La financiaci¨®n singular para Catalu?a reaviva las demandas de las comunidades m¨¢s castigadas por el sistema
Las autonom¨ªas infrafinanciadas piden ser compensadas con 3.200 millones al a?o. Comprom¨ªs exige que los Presupuestos recojan esos fondos para dar su apoyo a las cuentas
El acuerdo para una financiaci¨®n singular catalana ha reactivado las demandas del resto de territorios, en particular de los que se consideran m¨¢s castigados por el actual sistema. Andaluc¨ªa, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han redoblado sus exigencias al Gobierno para que las compense porque reciben menos recursos por habitante que la media. Esa batalla, que anticipa unas duras negociaciones para cambiar el actual sistema, amenaza incluso con complicar todav¨ªa m¨¢s la viabilidad de sacar adelante los Presupuestos de 2025 por las fisuras que provoca tambi¨¦n dentro del bloque de investidura. Comprom¨ªs ya ha avanzado que no apoyar¨¢ las cuentas si no se produce esa transferencia de esos fondos a la Comunidad Valenciana, que estiman que asciende a unos 1.200 millones, mientras que las dudas sobre el voto de Junts crecen por su beligerancia con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez por el pacto entre PSC y ERC para hacer president a Salvador Illa.
La financiaci¨®n auton¨®mica ha empezado a calentar ya el nuevo curso pol¨ªtico. El Partido Popular ha forzado con su mayor¨ªa absoluta a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, comparezca en el Senado esta semana para dar cuenta de los pactos para una financiaci¨®n singular en Catalu?a. Antes, la formaci¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o hab¨ªa intentado que compareciera en el Congreso, pero su demanda no prosper¨® pese a contar con el apoyo de Vox y Junts. Adem¨¢s de dar explicaciones, Montero tambi¨¦n deber¨¢ empezar a trabajar en unir las piezas de un rompecabezas, el de la financiaci¨®n auton¨®mica, que varios expertos consultados creen que solo puede solucionarse de una manera: con m¨¢s dinero del Estado encima de la mesa. Y eso es lo que ya han empezado a pedir autonom¨ªas como la Comunidad Valenciana o Andaluc¨ªa, que han armado un frente com¨²n con Murcia y Castilla-La Mancha. Estas cuatro autonom¨ªas piden 3.200 millones para disponer de los mismos recursos que la media para sus servicios p¨²blicos.
Si bien las dos comunidades m¨¢s beligerantes con el cobro de esos fondos est¨¢n gobernadas por el PP, la cuesti¨®n puede estallar de forma inmediata al Gobierno si decide seguir adelante con su plan de llevar unas cuentas al Congreso. El portavoz de Comprom¨ªs en las Cortes valencianas, Joan Baldov¨ª, advirti¨® esta semana de que no apoyar¨¢ ni los Presupuestos de 2025 ni el nuevo modelo de financiaci¨®n para Catalu?a sin esa partida para su comunidad. Fuentes de la coalici¨®n estiman que se trata de unos 1.200 millones. El Ministerio de Hacienda declina comentar esa reclamaci¨®n y sostiene que, en todo caso, todas esas demandas deber¨¢n ser negociadas. Dar ese portazo no es f¨¢cil, puesto que los acuerdos de Gobierno entre PSOE y Sumar recogen ese compromiso. ¡°Mientras esa reforma [de la financiaci¨®n] no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizar¨¢ a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades aut¨®nomas infrafinanciadas la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos al mismo nivel que el resto del Estado¡±, reza el documento.
Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andaluc¨ªa, explica que su comunidad reclama 1.079 millones anuales hasta que se pacte un nuevo sistema. ¡°Es un punto de partida para equilibrar la negociaci¨®n a futuro¡±, sostiene en conversaci¨®n telef¨®nica con EL PA?S. ¡°Es el mismo fondo de nivelaci¨®n transitorio que reclamaba Montero cuando era consejera de Hacienda y que el PP apoy¨® entonces con un gobierno de Mariano Rajoy¡±, afirma. Sanz advierte de que la negociaci¨®n debe producirse desde ¡°la multilateralidad¡±, dentro del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. ¡°Los acuerdos por debajo de la mesa suponen un da?o irreparable¡±, apunta en referencia a la financiaci¨®n singular catalana. Sin embargo, esas negociaciones con todo el tablero auton¨®mico que reivindica Sanz son las que pueden obstaculizar sus aspiraciones, puesto que comunidades de su mismo color pol¨ªtico como Castilla y Le¨®n ya se han manifestado en contra de la creaci¨®n de ese fondo compensatorio.
Esas diferencias entre barones del PP impedir¨¢n que el pr¨®ximo viernes acudan al c¨®nclave convocado por Alberto N¨²?ez Feij¨®o con una propuesta com¨²n, m¨¢s all¨¢ de denunciar los ¡°privilegios¡± de la financiaci¨®n singular de Catalu?a. Hasta ahora Montero viene usando la baza de poner de manifiesto que los populares carecen de un modelo alternativo. No obstante, las cr¨ªticas tambi¨¦n llegan desde dentro del bloque de investidura. Comprom¨ªs, Chunta o BNG han advertido de que solo respaldar¨¢n los acuerdos para investir a Salvador Illa si obtienen m¨¢s fondos para sus comunidades. ERC ha sostenido que el acuerdo est¨¢ blindado y hay un plan B para sacarlo adelante, pero se antoja muy complicado hacerlo sin abordar el sistema de financiaci¨®n ni las demandas de todos los socios, que incluyen las quitas de la deuda del Fondo de Liquidez Auton¨®mico.
Montero, que acudir¨¢ el mi¨¦rcoles al Senado, se ha limitado a avisar de que el acuerdo catal¨¢n no es ¡°ni un concierto ni una reforma al uso del sistema de financiaci¨®n¡±. Si bien su ministerio ha matizado que cumplir¨¢ con todo lo pactado por PSC y ERC, Junts ha acusado ya a los republicanos de ¡°enga?ar¡± a los ciudadanos. El malestar de la formaci¨®n de Carles Puigdemont no es inocuo: de sus siete votos puede depender que el sistema pueda tener una mayor¨ªa parlamentaria. El pacto alcanzado en Catalu?a, de hecho, es casi id¨¦ntico a la propuesta de 2005 que formul¨® el tripartito y respaldaron 119 de los 135 diputados del Parlamento catal¨¢n ¡ªincluida CiU¡ª y al pacto fiscal de Artur Mas aprobado en 2012. Las semejanzas llegan incluso a la f¨®rmula para pagar los servicios prestados por el Estado a trav¨¦s de su participaci¨®n en los impuestos.
¡°El principal problema es la ret¨®rica¡±, afirma Javier Loscos, profesor de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, quien cree que atender la singularidad catalana no es incompatible con abordar las de la Comunidad Valenciana o Andaluc¨ªa. La clave de la negociaci¨®n estar¨¢ en la cuant¨ªa de la cuota para sufragar los servicios prestados por el Estado en Catalu?a y la solidaridad interterritorial y ver si esa comunidad aut¨®noma acaba saliendo del r¨¦gimen com¨²n o bien se puede encajar su ¡°singularidad¡± dentro de este, lo que a su juicio no impide el pacto de PSC y ERC. Cuando se aprob¨® en 2005, el PSC sosten¨ªa que ese modelo era generalizable y financiable, aunque no todo el mundo lo vio as¨ª. La otra clave, para Loscos, ser¨ªa mantener el Fondo de Garant¨ªa de Servicios P¨²blicos Fundamentales a la hora de reformar el sistema. ¡°Se trata de que se corrijan distorsiones y ninguna comunidad sienta que pierde con el nuevo sistema. Y eso pasa por m¨¢s recursos que deber¨¢ inyectar el Estado¡±, a?ade el profesor.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.