El Gobierno investiga 47 convenios de la OCU tras una denuncia de Facua

La operativa econ¨®mica de la OCU, la mayor asociaci¨®n de consumidores del pa¨ªs con 192.000 abonados, est¨¢ bajo el foco del Gobierno. El Ministerio de Consumo investiga desde hace nueve meses los 47 convenios que desde 2018 ha firmado esta asociaci¨®n con grandes compa?¨ªas para verificar si las comisiones que cobra por cada cliente que les suministra son legales y si comprometen su independencia.

Las f¨®rmulas para financiarse son variadas y a menudo la OCU ¨Da trav¨¦s de su sociedad paraguas Euroconsumers¨D interpone demandas judiciales previas contra gigantes como Google, Facebook y Hewllet-Packard, que luego retira tras cerrar acuerdos millonarios con las compa?¨ªas, ingresar el dinero, y alegar que este repercute indirectamente en los usuarios. En paralelo, la organizaci¨®n ofrece ¡°compras colectivas¡± para captar clientes que disfrutan supuestamente de la mejor tarifa en ciertos servicios, por los que cobra una comisi¨®n a la empresa ganadora por cada cliente traspasado.

La t¨¢ctica comercial lleva a?os en marcha y la asociaci¨®n insiste en que estos ingresos no comprometen su labor de vigilancia del mercado, ni supone una ventaja o lavado de imagen para las firmas pagadoras. Sin embargo, las dudas sobre si estas pr¨¢cticas para financiarse son ¨¦ticas son evidentes y la OCU carece de transparencia, pese a que presume de su car¨¢cter de servicio p¨²blico para defender al consumidor frente a los abusos y malas pr¨¢cticas comerciales.

Cada mes llegan a las redacciones de los medios de comunicaci¨®n estudios sobre las mejores tarifas y productos del mercado elaborados por la OCU, con la mejor y la peor crema o fregona de las estanter¨ªas comerciales. La entidad asegura que cada a?o analiza 3.000 productos y sus comparativas le garantizan una enorme repercusi¨®n en televisiones y diarios porque los consumidores est¨¢n sedientos de pistas en un mercado saturado de marcas.

La principal competidora de la OCU, Facua, interpuso el pasado noviembre una denuncia administrativa ante la Direcci¨®n General de Consumo, y desde entonces esta analiza si la OCU ha vulnerado la Ley General para la Defensa de los consumidores al publicitar productos y servicios de empresas gracias a acuerdos econ¨®micos. Entre los convenios destacan algunos con firmas de intermediaci¨®n financiera, planes de pensiones y tarifas de luz, gas y telefon¨ªa con grandes compa?¨ªas como Repsol, MasM¨®vil o Yoigo. ¡°La OCU act¨²a como comisionista de grandes empresas y da?a la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables, estamos ante un claro conflicto de intereses. ?Controlan y denuncian sus pr¨¢cticas abusivas con el mismo ¨¦nfasis que si no les pagaran? ?Reclaman a los gobiernos cambios legales que puedan perjudicar a esas empresas que las financian?¡±, censura Rub¨¦n S¨¢nchez, secretario general de Facua.

Tras comprobar las rendijas legales que aprovechan asociaciones como la OCU para lucrarse con los acuerdos empresariales, el Ministerio de Consumo est¨¢ trabajando en una instrucci¨®n que concrete su interpretaci¨®n de la ley sobre la ¡°debida transparencia de los convenios¡±, que prev¨¦ publicar en las pr¨®ximas semanas. El objetivo es hacer p¨²blica la metodolog¨ªa con la que se elaboran los comparadores de empresas e informar sobre si se ha firmado alg¨²n convenio con alguna de las empresas comparadas, confirman fuentes del ministerio.

Sin embargo, la eficacia de la medida est¨¢ por ver, ya que en la actualidad las asociaciones est¨¢n obligadas a depositar una copia de cada acuerdo que cierran con las empresas, pero el ministerio no verifica si incumple la ley o contiene aspectos espinosos, salvo que se interponga denuncia al respecto. El departamento que dirige en funciones Alberto Garz¨®n alega que en estos cuatro a?os de legislatura no les ha dado tiempo a redactar una nueva ley para reformar a fondo el sistema, a pesar de que esa era su voluntad.

