Los activistas que alzaron la pancarta de la vivienda

Los viernes por la tarde, en esta librer¨ªa del centro de Madrid, se oyen relatos sobre los peores atropellos de los caseros. Aqu¨ª, en Ateneo La Maliciosa, los activistas del Sindicato de inquilinas e inquilinos reciben a personas que describen situaciones a menudo dram¨¢ticas relacionadas con la crisis del alquiler. El micro pasa de mano en mano. Hablan Cristina, una mujer con discapacidad que vive en un trastero con las paredes cubiertas de hongos y que se enfrenta a un desahucio; Olalla, a la que le han notificado una subida repentina de 300 euros, con una antelaci¨®n menor a la exigida por ley; o Lili, denunciada por su casero por haberlo llamado especulador en una protesta recogida por los medios de comunicaci¨®n.

Los activistas conocen sus casos de anteriores reuniones, y en esta asamblea, hace dos viernes, los afectados les ponen al d¨ªa. El micro llega a Juan Carlos Cruz, que se pas¨® de enero a junio recibiendo la visita de una empresa de ¡°desokupaci¨®n¡±, D.I.O. Expr¨¦s, a la que ¨¦l ha denunciado por coacciones. Hoy tiene un anuncio relevante: ¡°Por sorpresa, la semana pasada nos enteramos de que el juicio se llev¨® a cabo sin habernos notificado. Por tanto, estos se?ores han sido absueltos¡±. La noticia apenas causa asombro. A ojos de estos activistas, las pol¨¦micas empresas de mediaci¨®n inmobiliaria gozan de la complicidad de parte de la prensa, la polic¨ªa y los jueces.

Cruz, de 50 a?os, busc¨® la ayuda del sindicato en abril, cuando ¨¦l y su hermana viv¨ªan ¡°aterrorizados¡±. Tres tipos corpulentos, encapuchados y vestidos de negro se presentaban en su puerta para aporrearla y gritarles que eran okupas. Una amiga le recomend¨® que expusiera su caso en una asamblea. En su primera reuni¨®n, cont¨® que en 22 a?os como inquilino en ese piso nunca hab¨ªa dejado de pagar la mensualidad. Seg¨²n relat¨®, la propietaria, que recibi¨® el piso tras una herencia, quer¨ªa deshacerse de ellos por las malas. Como primera medida los activistas enviaron una carta a la propietaria, pidi¨¦ndole que dejara de enviar a los individuos de D.I.O. y que buscara una soluci¨®n negociada. Al ver que las visitas intimidantes no cesaban, organizaron una protesta en la sede de la empresa, en la calle Hermosilla del distrito de Salamanca. Seg¨²n Cruz, tras esta acci¨®n, que apareci¨® en prensa, se acab¨® el ¡°acoso¡±.

La propietaria no ha contestado a EL PA?S y el due?o de la empresa D.I.O., Francisco Fern¨¢ndez, asegura que sus empleados actuaron ¡°educadamente¡± y que el 31 de enero rompieron su contrato con la casera porque les hab¨ªa dado informaci¨®n no veraz. Cruz ha enviado a este peri¨®dico fotograf¨ªas de hombres encapuchados vistos desde una mirilla y denuncias a la Polic¨ªa posteriores a enero. Seg¨²n se lee, les gritaron amenazas como: ¡°?Os vais a enterar de qui¨¦nes somos!¡±.

Cruz, que acude al psic¨®logo desde que comenz¨® este episodio, a¨²n pasa miedo al salir de casa. Al terminar la asamblea, mientras los activistas charlan distendidamente en la librer¨ªa, cuenta que el sindicato se ha convertido en un sost¨¦n vital. ¡°Sin el sindicato a lo mejor no estaba ni en el planeta, porque esto es para quitarle las ganas de vivir a cualquiera¡±.

Los sindicatos de inquilinas nacieron en Barcelona y Madrid en 2017 como organizaciones con car¨¢cter local e independientes de los partidos pol¨ªticos, para defender a los afectados por los abusos en el mercado del alquiler. Eligieron el nombre de sindicato inspirados en las Tenant Unions o Housing Asociations que existen en pa¨ªses europeos. El protagonismo que han ganado desde entonces es un reflejo del cambio en el ciclo inmobiliario. El alquiler, que anta?o era relativamente residual, se ha convertido en la ¨²nica opci¨®n para grandes capas de la sociedad.

Las asociaciones cuentan con 4.000 afiliados en Barcelona y 1.300 en Madrid, seg¨²n sus cifras. Se financian con cuotas de los afiliados, seg¨²n las posibilidades de cada uno. Algunos, agradecidos, donan toda una mensualidad de su sueldo o la fianza que han recuperado. Gracias a estos fondos, cuentan con una peque?a plantilla y se protegen de la inestabilidad que aqueja a otras asociaciones. Sus asambleas son term¨®metros de los problemas de acceso a la vivienda y sus campa?as han conseguido introducirlos en la agenda p¨²blica.

