Yolanda D¨ªaz llamar¨¢ a sindicatos y patronal a reformar la indemnizaci¨®n por despido para adaptarla a Europa
PSOE y Sumar se comprometieron a casar la normativa con el criterio del Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales, cuya resoluci¨®n, que adelant¨® EL PA?S, ha confirmado UGT este lunes
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz, ha anunciado este lunes que convocar¨¢ a sindicatos y empresarios para pactar cambios en la indemnizaci¨®n por despido improcedente en Espa?a. ¡°Es un elemento m¨¢s que va a ser susceptible de reforma y que adem¨¢s lo ser¨¢, como siempre, en la mesa de di¨¢logo social y acomodando a la legislaci¨®n europea¡±, ha se?alado. Sus declaraciones coindicen con la confirmaci¨®n de que el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha concluido que la legislaci¨®n espa?ola en materia de despido improcedente ¡°no es suficiente para cubrir los da?os reale...
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz, ha anunciado este lunes que convocar¨¢ a sindicatos y empresarios para pactar cambios en la indemnizaci¨®n por despido improcedente en Espa?a. ¡°Es un elemento m¨¢s que va a ser susceptible de reforma y que adem¨¢s lo ser¨¢, como siempre, en la mesa de di¨¢logo social y acomodando a la legislaci¨®n europea¡±, ha se?alado. Sus declaraciones coindicen con la confirmaci¨®n de que el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha concluido que la legislaci¨®n espa?ola en materia de despido improcedente ¡°no es suficiente para cubrir los da?os reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores¡±, tal y como adelant¨® EL PA?S.
As¨ª lo ha comunicado este lunes UGT, el sindicato que interpuso una reclamaci¨®n ante este organismo del Consejo de Europa. Ya era conocido el sentido de esta decisi¨®n, pero ni el sindicato ni el Gobierno pod¨ªan comentarlo por el embargo que pesaba sobre el fallo. ¡°Los empresarios que quieran despedir a un trabajador sin causas objetivas no deben de saber cu¨¢l es el coste que tiene para ellos la indemnizaci¨®n. Si saben cu¨¢l es el coste, la indemnizaci¨®n en s¨ª pierde valor efectivo¡±, ha defendido el secretario general de UGT, Pepe ?lvarez.
La decisi¨®n del Consejo de Europa cobra a¨²n m¨¢s importancia pol¨ªtica por una de las promesas de PSOE y Sumar en su programa de Gobierno: ¡°Establecer garant¨ªas para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea¡±, indicaba el acuerdo para un Ejecutivo de coalici¨®n. El organismo europeo encargado de interpretar la Carta, que Espa?a ratific¨® en 2021, es precisamente el CEDS, lo que mete presi¨®n para acometer la reforma del sistema tasado espa?ol, que establece un m¨¢ximo de 33 d¨ªas por a?o trabajado con un l¨ªmite de 24 mensualidades.
Aunque a¨²n no se haya cambiado la normativa, ya hay jueces que han otorgado indemnizaciones por encima de ese tope bas¨¢ndose en el texto europeo, como legislaci¨®n superior y que aplica en Espa?a. UGT ha citado tres sentencias, entre las que destaca la primera: el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a otorg¨® en enero de 2023 una indemnizaci¨®n superior a los 33 d¨ªas a una empleada despedida justo antes del confinamiento por el coronavirus ¡ªlo que le imped¨ªa acogerse a los ERTE¡ª y solo cinco meses despu¨¦s de que firmase el contrato. La empresa la indemniz¨® con 942 euros, pero la sentencia aument¨® esta cifra a 4.435. Adem¨¢s de a la Carta, la sentencia alude al art¨ªculo 10 del Convenio 158 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo, que se expresa en t¨¦rminos parecidos al texto europeo.
Rechazo patronal
UGT anticipa que, sin un cambio normativo, este tipo de decisiones judiciales ser¨¢n habituales, sobre todo cuando la relaci¨®n laboral haya sido corta, lo que provoca una indemnizaci¨®n menor. A la pregunta directa sobre la inseguridad jur¨ªdica que podr¨ªa derivarse de que Espa?a no adapte su normativa, el presidente de la CEOE esquiva el asunto en una entrevista con este peri¨®dico publicada este lunes. A la vez, resta importancia a la decisi¨®n del Comit¨¦. ¡°Es consultivo y hay muchos temas consultivos que no se atienden. Los acuerdos pol¨ªticos son respetables, yo no les quito legitimidad, pero a nosotros no nos obliga¡±, indica Antonio Garamendi.