La OCU alega que sus compras colectivas para ofrecer la mejor tarifa ¡°promueven la competencia en mercados con baja competencia como la energ¨ªa o las telecomunicaciones, dominadas por grandes empresas¡±. Preguntada por qu¨¦ raz¨®n los convenios con empresas no figuran publicados en su p¨¢gina web si son legales, la organizaci¨®n aduce que son entregados al ministerio, donde cualquier usuario puede consultarlos ¡ªa trav¨¦s de una petici¨®n en el Portal de Transparencia¡ª. La OCU tampoco publica los resultados de las pujas porque esgrime que as¨ª se lo piden las empresas, ya que ofertan descuentos que mejoran las tarifas de sus clientes, y resalta en su respuesta por escrito que el ahorro medio de su ¨²ltima compra colectiva fue de 400 euros al a?o por consumidor.

La OCU ofrece las que publicita como mejores tarifas del mercado y luego el traspaso de clientes a trav¨¦s de su web se traduce en una comisi¨®n por cada contrato generado. En paralelo a su manera de financiarse, varios directivos de empresas censuran la falta de transparencia para explicar sus supuestas pujas abiertas y cargan contra el m¨¦todo para dictar las clasificaciones de los mejores productos del mercado.

En 2015, Pedro Serrahima, consejero delegado de Pepephone, desgran¨® la l¨®gica econ¨®mica que esconden las compras colectivas: ¡°OCU me explic¨® que hab¨ªa que pagarle a una empresa que ellos eleg¨ªan y que estaba donde su matriz [Euroconsumers], por cada cliente que se diera de alta, en concepto de costes t¨¦cnicos de subasta. Cuando le dije que eso no tendr¨ªa coste asociado y que me ofrec¨ªa a hacerles gratis el software, no respondieron. En realidad, no hay puja, es una presentaci¨®n de ofertas. ?Ellos no pueden vender, no pueden hacer de distribuidores! Genera una clara competencia desleal porque se disfraza de distribuidor¡±.

Gregorio Jim¨¦nez, de 74 a?os, fue durante dos d¨¦cadas consejero delegado de Puleva, y su empresa l¨¢ctea sufri¨® la clasificaci¨®n de la OCU. Antes de que entrara en vigor el Real Decreto de 2015 que regula los an¨¢lisis comparativos sobre alimentos, Jim¨¦nez intent¨® rebatir las conclusiones de la asociaci¨®n: ¡°Lanzaron un informe sin criterio y quise comprobar las muestras y de qu¨¦ lotes. Si hab¨ªa fedatario p¨²blico en la toma de muestras, para tener veracidad de las mismas. Si se lacraban por si hab¨ªa diferencias, para poder realizar an¨¢lisis contradictorios, como hace la Administraci¨®n. Nada de esto se hizo, era todo opaco y por tanto los resultados no ten¨ªan valor. No tienen transparencia. Es una organizaci¨®n con fines de dinero jugando con el prestigio y credibilidad de compa?¨ªas a las que ponen contra la pared. ?Por qu¨¦ las administraciones no investigan? ?Qu¨¦ hay detr¨¢s?¡±, interroga.

El caso m¨¢s llamativo de los acuerdos con multinacionales es el de Hewlet-Packard, con la que Euroconsumers firm¨® el a?o pasado un convenio por 1,4 millones para resarcir a los consumidores europeos por un problema con sus impresoras. Un a?o antes la federaci¨®n de consumidores hab¨ªa amenazado a HP con una demanda colectiva, pero luego cerr¨® un acuerdo econ¨®mico confidencial para recibir dinero y renunciar al pleito. En teor¨ªa, el dinero era para los consumidores, que recibir¨ªan 50 euros, pero finalmente menos de 600 clientes reclamaron para recibir el dinero tras dos pr¨®rrogas, seg¨²n una reciente investigaci¨®n de Infolibre. Resultado: los 1,4 millones, excepto 3.000 euros, han tenido como destino las arcas de Euroconsumers. ¡°Los fondos se utilizar¨¢n para iniciativas orientadas a beneficiar al consumidor¡±, alega la OCU. Desde Euroconsumers, su director general adjunto, Dominique Henneton, admite en conversaci¨®n telef¨®nica: ¡°Es una decepci¨®n porque a pesar de nuestra comunicaci¨®n, los consumidores no reaccionaron lo suficiente, pero nos vamos a dar un par de meses m¨¢s para conseguir atraerlos¡±.

