La brecha de financiaci¨®n por habitante toca m¨¢ximos: los riojanos reciben 900 euros m¨¢s que los murcianos

El sistema de financiaci¨®n auton¨®mica que rige en Espa?a se dise?¨® con el objetivo de que las 15 comunidades de r¨¦gimen com¨²n (todas salvo Pa¨ªs Vasco y Navarra) tengan recursos para prestar en las mismas condiciones los servicios p¨²blicos en los que tienen competencias. Para ello, dado que hay territorios m¨¢s ricos que otros, se prev¨¦n transferencias desde el Estado hacia las regiones y entre las propias autonom¨ªas. En este esquema, las tres zonas con m¨¢s capacidad fiscal (Madrid, Catalu?a y Baleares) contribuyen m¨¢s de lo que reciben, mientras que las otras 12 obtienen m¨¢s de lo que aportan. En la pr¨¢ctica, sin embargo, el modelo origina varias divergencias una vez que se produce el reparto. La m¨¢s flagrante es la brecha entre los territorios que hist¨®ricamente han estado mejor tratados ¡ªCantabria, Baleares y La Rioja¡ª y los m¨¢s castigados ¡ªMurcia, Comunidad Valenciana y Andaluc¨ªa¡ª. En euros, la diferencia de recursos per capita entre la primera y la ¨²ltima ascendi¨® a los 900 euros en 2022, r¨¦cord hist¨®rico teniendo en cuenta que normalmente oscila entre los 600 y los 700 euros.

Los datos se extraen del informe La liquidaci¨®n de 2022 del sistema de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n, publicado la semana pasada por Fedea y elaborado con las ¨²ltimas cifras del Ministerio de Hacienda. En ese a?o, explica ?ngel de la Fuente, autor del documento y director ejecutivo del centro de an¨¢lisis econ¨®mico, el volumen total de recursos experiment¨® un incremento de unos 18.200 millones con respecto a 2021 debido fundamentalmente a la buena marcha de los ingresos tributarios estatales y auton¨®micos. Eso hizo que, de media, el volumen de dinero por habitante que llega a cada territorio superase por primera vez la barrera de los 3.000 euros.

Sin embargo, dado el funcionamiento del modelo y los criterios de reparto, este bal¨®n de ox¨ªgeno no corrigi¨® las deficiencias que arrastra el esquema, sino que las hizo m¨¢s abultadas. As¨ª, la distancia entre el territorio mejor financiado ¡ªen este caso La Rioja, con 3.954 euros por persona¡ª y el peor ¡ªMurcia, con 3.056 euros¡ª se hizo m¨¢s palpable todav¨ªa. En 2021, la brecha entre el primero (Cantabria) y el ¨²ltimo (de nuevo Murcia) fue de 726 euros.

Los ingresos de las regiones bajo el actual esquema provienen de la recaudaci¨®n de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El sistema engorda una cesta com¨²n donde acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales ¡ªlos tributos que Estado y comunidades comparten¡ª, adem¨¢s de los impuestos cedidos totalmente y aportaciones estatales. Por eso, desde Fedea alertan de las consecuencias que tendr¨ªa la salida de Catalu?a del modelo, dado que la Generalitat es uno de los aportadores netos.

Este dinero se reparte mediante una f¨®rmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada regi¨®n para financiar un nivel uniforme de servicios p¨²blicos, como sanidad o educaci¨®n. Para determinar las cuant¨ªas se utiliza la variable de poblaci¨®n ajustada, un modelo que sustituye a la poblaci¨®n real de cada territorio y que tiene en cuenta caracter¨ªsticas como el n¨²mero de habitantes en edad escolar o mayor de 65 a?os o la dispersi¨®n demogr¨¢fica e insularidad. El modelo actual y sus criterios, que datan de 2009, no se han adaptado a los cambios demogr¨¢ficos y econ¨®micos a lo largo del tiempo, por lo que las disparidades iniciales se han acrecentado.

Pese a estas cifras, sin embargo, las comunidades peor tratadas son receptoras netas del modelo de financiaci¨®n, es decir, todas ellas reciben tradicionalmente m¨¢s de lo que aportan. El sistema est¨¢ pensado para que solo sean aportadores netos los territorios de mayor capacidad fiscal, es decir, Madrid, Catalu?a y Baleares. En 2022, contribuyeron respectivamente con unos 7.000 millones, 2.000 millones y 300 millones de euros, respectivamente. El resto de autonom¨ªas oscil¨® entre los 377 millones de saldo positivo de La Rioja y los 6.100 millones de Andaluc¨ªa.

Una reforma endiablada

La reforma del sistema de financiaci¨®n lleva debati¨¦ndose desde hace a?os en los c¨ªrculos de expertos y ha saltado al debate p¨²blico en los ¨²ltimos meses. A las exigencias de las comunidades hist¨®ricamente infrafinanciadas, que reclaman un redise?o urgente, se le han unido las demandas de los partidos soberanistas catalanes, que denuncian lo que a su juicio es una infrafinanciaci¨®n hist¨®rica. La semana pasada, con el fin de desbloquear la investidura de Salvador Illa, el PSC y ERC acordaron un modelo de financiaci¨®n singular que sacar¨ªa a Catalu?a del r¨¦gimen com¨²n a cambio de una aportaci¨®n a la solidaridad de la que se desconoce su cuant¨ªa, algo parecido a lo que ocurre con Pa¨ªs Vasco y Navarra.

M¨¢s all¨¢ de este cambio, el cual supondr¨ªa un desbarajuste de calado para el modelo al fragmentarse la caja ¨²nica, la reforma del sistema es endiablada por otra serie de cuestiones. De entrada, la pr¨¢ctica totalidad de territorios ¡ªincluyendo a los que m¨¢s financiaci¨®n reciben¡ª denuncian que el sistema carece actualmente de los recursos suficientes, por lo que no quedar¨ªa m¨¢s remedio que aumentarlos. Esto podr¨ªa hacerse a trav¨¦s de m¨¢s transferencias del Estado o a costa de que los Gobiernos regionales se queden con una parte mayor de los impuestos compartidos, en detrimento de la Administraci¨®n central.

Otra complicaci¨®n est¨¢ vinculada con el principio del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba con la modificaci¨®n menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior, es decir, el ahora vigente. Esta regla, en la pr¨¢ctica, desvirt¨²a cualquier negociaci¨®n porque sit¨²a en una posici¨®n privilegiada a las comunidades que actualmente tienen m¨¢s financiaci¨®n media por habitante.

En este punto entra en juego otro de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos, que es la posibilidad de adoptar el principio de ordinalidad, algo que tambi¨¦n reclaman los soberanistas catalanes. Esta teor¨ªa defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelaci¨®n deben corregir la desigualdad, pero no revertir el ranking de recursos per c¨¢pita. Es decir, el modelo debe reducir las diferencias entre las zonas m¨¢s ricas y las m¨¢s pobres, pero no intercambiar sus posiciones, que es lo que ahora sucede. Actualmente, Madrid es la comunidad con m¨¢s capacidad fiscal, pero cae al puesto duod¨¦cimo en recursos por habitante una vez aplicados los ajustes. Algo similar pasa con Catalu?a, la segunda m¨¢s rica y la d¨¦cima tras el reparto. Al otro lado se encuentran regiones como Canarias o Galicia.

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