D¨ªaz ha recordado que la reforma del despido en base a la Carta Social Europea ¡°est¨¢ contemplada en el pacto de Gobierno¡±. ¡°Es clave que lo que es fuente de derecho, como hemos hecho en otras ocasiones, forme parte de nuestra legislaci¨®n¡±, ha asegurado. Su intenci¨®n es abordar el tema una vez termine la negociaci¨®n de la reducci¨®n de jornada y la del estatuto del becario (que se present¨® en p¨²blico hace m¨¢s de un a?o, pero no se aprob¨® en el Consejo de Ministros).
Apenas han trascendido opiniones de la parte socialista del Gobierno al respecto, pero sin duda muestra mucho menos entusiasmo que el grupo de D¨ªaz ante un posible cambio. En la pasada legislatura, el entonces ministro de Seguridad Social, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, dijo que estaba ¡°muy c¨®modo¡± con el sistema ¡°en los t¨¦rminos en los que est¨¢ en este momento¡±.
Con todo, el Ministerio de Justicia (en manos del PSOE) se ha esforzado en que la resoluci¨®n no acabase tomando este camino. Lo hizo a trav¨¦s del representante de Espa?a ante el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que pidi¨® apartar a una experta espa?ola del comit¨¦ porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendaci¨®n del propio Ejecutivo espa?ol, escribi¨® un art¨ªculo en el que sosten¨ªa que la normativa actual no se adec¨²a a la Carta. D¨ªaz envi¨® una carta al ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os, para reclamarle que cejase en ese intento. La experta fue recusada, pero igualmente el CEDS ha fallado a favor de UGT.
Aunque la decisi¨®n del CEDS comprometa pol¨ªticamente a PSOE y a Sumar, no es seguro que tengan los n¨²meros parlamentarios para afrontar una reforma. El acuerdo de los dos partidos tambi¨¦n promet¨ªa ¡°reforzar la causalidad en los supuestos de extinci¨®n de la relaci¨®n laboral¡±.
?Qu¨¦ dice la Carta Social Europea?
El sindicato UGT hab¨ªa presentado una reclamaci¨®n ante el CEDS en 2022 porque, en su opini¨®n, las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el da?o causado al trabajador, sobre todo cuando la relaci¨®n laboral ha sido corta. La Carta establece ¡°el derecho de los trabajadores despedidos sin raz¨®n v¨¢lida a una indemnizaci¨®n adecuada o a otra reparaci¨®n apropiada¡±. Y ese m¨¢ximo de 33 d¨ªas por a?o del sistema tasado espa?ol, interpretaba el sindicato, no siempre es ¡°adecuado¡± o ¡°reparador¡±.
La instituci¨®n encargada de interpretar la Carta le ha dado la raz¨®n. ¡°El Comit¨¦ determin¨® que la compensaci¨®n establecida por la ley espa?ola, fija y predecible, no es suficiente para cubrir los da?os reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores¡±, ha indicado UGT en su nota de prensa, que no ha acompa?ado de la resoluci¨®n porque sobre el contenido concreto a¨²n pesa el embargo. El organismo con sede en Estrasburgo (Francia) publicar¨¢ el detalle el pr¨®ximo lunes.
El vicesecretario general de Pol¨ªtica Sindical, Fernando Luj¨¢n, ha recordado que en el momento en que Espa?a ratific¨® la Carta Social Europea en 2021, su contenido se convierte en derecho espa?ol tan v¨¢lido como el nacional. ¡°Hay pa¨ªses que no han querido obligarse, como Alemania o Austria, y otros que s¨ª. Espa?a tard¨® 25 a?os, pero lo hizo¡±, ha asegurado. Espa?a no se enfrenta a una sanci¨®n europea si no adapta su normativa. Francia o Italia no cambiaron su legislaci¨®n tras se?alamientos parecidos a sus sistemas de despido. ¡°Si el Gobierno no da el paso, vamos a ir sentencia a sentencia, juzgado a juzgado¡±, ha indicado el jefe de UGT.
?C¨®mo cambiar¨¢ el despido?
El compromiso de PSOE y Sumar es adaptar la normativa a la Carta Social Europea, pero no se especifica c¨®mo hacerlo. Seg¨²n han detallado los l¨ªderes de UGT, la resoluci¨®n no incluye recomendaciones. Se limita a se?alar la violaci¨®n del art¨ªculo 24. El ¨²ltimo cambio se dio en 2012, cuando el Gobierno de Rajoy recort¨® 12 d¨ªas respecto a los 45 vigentes hasta entonces (que se mantienen para los periodos anteriores al cambio).
