplimiento de la norma.

Manifestaci¨®n a pie en Madrid

Para hacer visible su protesta, los transportistas aut¨®nomos de la Plataforma amenazan con ¡°tomar¡± Madrid a partir de este lunes y han convocado una ¡°gran manifestaci¨®n a pie¡± (sin sus camiones) que arrancar¨¢ a las 10.00 horas de la Plaza del Emperador Carlos V, junto a la estaci¨®n de tren de Atocha, y se dirigir¨¢ a la sede del Ministerio de Transportes. No obstante, desde Plataforma se advierte de la posibilidad de que los manifestantes puedan permanecer varios d¨ªas en la capital, para dar m¨¢s notoriedad a sus reivindicaciones.La convocatoria de la huelga ha sido un¨¢nimemente rechazada por el Comit¨¦ Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en el que se integran las organizaciones mayoritarias de transportistas como CETM, Fenadismer, Astic o Uno, pero no as¨ª la Plataforma. La CNTC es el ¨²nico ¨®rgano de representaci¨®n que admite el Ministerio de Transportes como interlocutor, aunque representantes de la Secretar¨ªa se reunieron la pasada semana con los de la organizaci¨®n convocante sin ning¨²n resultado.

Las principales de organizaciones empresariales de la alimentaci¨®n, la distribuci¨®n y la hosteler¨ªa han exigido al Gobierno que se garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas para que ¡°no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria¡± en el anterior paro, en el que ¡°se impidi¨® la libre entrada y salida de veh¨ªculos de empresas, centros log¨ªsticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercanc¨ªas indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria¡±. Y es que la huelga coincide con la campa?a del Black Friday y los proleg¨®menos de las fechas navide?as, con lo que puede afectar gravemente a las ventas de comercio, cuando las grandes empresas aprovechan para aprovisionarse de mercanc¨ªas de cara a la temporada navide?a para evitar cuellos de botella en la cadena de suministros.

El Ministerio de Transportes defiende que, desde los paros de marzo, el sector ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por cami¨®n, por ejemplo o 1.000 en el caso de furgonetas) y est¨¢ siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 c¨¦ntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por cami¨®n cada seis meses de descuento).