Las l¨ªneas rojas (legales) del ¡®true crime¡¯: ?puede la madre del peque?o Gabriel impedir el documental sobre su hijo?

Las series y documentales sobre cr¨ªmenes reales (true crime) est¨¢n de moda. El caso Asunta (Netflix) o El caso Sancho (Max) son algunos de los ¨²ltimos t¨ªtulos que desmenuzan la cr¨®nica negra espa?ola. En medio de esta vor¨¢gine, Patricia Ram¨ªrez ha iniciado una cruzada para que no se ficcione y, de paso, se rentabilice, el asesinato de su hijo. En 2018, el peque?o Gabriel, de ocho a?os, fue encontrado muerto en el coche de la entonces pareja de su padre tras una angustiosa b¨²squeda de doce d¨ªas. La madre del menor asesinado, de nuevo en el foco medi¨¢tico, ha reabierto un complejo debate: ?Cu¨¢les son las l¨ªneas rojas del true crime?

Este g¨¦nero no solo se enfrenta a dilemas ¨¦ticos, tambi¨¦n legales. En principio, ninguna norma exige a una productora contar con la autorizaci¨®n de los familiares de las v¨ªctimas de un crimen si este tiene relevancia p¨²blica. Tampoco necesitan el visto bueno del guion. ¡°La libertad de expresi¨®n y de creaci¨®n art¨ªstica permiten, como punto de partida, la producci¨®n de este tipo de contenidos¡±, explica Mabel Klimt, socia directora de Elzaburu. Hay sentencias del Tribunal Supremo, se?ala la experta, ¡°que apoyan que se utilicen elementos de la realidad para contextualizar ficciones inventadas¡±.

Los documentales, distingue Klimt, se encuentran bajo el paraguas de la libertad de informaci¨®n siempre que se mantengan fieles a los hechos. ¡°Es como una extensi¨®n del trabajo de investigaci¨®n de un periodista¡±, aclara la abogada. Como regla general, sostiene, el afectado ¡°no podr¨ªa evitar que se produjera un documental que relatase hechos notorios y con trascendencia p¨²blica¡±. Y es que, apostilla Elena Ord¨²?ez, socia de propiedad intelectual de Ecija, ¡°ni el derecho a la creaci¨®n ni el de informaci¨®n pueden restringirse mediante ning¨²n tipo de censura previa¡±.

Sin embargo, la licencia art¨ªstica para recrear y novelar la historia del crimen no puede desvirtuar la realidad ni pasar por encima de la intimidad, la imagen o el honor de las personas implicadas en el suceso. Esta es la primera y m¨¢s importante l¨ªnea roja del true crime. Entre las situaciones que se saltan esta raya, pone de ejemplo Jos¨¦ Carlos Erdozain, of counsel (consejero jur¨ªdico) de Pons IP, estar¨ªa la de ¡°insinuar que alguien cometi¨® un delito sin estar probado en sentencia firme o que tuvo una relaci¨®n personal sin ser cierto¡±.

El choque con estos derechos podr¨ªa armar, inicialmente, una demanda contra los responsables. Es el juez el que debe coger la lupa para comprobar si el guion respeta las reglas teniendo en cuenta que las medidas pueden cambiar seg¨²n las circunstancias del caso. En general, se?ala Erdozain, ¡°los tribunales son muy escrupulosos y, salvo que se acredite la intromisi¨®n, dan prevalencia a la libertad de creaci¨®n o a la de informaci¨®n¡±. Fue lo que ocurri¨® en el caso de los marqueses de Urquijo, asesinados mientras dorm¨ªan en agosto de 1980, cuando el Tribunal Constitucional admiti¨® ciertas publicaciones que insinuaban alg¨²n tipo de participaci¨®n de la hija de las v¨ªctimas.

Hay que tener en cuenta, expone Marisa Herrero-Tejedor, socia de Averum Abogados, que las personas que se ven involucradas en un procedimiento penal, ya sea como investigadas o condenadas o, incluso, como v¨ªctimas, ¡°se consideran personas de proyecci¨®n p¨²blica sobrevenida¡±. Esto significa, explica la letrada, que su derecho a la intimidad y a la propia imagen ¡°es m¨¢s d¨¦bil, sin que esto implique que la productora pueda desviarse del sumario del proceso¡±.

La sentencia sobre Paquirri

Los familiares de las v¨ªctimas tambi¨¦n tienen algo que decir. Desde la famosa ¡°sentencia Paquirri¡± (Tribunal Constitucional, 1988), apunta Herrero-Tejedor, determinadas informaciones o im¨¢genes de la muerte de una persona pueden vulnerar el derecho a la intimidad familiar, lo que podr¨ªa motivar una indemnizaci¨®n por da?os morales.

Las series que involucran la historia de menores exigen una lupa con m¨¢s aumento. La ley les protege especialmente. En este sentido, Herrero-Tejedor considera que, antes de referirse a ellos, las productoras deben obtener su permiso, o el de sus representantes legales. ¡°El inter¨¦s p¨²blico no da cobertura a todo tipo de relatos¡±, afirma la letrada en relaci¨®n con el caso del peque?o Gabriel. Y es que, en su opini¨®n, la intimidad de los ni?os pesa m¨¢s que la libertad creativa.

La exposici¨®n de menores es otra l¨ªnea roja tambi¨¦n para Jos¨¦ Carlos Erdozain. ¡°Aunque el hecho sea cierto, su identidad debe preservarse en todo caso. Poco importa que se cuente con el consentimiento¡±, defiende. Incluso cuando haya permiso de los padres, puede intervenir el Ministerio Fiscal.

Uno de los interrogantes de estos d¨ªas es si Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel, puede participar desde la c¨¢rcel en un documental sobre el caso. Se trata, no obstante, de algo censurado por la ley, que lo considera una intromisi¨®n ileg¨ªtima a la intimidad y honor de las v¨ªctimas cuando menoscaba su dignidad. En 2010, a ra¨ªz de casos como el de Marta del Castillo, el legislador cambi¨® la ley para que los condenados por sentencia firme no puedan lucrarse o conseguir notoriedad aprovech¨¢ndose del delito.

En 2023, la Generalitat de Catalu?a sancion¨® a Rosa Peral con restricci¨®n de llamadas por conceder entrevistas desde la prisi¨®n para el documental Las Cintas de Rosa Peral (Netflix). Peral fue condenada junto con Albert L¨®pez por el asesinato de un agente de la Guardia Urbana y volvi¨® a la palestra medi¨¢tica con el estreno de la serie El cuerpo en llamas en septiembre del a?o pasado. La propia Peral est¨¢ intentando prohibir su emisi¨®n porque vulnera su honor y el de sus hijas.

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