Contradicciones agrarias hirientes

Cualquier aproximaci¨®n al malestar de los agricultores y los asalariados del campo debe partir del reconocimiento de sus peores condiciones de vida en comparaci¨®n con las dem¨¢s actividades econ¨®micas. Una desigualdad que se extiende a toda la poblaci¨®n rural, unos 7,5 millones de personas (16% de la poblaci¨®n) que ocupan un 85% del territorio. La realidad es que el 27,6% de la poblaci¨®n rural espa?ola estaba en riesgo de pobreza y/o exclusi¨®n social, en 2022, frente al 25,8% en las zonas urbanas, seg¨²n la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusi¨®n Social (EAPN, por sus siglas en ingl¨¦s).

El deterioro de la rentabilidad de las peque?as y medianas explotaciones es incontestable y est¨¢ en la ra¨ªz de las protestas. La bien intencionada Ley de la Cadena Alimentaria, que trata de garantizar que los precios de venta no sean inferiores a los costes, resulta insuficiente para asegurar un comercio justo. La verdad hiriente es que en numerosos productos, como determinadas frutas, los agricultores se ven obligados a entregarlos a los intermediarios sin conocer el precio y mucho menos cuando cobrar¨¢n. Nada que ver con una econom¨ªa de mercado. Ninguna otra actividad aceptar¨ªa estas condiciones.

En sus or¨ªgenes la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n (PAC) comunitaria de 1962 ten¨ªa muy claro que la agricultura precisaba una equilibrada regulaci¨®n y ayudas a los agricultores para garantizar la seguridad alimentaria. Sucesivas reformas han ido relegando los presupuestos fundacionales con el consiguiente empobrecimiento de las explotaciones. La crisis actual est¨¢ forzando volver a las reflexiones originales. El gobierno catal¨¢n, por ejemplo, propone una renta agraria b¨¢sica para que los j¨®venes permanezcan en el campo.

Las protestas de los agricultores abarcan un amplio campo de quejas: desburocratizar el papeleo, revisar las ayudas directas, acabar con los abusos de la gran industria y eliminar los tratados internacionales que favorecen la competencia desleal, entre otras. Los agricultores exigen m¨¢s estudios para una mejor aplicaci¨®n de los objetivos del Pacto Verde como la reducci¨®n en un 50% de los pesticidas m¨¢s peligrosos. Denuncian la competencia desleal de los productos importados que incumplen las normas medioambientales europeas.

En el ¨¢mbito de las normas medioambientales y el comercio internacional, la Uni¨®n incurre en serias incoherencias. Un estudio elaborado por Institut Veblen, la Foundation Pour la Nature et L?Home e Interbev, se?ala que, para luchar contra las distorsiones de la competencia, las cl¨¢usulas espejo (que exigen las mismas normas a los productos importados que a los nacionales) ¡°est¨¢n lejos de ser suficientes para responder a los desaf¨ªos de sostenibilidad del sector agr¨ªcola de la UE¡±. ¡°En aras a la coherencia¡±, precisa, ¡°es primordial que la UE cese inmediatamente de exportar pesticidas prohibidos en su territorio¡±. Es incoherente prohibir a los agricultores el uso de ciertos pesticidas y permitir a la gran industria fabricarlos y exportarlos a sus competidores. Los agricultores son los primeros interesados con el Pacto Verde Europeo. Pero exigen una aplicaci¨®n coherente y ser tratados con dignidad.

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