Vox ahoga la mediaci¨®n laboral en Castilla y Le¨®n cerrando el grifo a su financiaci¨®n

El ¨¢rbitro de los conflictos laborales en Castilla y Le¨®n corre peligro. Vox, que gobierna la comunidad con el PP, ha dejado en su m¨ªnima expresi¨®n la financiaci¨®n del Servicio de relaciones laborales (Serla), que se gestiona a trav¨¦s de una fundaci¨®n creada por sindicatos y patronal. Tras amagar con dejarlo sin fondos, el conflicto ha llegado al Ministerio de Trabajo. Los avisos del departamento de Yolanda D¨ªaz pasaron de lo verbal al requerimiento formal para que se recupere en la regi¨®n este sistema bien valorado por la patronal, los sindicatos y, sobre todo, los usuarios. La Junta insist¨ªa en que el servicio queda cubierto por los funcionarios de la consejer¨ªa de Empleo, pero los implicados creen que el valor de esta mediaci¨®n est¨¢ en que parte de un sistema independiente: en 2022 tramit¨® 3.534 conflictos individuales y 341 casos colectivos. El consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox), ha aceptado mantenerlo reduciendo un 60% su presupuesto y suprimiendo el concilio de casos individuales, algo que los sindicatos tachan de ¡°ilegal¡±. Vox califica el sistema, activo desde 1996, de ¡°chiringuito¡± creado por los sindicatos al margen de la competencia presupuestaria de la Comunidad Aut¨®noma.

En una terraza de Valladolid se citan Maribel Herr¨¢n y C¨¢ndido Alonso, mediadores de los sindicatos UGT y CCOO respectivamente, con Mar¨ªa B. y F.J.G., trabajadores que han requerido anteriormente al Serla y que piden proteger su identidad. Ambas partes se han sentado a distintos lados de las mesas de negociaci¨®n durante a?os para zanjar cuitas entre empresas y plantillas. Herr¨¢n resume las funciones de arbitraje: escuchar, buscar acuerdos sin mirar el reloj y entender que en caso de ruptura la pugna acabar¨¢ en los juzgados. Lo que conlleva, a la postre, m¨¢s tiempo, m¨¢s gastos y m¨¢s saturaci¨®n de los tribunales. Alonso explica que en sus tres a?os de desempe?o ha ayudado tanto a trabajadores que reclaman 50 euros m¨¢s de indemnizaci¨®n por despido como a futbolistas de jugosos contratos: ¡°No estamos para forzar, no es nuestra misi¨®n¡±. ¡°A veces los trabajadores y las empresas se desahogan¡±, agregan, cuando se ven ante los profesionales de este servicio, a veces confundidos con representantes de las empresas de lo camale¨®nicos que pueden ser.

Los beneficiarios agradecen contar con un comod¨ªn que evite los juzgados. F.J.G., transportista, solicit¨® este apoyo ante un despido improcedente cuando, tras una baja, se reincorpor¨® al cami¨®n. La intermediaci¨®n entre el Serla y su empresa se tradujo en un acuerdo f¨¢cil y positivo: logr¨® los 1.800 euros de indemnizaci¨®n que le correspond¨ªan y pudo respirar tranquilo. A este hombre lo echaron el pasado octubre y en diciembre ya se hab¨ªa arreglado el asunto, una agilidad que cree imposible de haberse judicializado. ¡°Tuve buen trato con la mediadora y el abogado de la empresa, mi padre siempre dec¨ªa que vale m¨¢s un mal acuerdo que un buen juicio¡±, afirma el camionero, conforme no obstante con las condiciones del pacto. Su caso fue uno de los 3.534 conflictos individuales gestionados por el Serla en 2022, el n¨²mero m¨¢s alto en sus 25 a?os de historia y un 30% superior a 2021. Adem¨¢s, los conflictos colectivos que administr¨® afectaron a 259.700 trabajadores en 19.142 empresas. ¡°Es una chapuza, est¨¢ muy mal que lo quieran quitar¡±, critica este usuario.

Mar¨ªa B., empleada de seguridad privada, expone su caso. ¡°Estuve seis a?os y medio trabajando como auxiliar administrativa y hac¨ªa labores de m¨¢s cualificaci¨®n, denunci¨¦ este enero y en febrero acordamos un ascenso con efecto retroactivo¡±, se?ala la mujer, que celebra haber expuesto su situaci¨®n antes de que Vox, que tiene la cartera de Empleo en el Ejecutivo auton¨®mico, mostrase sus intenciones. ¡°Ir a juicio es largo y el trabajador tiene mucho que perder si se dilatan plazos, porque se genera mal ambiente en la empresa. Mucha gente perder¨ªa derechos porque las empresas apabullan, sobre todo en lo judicial¡±, detalla Mar¨ªa B. Ella hace unos a?os tambi¨¦n fue ayudada por el Serla tras un despido que su compa?¨ªa tild¨® de procedente y que finalmente se declar¨® improcedente: ¡°Quedarnos sin ello ser¨ªa una p¨¦rdida social terrible¡±. Los sindicatos, a la espera de que lleguen los nuevos y reducidos fondos a la fundaci¨®n del Serla, admiten que no hay dinero para los gastos de los siete empleados fijos que gestionan el servicio. Los trabajadores, que prefieren no pronunciarse, aguantan sin cobrar mientras siguen mediando en los casos abiertos.

Cr¨ªticas de la CEOE

Los sindicatos defienden la labor del Serla y de sus trabajadores: ¡°Esta gente est¨¢ muy especializada en la mediaci¨®n. No tiene horarios, porque a menudo empresarios y trabajadores s¨®lo pueden sentarse a pactar tras la jornada laboral y pueden estar hasta altas horas. No se levantan hasta que llegan a un acuerdo¡±. Esa implicaci¨®n, a?aden, no la podr¨ªa tener un funcionario ¡°no porque no pueda, sino por los horarios. La gente tiene mucho desconocimiento y compra el discurso barato de Vox porque al Serla solo se acude cuando se necesita¡±, analizan los responsables de Comisiones y UGT.

Hasta la patronal ha censurado el af¨¢n de Vox en el Gobierno regional por ahogar el Serla. El secretario general de la CEOE en Castilla y Le¨®n, David Esteban, ha reprobado que la extrema derecha lo defina como ¡°chiringuito¡± o ¡°capricho de los sindicatos¡±, lo que en realidad ¨¦l ve como una herramienta: ¡°Las empresas no son tontas, puede ocasionar p¨¦rdida de inversi¨®n si se cargan las relaciones laborales¡±.

El consejero de Empleo, en cambio, rechaz¨® en una intervenci¨®n en las Cortes de Castilla y Le¨®n todos los puntos del requerimiento realizado por el Gobierno y lo calific¨® como ¡°esperp¨¦ntico¡± y ¡°burdo corta-pega al dictado de los sindicatos que el Gobierno no se ha molestado en repasar¡±. Para Vox, el aviso para restituir la financiaci¨®n del servicio que lleva 27 a?os activo en la regi¨®n ¡°forma parte de una campa?a electoral que se llama Sumar¡±. Se trata del segundo requerimiento enviado por el Ejecutivo en 2023 a la comunidad que dirige Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco (PP) tras el emitido en enero por el protocolo antiabortista anunciado por Vox.

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