El secretario de Estado de Trabajo, Joaqu¨ªn P¨¦rez Rey, dijo recientemente que el sistema debe caminar hacia ¡°un despido restaurativo y disuasorio; no se puede despedir caprichosamente a la gente¡±. ¡°Eliminar un puesto de trabajo de manera injustificada¡±, continu¨® el secretario de Estado de Empleo, ¡°es un atentado a su ciudadan¨ªa¡±. Esto conecta con una idea que ?lvarez ha repetido varias veces este lunes: la decisi¨®n del CEDS aplica a los despidos injustificados e improcedentes, no a los que se den por causas objetivas.
¡°La patronal no puede confundir y alarmar de manera innecesaria. Hablamos de los despidos improcedentes, esto no va de ERE en los que debe haber causas objetivas. Solo en el supuesto de que no haya esas causas operar¨ªa una indemnizaci¨®n en la que no se sepa de antemano cu¨¢l es, que tenga en cuenta las circunstancia del trabajador. Esta demanda es para que no haya tanta ligereza a la hora de despedir. ?Por qu¨¦ tantas personas hacen tantas horas extra y no las cobran? ?Por gusto? Lo hacen porque el coste del despido es una porquer¨ªa, sobre todo cuando se lleva poco tiempo trabajado¡±, ha comentado el l¨ªder de UGT.
Justo esa ¨²ltima idea es la que vienen se?alando muchos expertos: el sistema tasado espa?ol protege muy bien en las relaciones largas pero no lo hace en las cortas. Esto se aprecia en las estad¨ªsticas del Ministerio de Trabajo: los despedidos de 25 a 34 a?os de edad (que normalmente llevan menos tiempo en su empresa) recibieron una indemnizaci¨®n media de solo 2.669 euros en 2022. Los mayores de 55 a?os, de 17.795. De ah¨ª que tanto este sindicato como UGT vengan defendiendo que una forma de cumplir con la Carta Social Europea pasar¨ªa por una indemnizaci¨®n m¨ªnima, de seis meses de salario. ¡°Siempre en caso de despidos injustos, que no atiendan a causas objetivas¡±, ha insistido ?lvarez.
La patronal no quiere ni o¨ªr hablar de un cambio en la normativa de despido, un tema que no se abord¨® en la reforma laboral, centrada en atajar la temporalidad.
?Es caro el despido en Espa?a?
En 2022, últimos datos disponibles, se notificaron 528.413 despidos en España. Es la cifra más alta desde que hay registros, una serie del Ministerio de Trabajo que empieza en 2015. Los expertos creen que la reforma laboral explica este incremento: por las mayores restricciones para la contratación temporal, muchos empresarios acuden al contrato indefinido y reaccionan ante variaciones cíclicas de la demanda con despidos.
A la vez que aumentaron los despidos en 2022, cayó la cantidad media indemnizada: marcó un mínimo de 8.251 euros, una cifra coherente con el aumento de las rescisiones en relaciones que eran temporales. Los datos apuntalan esta interpretación: en 2019 (antes de la reforma laboral y de la pandemia) hubo 174.039 despidos de trabajadores con más de dos años de antigüedad, casi la misma cifra que en 2022 (171.193). Sin embargo, pese a la buena marcha del empleo, hubo menos ceses de trabajadores con menos de dos años en la empresa en 2019 (267.526) que en 2022 (303.466).
La principal defensa de los empresarios en los debates sobre la indemnización por despido improcedente es recordar que los 33 días con los que se compensa en España están muy por encima de la tasación de otros países. Según datos del Banco Mundial, España indemniza las rescisiones de trabajadores con 10 años de antigüedad con unas 28,6 semanas de salario, frente a las 10,8 de Francia, las 17,1 de Portugal o las 21,7 de Alemania.
Los sindicatos suelen contestar a este argumento indicando que el análisis debe tomar en cuenta otros factores clave como cuánto protege, el tiempo de preaviso o si hay salarios de tramitación. Una estadística a la que habitualmente aluden es la de la rigidez en la protección del empleo que difunde la OCDE. Este indicador tiene en cuenta diferentes variables, como el tiempo de preaviso, la indemnización o las dificultades para ejecutar el despido. En esa clasificación España (2,43 puntos) está por debajo de República Checa (el dato más alto, 3,03), Portugal (2,87) o Francia (2,68), pero por encima de Alemania (2,33) o el Reino Unido (1,9).
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