A la carrera por la segunda oportunidad para saldar las deudas

La segunda oportunidad o beneficio de exoneraci¨®n del pasivo insatisfecho (BEPI) es el mecanismo por el que las personas f¨ªsicas en situaci¨®n de insolvencia, empresarias o no, pueden ver perdonadas sus deudas si cumplen una serie de requisitos. La Ley Concursal vigente hasta 2020 no lo reconoc¨ªa, pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 entendi¨® que tambi¨¦n, entre las deudas que pueden ser perdonadas en los BEPI con plan de pagos, se incluyen los cr¨¦ditos p¨²blicos. Lo son, por ejemplo, los que se tienen ante Hacienda o la Seguridad Social.

As¨ª, el texto refundido de la Ley Concursal, en vigor desde septiembre de 2020, cay¨® como un jarro de agua fr¨ªa al recoger expresamente que no cab¨ªa tal exoneraci¨®n de cr¨¦dito p¨²blico. Sin embargo, y pese a ello, la mayor¨ªa de los juzgados (salvo escasas excepciones en algunos juzgados mercantiles de A Coru?a, Bilbao y Oviedo y pocos de los 13 de Barcelona) y todas las audiencias provinciales que se han pronunciado al respecto (9 hasta la fecha) siguen aplicando el criterio del Supremo y, por lo tanto, perdon¨¢ndolo. Y ello debido a que consideran que la norma refundida contradice la directiva de la Uni¨®n Europea.

Sin embargo, esta situaci¨®n podr¨ªa cambiar en breve si la reforma concursal, proyectada por el Ministerio de Justicia y presentada al Parlamento el pasado diciembre, no se modifica en este punto. La futura norma persiste en impedir el perd¨®n del cr¨¦dito p¨²blico, excepto en una curiosa cuant¨ªa que se ha establecido en un m¨¢ximo de mil euros frente a Hacienda y otros mil ante la Seguridad Social. Al tratarse de una ley nueva, no de un texto refundido, ¡°se acabar¨ªan los argumentos para los juzgados que mantienen la interpretaci¨®n del Tribunal Supremo¡±, advierte Aner Uriarte, juez decano de Bilbao y exjuez de lo Mercantil en dicha plaza.

La reforma debe estar en vigor el 30 de junio de 2022, por lo que muchos aut¨®nomos y empresarios personas f¨ªsicas en situaci¨®n de insolvencia est¨¢n acudiendo al concurso. Y ello antes de que sea demasiado tarde y pese a la moratoria concursal prorrogada hasta esa misma fecha, sobre todo si el juzgado competente es uno de los que saben que est¨¢n perdonando deudas con la Administraci¨®n. As¨ª, abogados expertos en esta materia han notado una creciente demanda de sus servicios. Es el caso de Yvonne Pav¨ªa, socia fundadora de Pav¨ªa Concursalistas, quien, adem¨¢s, recomienda acudir a este salvavidas siempre que sea preciso ¡°porque funciona¡± y llama a hacerlo cuanto antes ¡°porque no tiene sentido agonizar¡±. Pero, adem¨¢s, aconseja a sus clientes ¡°instarlo ya¡± dada la coyuntura legal.

Un importante argumento a favor de la conveniencia de acudir a la segunda oportunidad antes de que se apruebe la reforma concursal es que el nuevo texto solo se aplicar¨¢ a las solicitudes de exoneraci¨®n del pasivo que se presenten despu¨¦s de su entrada en vigor. Este hecho ¡°puede acelerar la presentaci¨®n de solicitudes de declaraci¨®n de concurso sin la mediaci¨®n concursal previa o, incluso, antes del momento procesal oportuno del propio concurso¡±, comenta el abogado Cristian Valc¨¢rcel, de DWF-RCD, quien refrenda el aumento de casos.

Agravio comparativo

Esta situaci¨®n va a dar lugar a agravios comparativos, vaticina Valc¨¢rcel, con ¡°deudas id¨¦nticas que se pueden encontrar con diferentes efectos: unas llegar¨¢n a tiempo para exonerar y otras no, seg¨²n cu¨¢ndo entre en vigor la norma y seg¨²n la condici¨®n de empresario o no del deudor y, por consiguiente, del juzgado competente para su tramitaci¨®n¡±.

Ni siquiera en Barcelona, plaza tradicionalmente pionera en materia concursal, y que adem¨¢s funciona como piloto del futuro tribunal de instancia, sus jueces han conseguido a¨²n un criterio un¨¢nime a este respecto. Pero la mayor¨ªa de ellos, as¨ª como su audiencia provincial, apuestan por la exoneraci¨®n del cr¨¦dito p¨²blico. Con respecto a que pueda lograrse un acuerdo, la magistrada Yolanda R¨ªos, titular del Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 1 de la citada localidad, indica que ¡°con el texto refundido ya sab¨ªamos que hab¨ªa posturas discrepantes, pero no es descartable que podamos llegar a abordar el tema¡±, reconociendo que, ¡°sin duda, ser¨ªa deseable para la seguridad jur¨ªdica¡±. Ser¨ªa un acuerdo, aclara, ¡°que seguir¨ªamos voluntariamente. Nunca va a ser vinculante¡± por motivos claros de independencia judicial.

Si la versi¨®n actual de la nueva ley prospera, seguramente ¡°veremos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, con la consiguiente inseguridad jur¨ªdica hasta que se resuelvan¡±, augura Pav¨ªa. La jurista cuenta con una opini¨®n clara al respecto: ¡°No estoy de acuerdo con esta no exoneraci¨®n porque ser¨ªa un retroceso en la aplicaci¨®n del mecanismo y porque la directiva la recoge y otros pa¨ªses europeos la han traspuesto o est¨¢n en proceso de transponerla exonerando el cr¨¦dito p¨²blico¡±. R¨ªos, sin embargo, mantiene una postura m¨¢s esc¨¦ptica. Manifiesta dudas en cuanto a que de la directiva emane una obligaci¨®n del legislador o solo sea una mera recomendaci¨®n. ¡°Creo m¨¢s bien que es una opci¨®n de los Estados miembros¡±, matiza.

En todo caso, y a la espera de las enmiendas que puedan suscitarse en la tramitaci¨®n parlamentaria, las cr¨ªticas al sorprendente l¨ªmite de mil euros de perd¨®n de Hacienda y mil euros de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social no se han hecho esperar. No se entiende de d¨®nde procede la cifra, ni por qu¨¦ esa cuant¨ªa, ni por qu¨¦ no incluye otros cr¨¦ditos p¨²blicos o si no ser¨ªa m¨¢s justo que se tratara de un porcentaje de la deuda.