La parte del recibo de la luz que fija el Gobierno subir¨ªa un 50% si se elimina el impuesto el¨¦ctrico

El acuerdo entre el Partido Popular y Junts para suspender el impuesto del 7% a la producci¨®n de cualquier tipo de generaci¨®n el¨¦ctrica a trav¨¦s de una enmienda al proyecto de ley del comercio de emisiones de CO?, actualmente en tr¨¢mite en el Congreso, ha venido a coincidir con la publicaci¨®n de la propuesta de los denominados cargos de la factura de la luz para 2025 por parte del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica. Los cargos suponen aproximadamente una cuarta parte del recibo; otra cuarta parte son los peajes de las redes, que revisa la CNMC y bajar¨¢n un 4% en enero, y la mitad restante corresponde al precio de la energ¨ªa y a los impuestos, como el IVA, que gravan el recibo.

Seg¨²n la propuesta del ministerio que dirige Sara Aagesen, un consumidor tipo (con una potencia de 3,5 kW y un consumo anual de 213 kWh) pagar¨¢ por esa parte de la factura un 33% m¨¢s desde enero, mientras que la subida ser¨ªa del 39% teniendo en cuenta el agregado: la previsi¨®n de cargos netos (restados los ingresos a los costes) para 2025 es de 3.527 millones de euros, frente a los 2.532 millones de 2024. Otra opci¨®n ser¨ªa una inyecci¨®n de fondos p¨²blicos, lo que resulta poco probable ante el escaso margen presupuestario del Ejecutivo.

Se da la circunstancia de que una parte importante de esos cargos (que se destinan a las energ¨ªas renovables con retribuci¨®n especial; la deuda el¨¦ctrica acumulada durante a?os o a subvencionar los sistemas extrapeninsulares), se financian con el impuesto que PP y Junts han pactado eliminar, que supone unos 1.100 millones de euros (otra parte procede de las subastas de CO? y el resto, del bolsillo del consumidor). Por tanto, si se pierden esos ingresos, la subida de enero de los cargos netos ya no ser¨ªa del 39%, sino de algo m¨¢s del 50%. Si bien es cierto que, como subrayan fuentes del PP, los consumidores se ahorrar¨ªan esa cantidad en el precio de la energ¨ªa si se elimina el impuesto, la pagar¨¢n en los cargos. Pero el reparto ya no ser¨¢ el mismo: mientras la repercusi¨®n del 7% que trasladan al precio final las el¨¦ctricas (que son las que pagan el tributo a Hacienda) es igual para todos, los cargos no son lineales y benefician a la gran industria frente a los consumidores dom¨¦sticos, porque se cobran en funci¨®n de las tensiones: a mayor tensi¨®n, caso de las industrias, menores cargos.

El primer Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® en 2012 la Ley de Medias Fiscales para la Sostenibilidad Energ¨¦tica, con la que se cre¨® el pol¨¦mico impuesto del 7% (adem¨¢s de otro sobre la nuclear y un canon hidr¨¢ulico) con el objetivo de sufragar el desbocado d¨¦ficit de tarifa, que lleg¨® a rondar los 30.000 millones de euros. Por tanto, Hacienda lo recaudaba del sistema el¨¦ctrico y despu¨¦s se lo devolv¨ªa al propio sistema (a los cargos) para evitar nuevos d¨¦ficits y poder pagar la deuda que fue titulizada a trav¨¦s del FADE. Por primera vez, el sistema el¨¦ctrico, que hasta entonces hab¨ªa sido autosuficiente (todos los costes los pagaban los usuarios en la factura), comenz¨® a depender de los Presupuestos del Estado, si bien, con dinero de los consumidores y no de los contribuyentes. La tarifa hab¨ªa empezado a soportar costes ajenos, como las elevadas primas de las renovables o el coste financiero de la propia deuda.

4.192 millones para las renovables

La norma no liga textualmente esa recaudaci¨®n a la existencia o no de posibles d¨¦ficits, sino al fomento de las energ¨ªas renovables, que a¨²n recibir¨¢n 4.192 millones de euros el pr¨®ximo a?o. Seg¨²n la ley de 2012, ¡°en las leyes de Presupuestos del Estado de cada a?o se destinar¨¢ a financiar los costes del sistema el¨¦ctrico (..), referidos a fomento de energ¨ªas renovables¡±, un importe equivalente a la estimaci¨®n de la recaudaci¨®n anual derivada de los tributos regulados en dicha ley.

Por tanto, el argumento de que el impuesto ya no tiene sentido porque ya no hay d¨¦ficit (aunque s¨ª una deuda cuya financiaci¨®n supondr¨¢ a¨²n 2.390 millones en 2025) no concuerda con el contenido de la ley. La gran industria que viene presionando desde hace meses para que se elimine el impuesto el¨¦ctrico y los grupos pol¨ªticos que la respaldan alegan que en otros pa¨ªses europeos dicho impuesto no existe, lo que les resta competitividad. Durante los dos a?os largos de crisis energ¨¦tica, el Gobierno lo suspendi¨® y el¨¦ctricas e industria abrigaron la esperanza de que lo eliminar¨ªa definitivamente.

Por el momento, el PSOE y Sumar han aplazado sin fecha la comisi¨®n del Congreso en que se iba a aprobar la medida, en tanto se estudian f¨®rmulas que eviten que se anule el tributo. Una de las que se barajan es retirar la ley y aprobar despu¨¦s un real decreto-ley, lo que le enfrentar¨ªa abiertamente a una oposici¨®n que no respaldar¨ªa su convalidaci¨®n. Seg¨²n distintas fuentes, el Gobierno ten¨ªa la intenci¨®n de vetar la propuesta apelando al art¨ªculo 134.2 de la Constituci¨®n, que establece que ¡°toda proposici¨®n o enmienda que suponga aumento de los cr¨¦ditos (gastos) o disminuci¨®n de los ingresos presupuestarios requerir¨¢ la conformidad del Gobierno para su tramitaci¨®n¡±, un art¨ªculo al que se ha recurrido en numerosas ocasiones. Fuentes del PP reconocen que podr¨ªa haberlo bloqueado, pero la ausencia de un diputado del PSOE en el debate de la ponencia del Congreso permiti¨® que la enmienda se incorporara finalmente al informe, por lo que ya forma parte del articulado del proyecto de ley.

La enmienda transaccional del PP y Junts propone el tipo cero de este impuesto que se aplicar¨ªa siempre que no haya d¨¦ficit de tarifa. Una cuesti¨®n complicada porque si Hacienda se queda sin dicha recaudaci¨®n, tambi¨¦n el sistema se quedar¨ªa sin esos ingresos y el d¨¦ficit quedar¨ªa de nuevo asegurado.