La Fiscal¨ªa pide que el Banco de Espa?a entregue al Congreso informaci¨®n sobre los beneficios extraordinarios del sector

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha pedido que el Banco de Espa?a facilite al Congreso de los Diputados el acceso a la informaci¨®n sobre los beneficios extraordinarios que obtuvo la banca en 2022 y 2023 por sus dep¨®sitos. En un informe de alegaciones, el fiscal Manuel Campoy afirma que el supervisor, en el que recientemente ha aterrizado Jos¨¦ Luis Escriv¨¢ como gobernador, ha vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos al rechazar la entrega de dichos datos que fueron solicitados por la C¨¢mara Baja, ampar¨¢ndose en el deber de guardar ¡°secreto profesional¡±. En este sentido, el ministerio p¨²blico solicita que se estime la demanda que tres diputados de Sumar presentaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En concreto, los diputados Txema Guijarro, Carlos Mart¨ªn y Manuel Lago impugnaron un acuerdo del entonces gobernador, Pablo Fern¨¢ndez de Cos, del pasado 10 de junio, dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que deneg¨® el acceso a la informaci¨®n requerida un mes antes relacionada con la ¡°cantidad pagada por el Banco de Espa?a a las entidades de cr¨¦dito en los a?os 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de dep¨®sito, con un desglose del pago individualizado para cada entidad¡±.

La reclamaci¨®n de Sumar se refiere a los ingresos extraordinarios cobrados por las entidades bancarias por la facilidad de dep¨®sito. Esto es, el inter¨¦s que reciben por realizar dep¨®sitos a un d¨ªa en los bancos centrales. Durante la larga era de los tipos cero, esta cifra lleg¨® a ser incluso negativa, por lo que cobraba a los bancos por tener dep¨®sitos en el Eurosistema.

Esta era una de las f¨®rmulas con las que el Banco Central Europeo (BCE) trataba de estimular la econom¨ªa, penalizando que los bancos tuviesen aparcada la liquidez y no la prestasen. Sin embargo, esto cambi¨® con la escalada de la inflaci¨®n en 2022, en plena guerra en Ucrania. El banco central elev¨® los tipos de inter¨¦s y tambi¨¦n la facilidad de dep¨®sito, lo que provoc¨® que las entidades pasasen de pagar por la liquidez depositada en el BCE a r¨¢pidamente obtener r¨¦ditos por ella. Este es uno de los elementos que ha elevado en los ¨²ltimos a?os la liquidez de las entidades e impulsado los beneficios y que justific¨® que el Gobierno introdujese el impuesto extraordinario al sector.

Hern¨¢ndez de Cos habl¨® de este tema en una comparecencia en el Congreso el pasado mes de mayo. ¡°?Por qu¨¦ no podemos darle los datos individuales? Estamos sujetos al deber de confidencialidad [al respecto]. El Banco de Espa?a no puede hacer otra cosa que cumplirlo¡±, dijo en respuesta a una de las preguntas formuladas por uno de los diputados de Sumar que firm¨® la demanda, Carlos Mart¨ªn.

Falta de motivaci¨®n

El fiscal Campoy subraya en su escrito que ¡°quienes est¨¢n pidiendo la informaci¨®n no son particulares, afectados o no por el contenido concernido, sino diputados del Congreso en su condici¨®n de representantes del pueblo espa?ol, por el conducto reglamentario de las c¨¢maras y para el ejercicio de su funci¨®n parlamentaria¡±. Y a?ade que el secreto profesional y empresarial ¡°no constituyen derechos fundamentales, sino medidas instrumentales para la protecci¨®n de determinados intereses concernidos en cada caso y situaci¨®n¡±.

En este sentido, el ministerio p¨²blico critica que el acuerdo del Banco de Espa?a impugnado no motive suficientemente su negativa a entregar la informaci¨®n solicita y se limite a ¡°ofrecer una justificaci¨®n formal con invocaci¨®n de afectar a la ¡®pol¨ªtica monetaria-facilidad de dep¨®sito¡¯ y al ¡®secreto profesional¡¯¡±, haciendo referencia a normas de derecho europeo, cuando dicha normativo ¡°no regula, proh¨ªbe ni impide que la informaci¨®n bancaria que pudiera constituir secreto profesional pueda ser facilitada a los diputados de los parlamentos nacionales cuando fuere recabada en el ejercicio de sus funciones parlamentarias¡±.

Por todo ello, la Fiscal¨ªa pide que a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que anule la resoluci¨®n del Banco de Espa?a porque supone una vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a trav¨¦s de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos p¨²blicos, en su vertiente funcional de acceso a la informaci¨®n de los poderes p¨²blicos. Y, como consecuencia, que se facilite a los diputados la informaci¨®n pedida, previa solicitud motivada del gobernador de celebrar una sesi¨®n secreta o que se aplique el procedimiento establecido para el acceso de materias clasificadas, establecido en el art¨ªculo 6.3 de la Ley de Autonom¨ªa del Banco de Espa?a.