Vivir de alquiler es una relaci¨®n desigual que supone un conflicto latente, seg¨²n la visi¨®n del sindicato. Ese conflicto puede activarse en cualquier momento, convirti¨¦ndote en afectado. Ocurre el d¨ªa en que un casero manda un whatsapp anunciando una subida excesiva o reclamando falsamente el piso para uno de sus hijos. En las asambleas, los militantes veteranos asesoran a los reci¨¦n llegados sobre c¨®mo resolver sus problemas, pero todos son conscientes de que cualquier d¨ªa, el rol se puede intercambiar.

¡°Aunque veas diferencias de clase o niveles de estudios, todas somos inquilinas¡±, dice Pablo P¨¦rez, polit¨®logo de 29 a?os que trabaja en un instituto de investigaci¨®n sobre vivienda. ¡°Todas somos susceptibles de sufrir las consecuencias de este sistema¡±.

El sindicato madrile?o espera una movilizaci¨®n multitudinaria este domingo. Sin embargo, tienen poca fe en que la marcha sirva para espolear a los pol¨ªticos y conseguir reformas de calado. S¨ª esperan que impulse una forma masiva y coordinada de desobediencia civil, la ¡°huelga de alquileres¡±, una idea que han promovido desde su origen, inspirados por la que hubo en Barcelona en 1931. Se intent¨® sin ¨¦xito durante la pandemia y en las semanas previas a esta marcha, varios miembros la han alentado en art¨ªculos de prensa. Seg¨²n lo ha explicado un antiguo representante, ahora acad¨¦mico en la UNED, Javier Gil, se trata de dejar de pagar a los caseros lo que exigen y en su lugar pagar un ¡°precio aceptable¡±. Gil se preguntaba en El Salto: ¡°?Ser¨¢ la movilizaci¨®n en Madrid el punto de inflexi¨®n?¡±.

El camino del movimiento

El movimiento por la vivienda ha tenido distintas fases desde los sesenta, haci¨¦ndose fuerte cada vez que estallaba una crisis habitacional. Durante el tardofranquismo, cuando el chabolismo era un grave problema en las grandes ciudades, este activismo estuvo muy vinculado a las asociaciones de vecinos. Antes de la crisis de 2008, surgi¨® en Barcelona V de Vivienda, cuando comprar un piso era inalcanzable por los precios de locura y de la capital catalana sali¨® el lema ¡°No vas a tener casa en la puta vida¡±.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau en el n¨²cleo de fundadores, celebra su primer encuentro en 2009, con la burbuja ya pinchada y un nuevo drama: el de las familias que no pueden pagar la hipoteca. La PAH descubri¨® que, seg¨²n la ley, el impago de cuotas condenaba a las familias a la calle y a cargar con la deuda. Dise?aron la f¨®rmula del asesoramiento comunitario: asambleas en los que los afectados exponen sus casos, aprenden conjuntamente, paran desahucios con su cuerpo (defend¨ªan que si no era ilegal, era ileg¨ªtimo) y adoptan el doble rol de afectado y activista.

Entre esos fundadores estaba Luc¨ªa Delgado, portavoz hasta hace pocos meses y hoy t¨¦cnica del ¨¢rea de vivienda del Observatorio DESCA, que aporta materia gris tanto a la PAH como al Sindicato de inquilinas. ¡°La primera victoria de la PAH fue conseguir un cambio de imaginario: que las familias dejaran de sentirse culpables por no poder pagar y se dieran cuenta que eran v¨ªctimas de un sistema financiero y pol¨ªtico, y de una ley injusta¡±, reivindica Delgado.

Sin dejar de frenar desahucios, la PAH consigui¨® un mill¨®n y medio de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria que ped¨ªa una moratoria de lanzamientos, trato diferenciado para las familias vulnerables y regular la daci¨®n en pago. ¡°Son cuestiones s¨²per vigentes¡±, destaca. Solo se ha conseguido que algunos bancos acepten la daci¨®n en pago (la familia se libra de la deuda entregando la vivienda), pero esta opci¨®n no es obligatoria para las entidades de cr¨¦dito.

Solo en Catalu?a, la PAH lleg¨® a tener 70 asambleas municipales activas. Y lanz¨® campa?as como la Obra social de la PAH, que promov¨ªa que los desahuciados ocuparan las viviendas de las que hab¨ªan sido expulsados y permanec¨ªan vac¨ªas. ¡°Esas ocupaciones que tuvieron un gran consenso social, ya no lo tienen y se ha impuesto el imaginario criminalizador de que la gente ocupa porque quiere y no porque no tiene otro remedio¡±, apunta Delgado. Recuerda que en Catalu?a ¡°la mayor¨ªa de personas que ocupan lo hacen en pisos de bancos o fondos y son madres solas con menores que trabajan y est¨¢n en la lista de espera de pisos de emergencia¡±. De hecho, un informe reciente se?alaba que el origen del chabolismo y las ocupaciones es el mismo.

El otro gran logro de la PAH y otras entidades, ¡°que se estudia en todo el mundo¡±, fue la ley 24/2015, todav¨ªa vigente, que obliga a la banca a permitir que las familias vulnerables se queden en los pisos por la cantidad que puedan pagar y les impide cortar los suministros.

