El ingreso m¨ªnimo vital: una pol¨ªtica necesaria que puede mejorar

Hace unos d¨ªas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emiti¨® su segunda opini¨®n sobre el ingreso m¨ªnimo vital (IMV). La atenci¨®n medi¨¢tica suscitada por el cruce de declaraciones entre los responsables de ese organismo y los del Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones ha dejado en un segundo plano el debate sobre los logros y l¨ªmites de esta pol¨ªtica de inclusi¨®n tres a?os despu¨¦s de su puesta en marcha.

Los programas de renta m¨ªnima son un instrumento central en la pol¨ªtica social en la gran mayor¨ªa de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. La creaci¨®n del IMV supuso la correcci¨®n de una anomal¨ªa hist¨®rica, que hab¨ªa sido criticada recurrentemente por la Comisi¨®n Europea. Su desarrollo fue un gran reto para el sistema de gesti¨®n de la Seguridad Social, poco habituado a aumentos tan r¨¢pidos de la demanda y a las caracter¨ªsticas de los posibles perceptores. M¨¢s de 600.000 hogares han entrado en alg¨²n momento en el programa ¡ªno se publican datos del volumen actual de perceptores¡ª y, desde su inicio, se han recibido m¨¢s de dos millones y medio de solicitudes.

Las referencias m¨¢s habituales para medir la eficacia de una renta m¨ªnima son su adecuaci¨®n o capacidad para acercar las rentas al umbral de pobreza, complementando otros posibles ingresos del hogar, y la cobertura de las personas potencialmente elegibles. Un avance importante del IMV respecto a prestaciones ya existentes, como las rentas m¨ªnimas auton¨®micas, es su mayor adecuaci¨®n, sobre todo en los hogares con menores de edad. Esta protecci¨®n se reforz¨® con el aumento del 15% de su cuant¨ªa en 2022, que compens¨® gran parte de la merma de capacidad adquisitiva causada por la inflaci¨®n. Tal mejora no ha significado, sin embargo, un gran acercamiento respecto a los pa¨ªses europeos con programas m¨¢s generosos y tampoco resulta suficiente para reducir sustancialmente la tasa de riesgo de pobreza, aunque s¨ª sus manifestaciones m¨¢s severas.

La principal objeci¨®n que ha recibido el IMV es la limitada cobertura de los hogares con ingresos insuficientes. La normativa de la Seguridad Social deja fuera a algunos hogares especialmente vulnerables, como los conformados por personas extranjeras en situaci¨®n administrativa irregular o, salvo excepciones, los titulares menores de 23 a?os, por el temor a no crear una renta de emancipaci¨®n. Esa normativa, adem¨¢s, define unidades de convivencia demasiado amplias y es r¨ªgida en lo que respecta a las condiciones de patrimonio.

A estos problemas se a?ade la dificultad que tienen estos programas para recoger el car¨¢cter din¨¢mico de la pobreza. Todas las personas de la unidad de convivencia deben cumplir todos los requisitos durante todo el tiempo de posible percepci¨®n de la prestaci¨®n, que adem¨¢s se paga dependiendo de los ingresos fiscales del a?o anterior. Una de las caracter¨ªsticas m¨¢s determinantes de la pobreza es, sin embargo, la gran variabilidad de los ingresos, que puede generar el problema de tener que devolver las cantidades indebidamente percibidas. Los procedimientos de reclamaci¨®n son muy complejos para este tipo de hogares, sin que haya justicia gratuita para las reclamaciones previas a la Seguridad Social, de las que depende que prospere, en su caso, el procedimiento judicial posterior.

La AIReF ha puesto datos a otras dificultades. El m¨¢s destacado es el 58% de unidades potencialmente beneficiarias que no solicitan la prestaci¨®n. Estimar su demanda potencial es complicado, ya que la informaci¨®n de renta y patrimonio de la Agencia Tributaria empleada por la AIReF tiene algunas limitaciones y no coincide completamente con la utilizada para la gesti¨®n del IMV. En su estimaci¨®n, adem¨¢s, no ha tenido en cuenta requisitos importantes para poder solicitar la prestaci¨®n, como el de residencia o la antig¨¹edad de la unidad de convivencia y su composici¨®n. M¨¢s del 40% de las solicitudes se rechazan precisamente por el incumplimiento de estos requisitos.

En cualquier caso, aunque la falta de acceso sea menor a la estimada, la limitada cobertura es un problema importante. El conocimiento de la prestaci¨®n es insuficiente, motivo que ha impulsado distintas campa?as comunicativas. Junto a este desconocimiento, otra raz¨®n es la complejidad del proceso de solicitud, que suele exigir atenci¨®n presencial. Para muchos de los posibles demandantes la administraci¨®n electr¨®nica ha pasado a convertirse en administraci¨®n ausente.

Estos problemas urgen la b¨²squeda de soluciones. El IMV es una buena pol¨ªtica, que trata de reducir la pobreza garantizando equidad territorial y a la que se ha dedicado un importante volumen de recursos p¨²blicos, pero necesita retoques importantes. Varias organizaciones reclamaron desde el primer momento una simplificaci¨®n del proceso de solicitud y aligerar las exigencias de documentaci¨®n. Algunos programas que funcionan eficientemente en otros pa¨ªses emplean procedimientos m¨¢s ¨¢giles. En Estados Unidos, por ejemplo, en el programa m¨¢s popular (Earned Income Tax Credit), la Administraci¨®n notifica a cada persona con derecho a la prestaci¨®n que si quiere recibirla basta con que env¨ªe su confirmaci¨®n.

Tambi¨¦n hay margen de mejora en los mecanismos de corresponsabilidad y coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas. Aunque se han desarrollado protocolos para reconocer este derecho a las personas beneficiarias de las rentas m¨ªnimas auton¨®micas, la coordinaci¨®n entre las comunidades y el gobierno central ha sido limitada. El objetivo inicial fue que el IMV sirviera como una base o suelo de protecci¨®n igual para todos los territorios, que las comunidades aut¨®nomas pod¨ªan complementar, ya fuera dando cobertura a los hogares sin acceso o aumentando la cuant¨ªa de la prestaci¨®n. Las opciones adoptadas han sido diversas: con mejor o peor fortuna algunas comunidades han asumido esa funci¨®n subsidiaria, otras han optado por reforzar su propio programa y un tercer grupo ha aprovechado la oportunidad para eludir su responsabilidad y pr¨¢cticamente eliminar su renta m¨ªnima. La realidad es que algunas de las desigualdades inherentes al modelo anterior se han mantenido en el nuevo.

Es necesario dar respuesta a estos retos y ampliar la capacidad del IMV como herramienta imprescindible para articular la lucha contra la pobreza junto a otras prestaciones no contributivas y las pol¨ªticas de inclusi¨®n activa. Las circunstancias econ¨®micas y pol¨ªticas que impulsaron su creaci¨®n hicieron que un programa tan importante tuviera que dise?arse en muy poco tiempo. El reto es ahora seguir ajustando la normativa a la singularidad de las situaciones de exclusi¨®n social y acercar la prestaci¨®n a quienes m¨¢s la necesitan.

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