La dif¨ªcil ¡®liberaci¨®n¡¯ de David Broncano y Carlos Sobera
Los presentadores no han sido detenidos, pero retirar bulos de internet que as¨ª lo afirman con el fin de estafar a la gente supone entrar en un laberinto tecnol¨®gico y judicial
Ni David Broncano ni Carlos Sobera han sido detenidos ¡°por algo que no te podr¨¢s creer¡±; ni Laura Escanes ha sido demandada por ¡°revelar el secreto para ganar 300 millones de euros en una plataforma de inversi¨®n¡±. Son bulos. En los ¨²ltimos meses, mentiras como estas han sido difundidas en redes sociales como X (antes Twitter), Facebook o Instagram, a trav¨¦s de perfiles an¨®nimos verificados. Estas publicaciones, que utilizan im¨¢genes de famosos detenidos ¡ªfalseadas con inteligencia artificial¡ª y titulares impactantes buscan dirigir a los usuarios a noticias falsas en p¨¢ginas que simulan ser de RTVE, La Vanguardia, El Mundo o EL PA?S. El objetivo es hacer creer que una celebridad se ha ido de la lengua y ha filtrado el secreto para ganar mucho dinero, y as¨ª conducir al lector a un portal de inversi¨®n donde ser¨¢ estafado.
Retirar este tipo de mensajes de la red, donde existen dos v¨ªctimas, los enga?ados y los famosos, plantea un aut¨¦ntico laberinto judicial. Para empezar, porque detr¨¢s de estas webs existe un entramado de bots (perfiles falsos) y enlaces que aparecen y desaparecen. Varios abogados, consultados por este medio, se?alan los obst¨¢culos que existen para detener la difusi¨®n de estos mensajes. ¡°Estas webs¡±, explica Luis Ruiz-Rivas Garc¨ªa, socio de litigaci¨®n y TMT (Tecnolog¨ªa, Medios y Telecomunicaciones) de Dikei Abogados, ¡°se generan una y otra vez con diferentes url [direcciones digitales], alojadas en servidores remotos durante un corto espacio de tiempo y que luego son sustituidas por otras similares¡±. Es un sistema pensado, seg¨²n reconoce este experto, ¡°para impedir u obstaculizar la identificaci¨®n y localizaci¨®n geogr¨¢fica de los autores¡±, lo que dificulta ¡°denunciar los hechos a la polic¨ªa¡±.
Se trata de espacios alojados en servidores de Rusia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido o el Congo. Teresa Bueyes, abogada experta en temas de derecho al honor, la intimidad y la imagen, explica que ¡°estos contenidos vulneran el derecho al honor y a la imagen de los famosos, lo que abre la puerta a una reclamaci¨®n por la v¨ªa civil¡±, y adem¨¢s suponen ¡°un delito, por utilizar la imagen de un tercero para cometer una estafa, lo que deja libre la v¨ªa penal¡±. Pero la burocracia judicial transfronteriza embarra su persecuci¨®n. ¡°La experiencia que yo tengo es que los oficios y los mandamientos de los jueces a pa¨ªses extranjeros para que identifiquen el servidor y los titulares son desobedecidos la mayor¨ªa de las veces¡±, asegura la letrada.
Plataformas como X o Instagram no solo permiten la publicaci¨®n de este tipo de contenidos, sino que, adem¨¢s, reciben dinero al tratarse de contenidos patrocinados. ?Se puede, por tanto, exigir responsabilidad a las redes sociales? La cuesti¨®n genera dudas. Javier L¨®pez, socio de ECIJA, recuerda que la Ley 34/2022, de servicios de la sociedad de la informaci¨®n y comercio electr¨®nico, establece la responsabilidad de ¡°los prestadores de servicios, en este caso de las redes sociales, por no retirar los contenidos il¨ªcitos¡± tras tener conocimiento de que estos existen.
Part¨ªcipes del da?o
Si la plataforma conoce que estas publicaciones son ilegales, y no hace nada por retirarlas, puede ser considerada part¨ªcipe del da?o. Teresa Bueyes cree que, en casos as¨ª, cabe solicitar al juez medidas cautelares y exigir ¡°la censura de este tipo de publicidades enga?osas¡±. Cabe apuntar que, en Espa?a, la Ley de Prensa y de la Imprenta del a?o 1966, a¨²n vigente, determina la responsabilidad solidaria del autor, el director y el editor sobre los mensajes difamatorios que se publiquen en un medio. Una disposici¨®n legal que, en opini¨®n de la experta, podr¨ªa extrapolarse a X.
Para Pedro Lacal, socio de Carrillo Asesores, ¡°los famosos afectados pueden dirigir un burofax a la plataforma para informar del car¨¢cter il¨ªcito y lesivo de la publicaci¨®n y exigir su retirada¡±. Si esta ignora la petici¨®n, se abre la v¨ªa para ¡°exigir la retirada judicial por medio de las medidas cautelares¡±. Pero el abogado reconoce que dada la lentitud de los tr¨¢mites judiciales, ¡°la respuesta no va a ser inmediata¡±. Y, en cualquier caso, si un bulo es detectado y bloqueado por v¨ªa de cautelares, lo normal es que en el transcurso de los meses surjan una veintena de nuevas informaciones falsas. Algo similar a las cabezas de la Hidra: por cada una que se ampute surgir¨¢n una veintena nuevas.
Si las celebridades o los estafados deciden perseguir judicialmente a los autores, la interposici¨®n de denuncias puede activar procesos de cooperaci¨®n judicial internacional ¡°para intentar identificar y enjuiciar a los responsables¡±, explica Lacal, si bien, de nuevo, la operativa es compleja. En primer lugar, porque hacerlo implica ¡°contratar abogados en el pa¨ªs donde nacen las publicaciones¡±. Si se consigue identificar a los culpables (misi¨®n dif¨ªcil), hay que exigir la extradici¨®n de los sujetos a Espa?a para que sean enjuiciados, lo que supone un aut¨¦ntico rompecabezas de papeles y tr¨¢mites. En segundo t¨¦rmino, porque no siempre las peticiones de auxilio judicial por las autoridades espa?olas llegan a buen puerto, como apuntan los letrados.
Exigir indemnizaciones tambi¨¦n puede ser una quimera. Si una v¨ªctima consiguiese una sentencia favorable en Espa?a en esta direcci¨®n ¡ªlos juzgados competentes son los del territorio donde se producen los da?os¡ª, lo m¨¢s probable es que la resoluci¨®n se convierta en papel mojado, pues reclamar el pago de una indemnizaci¨®n a un delincuente fuera del Espacio Econ¨®mico Europeo plantea una senda judicial de frutos inciertos. ¡°No hay que olvidar¡±, recuerda el abogado Luis Ruiz-Rivas, ¡°que todo el entramado est¨¢ dise?ado para ocultar la identidad y localizaci¨®n de los autores¡±.
Suplantaci¨®n de identidad
Crear una noticia falsa, calumniar a un personaje público y redirigir a portales fraudulentos de inversión implica cometer varios delitos. Para empezar, se da “un supuesto de suplantación de identidad”, explica Javier López, socio de ECIJA, además de delitos de “calumnias y estafa”, y si los datos personales de la víctima acaban en la dark web, “un delito de apoderamiento y tráfico ilegal de datos personales”. En cuanto a los daños, nos encontramos ante “un ataque al honor, a la imagen y a la normativa de protección de datos”. Para el experto, existe además un supuesto de publicidad engañosa.
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