Descenso de abonados a las revistas de consumo

Tras el fiasco de Ausbanc, la asociaci¨®n de usuarios que en 2021 acab¨® con condenas de c¨¢rcel por extorsionar a los bancos, en Espa?a quedan ocho asociaciones de consumidores registradas en el ministerio, con la OCU como el referente m¨¢s medi¨¢tico, seguida de Facua.

La OCU cobra 12 euros al mes por cada usuario, pero sus abonados menguan poco a poco: si en 2011 contaba con 300.000 asociados seg¨²n su web, en 2023 son 192.000 (un 38% menos), descenso que la entidad achaca a ¡°las crisis econ¨®micas y a una tendencia europea¡±. Esos 27 millones de ingresos anuales representan el 88% del total seg¨²n la organizaci¨®n, lo que elevar¨ªa su cifra de ingresos anual a total de 31 millones. Su inmediato competidor es Facua, que est¨¢ a gran distancia y cuenta con 43.000 abonados. El Ministerio de Consumo ha rechazado las peticiones para auditar los suscriptores de las asociaciones de consumidores.

Desde hace una d¨¦cada y con la explosi¨®n de las redes sociales, el n¨²mero de suscriptores a revistas de consumo ha bajado en toda Europa y las organizaciones se han reinventado y algunas de ellas han optado por cerrar acuerdos con grandes compa?¨ªas, aunque sean delicados, dado que la ley permite ayudas p¨²blicas para las organizaciones solo en algunos pa¨ªses europeos.

La OCU est¨¢ integrada en la estructura de asociaciones Euroconsumers ¡ªpresente en Italia, Portugal, B¨¦lgica, Espa?a y Brasil¡ª, a la que deriva gran parte de sus ingresos. Euroconsumers es un grupo de origen belga que incluye numerosas sociedades y una sicav, y que est¨¢ detr¨¢s de las cinco asociaciones de consumidores que se presentan como un contrapoder para defender a la ciudadan¨ªa de las grandes corporaciones. Su facturaci¨®n anual asciende a 190 millones.

Euroconsumers est¨¢ englobada en la federaci¨®n europea BEUC, con 45 asociaciones de consumidores de 31 pa¨ªses. ¡°Las organizaciones de consumidores deben ser muy prudentes a la hora de firmar acuerdos con empresas, ya que pueden entra?ar riesgos, mientras que otros son perfectamente normales en el cumplimiento de la misi¨®n de defensa del consumidor. Cuando trabajan en el mercado, a veces tienen que cerrar acuerdos con compa?¨ªas para marcar la diferencia y favorecer a los consumidores. Lo crucial es comprobar si hay p¨¦rdida de independencia, y eso es lo que intentamos vigilar¡±, explica por tel¨¦fono su directora general, Monique Goyens.

¡°Est¨¢bamos preocupados por el acuerdo de Google con Euroconsumers, pero este nos ha asegurado que su independencia no est¨¢ en juego. Lamentamos que el acuerdo con Facebook se mantenga en secreto, aunque es la pr¨¢ctica habitual para los acuerdos extrajudiciales¡±, a?ade. El Ministerio de Consumo pidi¨® hace meses a la OCU que le informe del acuerdo con la compa?¨ªa de Mark Zuckerberg, pero de momento la organizaci¨®n no ha contestado. Preguntada al respecto, Facebook tambi¨¦n ha rechazado informar a este diario sobre el convenio.