El Gobierno amenaza con reducir la financiaci¨®n a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda

El Ejecutivo est¨¢ dispuesto a llevar hasta las ¨²ltimas consecuencias su pol¨ªtica de vivienda. ¡°Quien no aplique la ley de vivienda, no va a tener financiaci¨®n del Gobierno central¡±, ha advertido este jueves la ministra del ramo, Isabel Rodr¨ªguez, durante una entrevista en televisi¨®n. En una clara alusi¨®n al poder econ¨®mico que el Gobierno puede ejercer sobre las autonom¨ªas, ha recordado que entre el 70% y el 75% de las pol¨ªticas en esta materia que ejecutan las comunidades se financian con fondos del Estado. ¡°Mi intenci¨®n es seguir apoy¨¢ndolas econ¨®micamente, pero no puedo tratar por igual a quien est¨¢ haciendo esfuerzos y cumpliendo la ley, que a quien por atacar al Gobierno se muestra insumiso¡±, ha recalcado Rodr¨ªguez, en clara alusi¨®n a Madrid.

La ministra fue especialmente cr¨ªtica con la presidenta de esta comunidad, Isabel D¨ªaz Ayuso, a la que ha acusado de insumisi¨®n frente a una ley que tiene como objetivo aliviar la presi¨®n en el mercado del alquiler y mejorar la oferta de vivienda asequible. ¡°Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro S¨¢nchez, se?ora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrile?os y madrile?as que sufren por su insumisi¨®n a la ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados p¨²blicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que est¨¢n obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente¡±, ha incidido en televisi¨®n.

El choque entre ambas partes no es nuevo, incluso antes de su aprobaci¨®n en el Congreso, en abril de 2023, Ayuso ya hab¨ªa dejado claro que no pretend¨ªa limitar precios del alquiler o declarar zonas tensionadas en su territorio, una decisi¨®n que la norma deja en manos de las comunidades aut¨®nomas porque son las que tienen las competencias en la materia. Todos los territorios gobernados por el Partido Popular secundaron la idea, argumentando que se trata de medidas intervencionistas, contrarias a la libertad del mercado y da?inas para la inversi¨®n. De hecho solo una comunidad, Catalu?a, ha habilitado hasta la fecha topes a los alquileres.

Pero la ley de vivienda va m¨¢s all¨¢, y fija otras v¨ªas por las que las comunidades deben priorizar en sus pol¨ªticas el incremento del parque de pisos sociales y asequibles. Un instrumento para orientar ese camino es, por ejemplo, los planes estatales de vivienda. Y en este contexto, el Ministerio de Vivienda ha movido ficha con la nueva amenaza de cortar los fondos a las regiones que se nieguen a implementar la regulaci¨®n.

Sin embargo, los analistas consideran que la advertencia tiene poco recorrido, al menos en la parte relativa a los l¨ªmites de rentas. ¡°Topar los precios es potestad de la comunidad aut¨®noma. No hay un incumplimiento de la ley porque la propia norma deja la decisi¨®n de aplicarse o no en manos de las autonom¨ªas¡±, explica Jos¨¦ Garc¨ªa Montalvo, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. En su opini¨®n, para que el Gobierno pudiera recortar la financiaci¨®n auton¨®mica en esta materia, ser¨ªa necesario cambiar la legislaci¨®n y hacer obligatorio el control de precios. ¡°Solo as¨ª hablar¨ªas de un incumplimiento y podr¨ªa haber un castigo¡±, precisa.

Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociaci¨®n de Promotores y Constructores de Espa?a, asegura que no est¨¢ claro que el recorte de financiaci¨®n sea posible y que, de serlo, no es lo que el pa¨ªs necesita. ¡°Nuestros pol¨ªticos tienen que acercar posturas porque la vivienda es un problema de pa¨ªs, que afecta a nuestro crecimiento econ¨®mico, a nuestro modelo de sociedad y a nuestro futuro. El diagn¨®stico del problema est¨¢ claro, la falta de oferta, y las soluciones tambi¨¦n: m¨¢s seguridad jur¨ªdica, m¨¢s suelo y menos burocracia¡±, detalla.