Parado el golpe de las hipotecas, los sindicatos de inquilinas surgieron el 12 de mayo de 2017 en Madrid y Barcelona gracias al impulso en la capital catalana de media docena de entidades y centros de estudio, cuando subi¨® el list¨®n para comprar y el alza de precios se traslad¨® a los alquileres. Uno de los fundadores, Jaime Palomera, enumera una serie de normas favorables a los caseros que precedieron al origen de esta organizaci¨®n: ¡°Ven¨ªamos de 2013, con el PP en el Gobierno que hab¨ªa aprobado la golden visa, cambios legislativos para atraer capital internacional al negocio del alquiler (con bonificaciones fiscales a las sociedades de alquiler o fondos internacionales) y con la reducci¨®n de la duraci¨®n de los contratos de alquiler LAU de cinco a tres a?os¡±.

Los sindicatos impulsaron que en 2019 los contratos se volvieran a alargar a cinco a?os a nivel estatal y tuvieron un enorme protagonismo en la primera limitaci¨®n del precio del alquiler, en Catalu?a en 2020, y luego en la Ley estatal de Vivienda de 2023, que extiende ese tope a todo el pa¨ªs (aunque solo Catalu?a ha adoptado por ahora ese l¨ªmite). Tras centrar parte de su estrategia en cohesionar a los inquilinos amenazados de edificios enteros para que los caseros negocien con todos a la vez y no uno a uno, ahora su guerra es la regulaci¨®n del alquiler de temporada, la f¨®rmula a la que recurren los propietarios para esquivar el tope de precio.

¡°Pagas muy poco¡±

En Madrid, el sindicato se uni¨® a los planes de la manifestaci¨®n de este domingo despu¨¦s de que la idea surgiera en julio, durante una reuni¨®n online de la Plataforma por el derecho a la vivienda de Madrid, que hab¨ªa nacido en octubre de 2023, y donde s¨ª est¨¢ la PAH, adem¨¢s de otras organizaciones como CC OO, UGT, la federaci¨®n de asociaciones de vecinos o Amnist¨ªa Internacional.

Los activistas llevan a?os esperando una movilizaci¨®n masiva, pero parad¨®jicamente, Barcelona no saldr¨¢ a la calle. Pese a la fortaleza del movimiento por el derecho a la vivienda en Catalu?a, las manifestaciones por esta cuesti¨®n no han sido nunca masivas, con un techo alrededor de 15.000 personas. Las decenas de entidades convocantes de Madrid anunciaron fecha cuando las de la capital catalana ya ten¨ªan prevista otra protesta, contra la Copa del Am¨¦rica de Vela, a la que el Sindicat est¨¢ llamando a acudir. La decisi¨®n unilateral caus¨® cierto malestar.

Con todo, una movilizaci¨®n multitudinaria podr¨ªa suponer un punto de inflexi¨®n para todo el pa¨ªs. Esa sensaci¨®n de oportunidad se palpaba esta semana en las reuniones en Madrid. Han organizado paellas, mesas informativas y pegadas de sus propios carteles de convocatoria: ¡°?Se acab¨®! ?Bajemos los alquileres!¡±, se lee junto a una torre de viviendas que se derrumba. ¡°Hemos crecido much¨ªsimo¡±, dice el polit¨®logo Pablo P¨¦rez, ¡°eso es una pena porque es un reflejo de que la situaci¨®n es cada vez peor¡±.

El sindicato tiene filiales o ¡°nodos¡± en zonas especialmente conflictivas: Puerta del ?ngel, Usera, Ciudad Lineal y municipios del sur. En la asamblea celebrada el lunes en el nodo de Ciudad Lineal, habla una reci¨¦n llegada, Sara Milena Garc¨ªa, que vive con su marido, una beb¨¦ de 14 meses y otra hija de ocho a?os. Se enfrentan a un juicio de desahucio por un retraso en los pagos de su mensualidad de 650 euros en la calle Alcal¨¢. Su casera, tras diez a?os, lleva tiempo avis¨¢ndole de que tiene demasiada suerte: ¡°Es que pagas muy poco, Sara¡±.

¡°Yo he sido una buena inquilina¡±, cuenta en la reuni¨®n. Y al decirlo rompe a llorar. Tras recuperar el aliento, explica que lleva a?os ocup¨¢ndose de las reparaciones y que la casera no se quiere hacer cargo de fumigar las cucarachas del piso. Los activistas le encargan tareas. Le piden que investigue a su casera. La web del sindicato tiene un apartado donde da instrucciones sobre c¨®mo hacerlo. Recuerdan que el 41,4% de los alquileres de vivienda en Espa?a no se declaran al fisco, seg¨²n datos del colectivo de T¨¦cnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Descubrir irregularidades de los due?os de la propiedad es un arma que los debilita en una negociaci¨®n.

¨DEl impago m¨ªo fue porque no puede ser que cada vez que se da?a algo importante tenga que pagarlo yo.

¨DMe gusta tu actitud. Aqu¨ª nos gusta esa actitud de pelear porque no puede ser que los caseros siempre quieran ganarse la plata sin trabajar.