Fedea se?ala que una Agencia Tributaria catalana perjudicar¨ªa la lucha contra el fraude y a la recaudaci¨®n

El acuerdo de financiaci¨®n singular para Catalu?a, suscrito entre el PSC y ERC, para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalidad, supon¨ªa la creaci¨®n de una Agencia Tributaria propia de Catalu?a que recaudar¨ªa la totalidad de los impuestos para entregar despu¨¦s los que correspondan al Estado central. El acuerdo supondr¨ªa un paso atr¨¢s respecto a la direcci¨®n que marca la Uni¨®n Europea y no encaja con lo que establece la Constituci¨®n, seg¨²n un informe publicado por la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (FEDEA) y elaborado por el fiscalista Alberto Garc¨ªa Valera, socio responsable de pol¨ªtica tributaria de la firma Ernst & Young ¡ªque firma este documento¡ª. Este experto, que fue director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, considera que la cesi¨®n ¡°no solo no encuentra acomodo en el propio art¨ªculo 149¡å de la Constituci¨®n ¡°sino que, adem¨¢s, objetivamente, solo resta eficiencia¡± a la labor de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT). Esto debido a que de consolidarse el acuerdo implicar¨ªa, a su juicio, un incremento de los costes de gesti¨®n, un impacto en la recaudaci¨®n y ¡°graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, quebrando principios b¨¢sicos en la gesti¨®n de impuestos¡±. ¡°Deber¨ªamos tener altura de miras y preguntarnos qu¨¦ ganar¨ªan ciudadanos o empresas con esta fragmentaci¨®n. Y la respuesta es que nada¡±, asegura el experto.

El autor, que fue durante unas semanas consejero de Hacienda de la Junta de Andaluc¨ªa con el PP, pone en relieve que el impacto de la financiaci¨®n singular para Catalu?a se vincula principalmente a que esta comunidad supone casi un 20% del Producto Interior Bruto espa?ol y m¨¢s del 16% del total de contribuyentes que se relacionan con la Administraci¨®n Tributaria. Asegura que lo anunciado hasta la fecha ¡°podr¨ªa suponer un cambio de modelo de Estado¡±. ¡°Nos llevar¨ªa hacia un sistema federal, que podr¨ªa tener serios riesgos en t¨¦rminos de equidad y cohesi¨®n territorial y desde luego elevados costes de eficiencia¡±, a?ade. Adem¨¢s de comprometer la labor de asistencia a los contribuyentes, ¡°que se ver¨¢n perjudicados por el incremento de la carga fiscal indirecta y les supondr¨¢ tener que relacionarse con una administraci¨®n tributaria m¨¢s¡± con, presumiblemente, ¡°sus propios requerimientos normativos¡±.

Para Garc¨ªa Valera, esta senda es contraria no solo al camino que se?ala Bruselas, sino tambi¨¦n al de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE), que sostienen que ¡°para conseguir una mayor eficacia en la gesti¨®n del sistema tributario, se deber¨ªa lograr una mayor integraci¨®n y coordinaci¨®n de todas las Administraciones Tributarias¡±. ¡°Perder¨ªamos en la aplicaci¨®n de las mejores pr¨¢cticas que permiten las econom¨ªas de escala¡±, afirma en este sentido.

Informaci¨®n y asistencia tributaria

En concreto, el documento del think tank analiza las posibles repercusiones de lo pactado en dos de las funciones esenciales de la AEAT: la labor preventiva de asistencia al contribuyente y la del control tributario como tal. Respecto a la primera tarea, Garc¨ªa Valera se?ala que cortar el flujo de informaci¨®n a falta ¡°de unas bases de datos completas e integradas¡±, compromete labores como la de ofrecer borradores de declaraci¨®n a los ciudadanos, la gesti¨®n programas de ayuda, las depuraciones censales, el seguimiento de la adecuada presentaci¨®n de las declaraciones, o el correcto tratamiento de retenciones y pagos fraccionados, tanto de empresas como particulares.

Pese a reconocer que la AEAT ha avanzado mucho en el intercambio de informaci¨®n, el experto afirma que a¨²n ¡°existe un importante desfase temporal que impide dotar al sistema de la eficiencia que tiene cuando s¨®lo est¨¢n implicada la Agencia Estatal¡±. Cita el ejemplo del Convenio con el Organismo Aut¨®nomo de Hacienda Foral de Navarra y concluye que ¡°nada tienen que ver las posibilidades de gesti¨®n del conocimiento que te da poder trabajar partiendo de una ¨²nica base de datos, que hacerlo sobre la base de una simple cesi¨®n, con una demora generalmente anual¡±.

Control tributario y seguridad jur¨ªdica

El deterioro del flujo de informaci¨®n tambi¨¦n entorpecer¨ªa, seg¨²n el documento, ¡°un adecuado control integral de las actividades econ¨®micas y con ello del Impuesto de Sociedades, IVA, Retenciones y dem¨¢s tributos que giran alrededor de dicha actividad, deber¨ªa gestionarse de forma integral por la AEAT¡±. Adem¨¢s ¡°dificultar¨ªa enormemente la eficacia en la lucha contra el fraude¡±.

Tambi¨¦n prev¨¦ que una cesi¨®n de impuestos a Catalu?a perjudicar¨ªa al control que efect¨²a la AEAT respecto de la relaci¨®n socio-sociedad. ¡°Con una AEAT fraccionada, las operaciones coordinadas a nivel central de la AEAT por el Departamento de Inspecci¨®n, y que suelen ser habituales en los planes de inspecci¨®n, no se podr¨ªan efectuar con empresas con domicilio en Catalu?a¡±, afirma. Tambi¨¦n pone sobre la mesa el impacto en el caso de las grandes multinacionales, coordinado normalmente desde la Oficina de Fiscalidad Internacional y ejecutado en gran medida desde la Delegaci¨®n Central de Grandes contribuyentes.

A juicio del autor, estos aspectos tambi¨¦n amenazan la seguridad jur¨ªdica que ¡°se podr¨ªa ver seriamente afectada por la aparici¨®n en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, y que puede ahuyentar el establecimiento de empresas que pretenden establecerse en Espa?a con un modelo de negocio ¨²nico, y que sea fiscalmente tratado como tal¡±.

Motivaci¨®n pol¨ªtica

Garc¨ªa Valera sostiene que las razones para exigir estas competencias de gesti¨®n tributarias ¡°tienen poco que ver con la eficiencia o incluso con la defensa de la autonom¨ªa¡±. ¡°Parece haber, desde luego motivos exclusivamente pol¨ªticos que tratan de justificar esta medida¡±, afirma, como procurar obtener una mayor financiaci¨®n por residente en Catalu?a.

El autor basa estos argumentos en una de las m¨¢ximas del independentismo catal¨¢n, la noci¨®n de que esta comunidad ¡°aporta al Estado m¨¢s de lo que recibe¡±. ¡°Dicha actitud pone en manifiesto que no aceptar¨ªan, entre otros, los principios constitucionales de solidaridad entre regiones y de garant¨ªa de los servicios p¨²blicos esenciales¡±, concluye.