Quien s¨ª ha acogido positivamente las palabras de Rodr¨ªguez ha sido Sumar. ¡°Las comunidades del PP, que no est¨¢n aplicando la ley de vivienda y que est¨¢n permitiendo que sigamos teniendo abusos y precios absolutamente desorbitados, tienen que aplicar la ley. Y una manera de forzarles es supeditar los fondos estatales destinados a la pol¨ªtica de vivienda¡±, ha incidido el portavoz parlamentario en el Congreso, ??igo Errej¨®n. Y ha insistido en que la medida anunciada por la ministra fue, en realidad, promovida inicialmente por su partido para incluirla en el pacto de Gobierno. Sin embargo, desde el entorno del PSOE han recalcado que es una postura defendida hist¨®ricamente por el partido y que la ministra ya hab¨ªa apoyado en declaraciones anteriores.

Tiempo para la Ley de Vivienda

La ministra ha asegurado que su departamento trabaja en un nuevo plan estatal de vivienda, m¨¢s ambicioso y ajustado a las necesidades actuales del mercado inmobiliario. Este programa, seg¨²n la ministra, ser¨¢ diferente de los anteriores, ya que la situaci¨®n actual ¡°no es la misma que se ven¨ªa gestionando a?os atr¨¢s¡±. Los anteriores, ha explicado, hab¨ªan sido un ¡°apoyo¡± del Gobierno a las comunidades aut¨®nomas que ejerc¨ªan sus competencias sin el amparo de una ley de vivienda. Sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional ha determinado que ¡°el Estado es competente para garantizar la igualdad de los espa?oles en el acceso a la vivienda¡±. En consecuencia, ¡°ah¨ª donde se est¨¢ produciendo una tensi¨®n en los precios de la vivienda, que est¨¢ definida en la ley y que por motivos partidarios no se est¨¢ cumpliendo, tendr¨¢ tambi¨¦n sus consecuencias¡±, aludiendo a los territorios gobernados por la oposici¨®n.

Frente al desaf¨ªo de Madrid y otras regiones gobernadas por el PP, el Gobierno apuesta a que la Ley de Vivienda arroje buenos resultados en Catalu?a, donde este a?o ya entr¨® en vigor el ¨ªndice de precios de referencia para limitar el alquiler. ¡°Estamos en un periodo de prueba, pero soy optimista. Con estabilidad y tiempo, la ley va a ir dando soluciones¡±, ha dicho Rodr¨ªguez al ser preguntada.

La ministra ha puntualizado que el control de precios depende de la ¡°determinaci¨®n¡± de las Administraciones regionales, es decir, que si los alquileres se siguen encareciendo es por falta de voluntad pol¨ªtica. Otro de los frentes abiertos es el destino del suelo p¨²blico. Para Rodr¨ªguez, la protecci¨®n de este recurso es fundamental para garantizar que no vuelva a ocurrir lo que ella describe como ¡°el expolio¡± de lo p¨²blico en manos de ¡°especuladores y fondos buitre¡±, una acusaci¨®n que dirige particularmente hacia Madrid en pleno debate sobre el destino que tendr¨¢n las casas de Operaci¨®n Campamento. A d¨ªa de hoy, la ley contempla que las viviendas protegidas puedan salir al mercado libre 15 a?os despu¨¦s de su concesi¨®n.

El nuevo objetivo de la Administraci¨®n es que las viviendas construidas sobre suelo p¨²blico permanezcan siempre destinadas a fines sociales. Esta misma semana, el PSOE de Madrid registr¨® en la Asamblea regional una iniciativa para que las viviendas protegidas mantengan esa condici¨®n indefinidamente, pero fue rechazada por el Partido Popular. Ante esta negativa, la ministra ha repetido esta semana que toda la financiaci¨®n que salga del ministerio que dirige deber¨¢ tener una ¡°garant¨ªa de perdurabilidad¡±, y hoy ha revelado que Madrid ha recibido 2.000 millones de euros del Gobierno central desde 2018 para pol¨ªticas de vivienda, y ahora quiere que ¡°esos fondos se ejecuten bien y se orienten hacia el cumplimiento de la ley¡±.

Ante estas presiones, la respuesta de Madrid no ha tardado en llegar. El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno de la comunidad, Miguel ?ngel Garc¨ªa, ha asegurado ante los medios que la comunidad ¡°cumple con las normas que le afectan¡±. ¡°Tambi¨¦n con las que no nos gustan¡±, ha precisado. El Ejecutivo regional se ha negado a declarar zonas tensionadas en localidades como Rivas Vaciamadrid o Fuenlabrada, cuyos ayuntamientos, gobernados por la izquierda, lo han solicitado.