La ordinalidad que pide Catalu?a exigir¨ªa entre 4.800 y 6.100 millones m¨¢s para el sistema de financiaci¨®n

La ordinalidad que reclama Catalu?a costar¨ªa hasta 6.100 millones al Estado. Esta exigencia forma parte del acuerdo de financiaci¨®n singular entre el PSC y ERC que desbloque¨® la investidura de Salvador Illa como president y que vinculaba a este principio su futura aportaci¨®n a la solidaridad interterritorial. La ordinalidad busca que ninguna comunidad reciba menos dinero por habitante que otras autonom¨ªas que hayan aportado menos a la caja com¨²n del sistema. La Generalitat, uno de los contribuyentes netos por tener mayor capacidad fiscal, pierde posiciones relativas en el ranking territorial en beneficio de regiones como Cantabria y La Rioja, que ganan puestos tras el reparto del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. El ala soberanista quiere acabar con este modelo y el pacto con el PSC, a priori, sienta las bases para abrir el debate y redise?ar el esquema. En este marem¨¢gnum de posibilidades, Fedea plante¨® ayer un escenario del que pueden partir las negociaciones y que trata de ¡°caminar hacia la ordinalidad, al tiempo que propone ¡°una racionalizaci¨®n del actual patr¨®n distributivo de los recursos¡±. Bastar¨ªa con una serie de ajustes en el modelo y con una compensaci¨®n de entre 4.800 y 6.100 millones de euros para las comunidades perjudicadas por el cambio.

El estudio propone encajar la ordinalidad que pide Catalu?a sin hacer saltar las costuras del modelo actual. Este principio deber¨ªa garantizar que el reparto de los recursos sea acorde a la capacidad tributaria de cada territorio, algo que con el esquema actual no siempre ocurre. Valga un ejemplo para explicar esta distorsi¨®n, tachada de ¡°perjuicio objetivo e injustificable¡± por los independentistas catalanes: si se ordenaran las autonom¨ªas por sus ingresos tributarios, Extremadura quedar¨ªa en las ¨²ltimas posiciones ¡ªpor ende, es de las que menos aportan a la caja com¨²n¡ª; sin embargo, escala hasta los primeros puestos en cuanto a recursos recibidos tras los ajustes del sistema. Al contrario, Catalu?a tiene una elevada capacidad tributaria y recibe recursos en la media, mientras que la asignaci¨®n de Madrid est¨¢ hasta por debajo pese a ser el motor econ¨®mico del pa¨ªs.

El modelo de financiaci¨®n es el encargado de repartir los recursos entre las comunidades para que todas dispongan del dinero necesario por habitante ajustado para prestar los servicios que gestionan, como educaci¨®n o sanidad, a igualdad de condiciones. El sistema funciona a trav¨¦s de diferentes aristas. La m¨¢s importante es la cesta com¨²n en la que acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales, adem¨¢s de los impuestos cedidos totalmente y otras aportaciones estatales. Todo este dinero, al que los territorios contribuyen con cerca de un 75% de sus ingresos, se reparte despu¨¦s a trav¨¦s de varios fondos.

De todos ellos, el m¨¢s importante es el Fondo de Garant¨ªa de Servicios P¨²blicos Fundamentales (que recoge los fondos para pagar la sanidad, la educaci¨®n y los servicios sociales auton¨®micos), que, seg¨²n explica Diego Mart¨ªnez L¨®pez, catedr¨¢tico de la Universidad Pablo Olavide y autor del informe, ofrece un patr¨®n distributivo que, por regla general, garantiza la ordinalidad. Son el resto de fondos, como los de convergencia y el de suficiencia global, los que generan las distorsiones. En este punto, Mart¨ªnez L¨®pez propone integrar estos fondos secundarios en el principal, a la vez que se reducir¨ªa el porcentaje de mutualizaci¨®n de los ingresos. El documento plantea dos escenarios, uno en el que la rebaja ser¨ªa hasta el 50% y otro en el que llegar¨ªa al 65% ¡ªla diferencia se la quedar¨ªan los gobiernos auton¨®micos¡ª, y que Mart¨ªnez L¨®pez considera m¨¢s efectivo.

Las principales beneficiarias del cambio ser¨ªan Catalu?a, Baleares y Madrid, adem¨¢s de la Comunidad Valenciana, tradicionalmente infrafinanciada. Entre las cuatro ganar¨ªan entre 4.819 y 6.138 millones, en funci¨®n de que la aportaci¨®n a la caja com¨²n se reduzca al 50% o al 65%. Esas mismas cantidades se restar¨ªan de los recursos del resto de comunidades del r¨¦gimen com¨²n, con especial impacto en Galicia, Canarias, Extremadura y Castilla y Le¨®n.

Estos cambios, sin embargo, no implicar¨ªan una menor financiaci¨®n por habitante. ¡°Nadie va a perder recursos en t¨¦rminos absolutos¡±, explica el autor del documento. Las comunidades que con la propuesta de reforma reciban unas cantidades menores deber¨ªan ser compensadas por el Estado con transferencias decrecientes en el tiempo, para que el orden final, una vez aplicados los ajustes del sistema, respete la ordinalidad. Eso s¨ª, ¡°van a ir perdiendo posiciones relativas poco a poco¡±, a?ade Mart¨ªnez L¨®pez.

En otras palabras, las que m¨¢s arriba est¨¢n en la lista por tener m¨¢s capacidad tributaria tambi¨¦n copar¨ªan las primeras posiciones en cuanto a fondos repartidos del sistema. Madrid, Baleares y Catalu?a pasar¨ªan as¨ª a estar arriba en cuanto a recursos del modelo de financiaci¨®n, respetando su mayor esfuerzo fiscal, mientras que Canarias y Extremadura, por ejemplo, se situar¨ªan por debajo de la media.