Una tirita en una herida sangrante

El Ministerio de Universidades ha elaborado un ¡°borrador para consulta¡± del real decreto del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), incluyendo la reforma de la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU). Las propuestas se justifican con base en ¡±cuatro realidades incontestables¡±: envejecimiento y relevo del profesorado, precariedad, falta de perspectivas profesionales y derechos y escasa internacionalizaci¨®n y movilidad.

El documento modifica las figuras de profesorado contratado, introduciendo las de catedr¨¢tico y profesor titular contratados (aline¨¢ndose con Catalu?a y Pa¨ªs Vasco) y enuncia la equiparaci¨®n de laborales y funcionarios; consolida la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n (ANECA) ¨Ccuando muchos ped¨ªan su eliminaci¨®n¨C aunque ¡°simplifica¡± sus requerimientos y tr¨¢mites; introduce el sorteo en los tribunales, con mayor¨ªa de ¡°externos¡± a la universidad convocante; y define algunos requerimientos de movilidad (nueve meses para profesor titular, nada para catedr¨¢tico), etc¨¦tera. En resumen, una tirita en una herida sangrante. El texto es poco ambicioso y no resuelve los problemas que identifica. Tampoco facilitar¨¢ que las universidades puedan competir internacionalmente, ni servir al tejido productivo.

Los problemas de la universidad espa?ola son conocidos: autonom¨ªa, atracci¨®n y retenci¨®n del talento, financiaci¨®n, rendici¨®n de cuentas, etc¨¦tera. Resumiendo y simplificando: recursos, gobernanza e incentivos. El borrador aborda el problema del profesorado, donde quiz¨¢s pueda curar algunos rasgu?os (antes de que lo hagan los tribunales de justicia), tales como el encadenamiento de contratos de profesores visitantes o la situaci¨®n de los profesores asociados dedicados solo a la universidad (denominados falsos asociados). Endogamia, clientelismo, favoritismo, localismo son sustantivos frecuentes para referirse al acceso y promoci¨®n, pero estas realidades est¨¢n ausentes.

El resultado depender¨¢ de lo rigurosa que sea cada universidad y departamento en la aplicaci¨®n de los principios de m¨¦rito y capacidad. La propuesta tampoco garantiza, si se ampliasen las plantillas, que se recupere el talento que emigr¨®. Todo depender¨¢ de la financiaci¨®n disponible.

Pero el modelo de financiaci¨®n (que depende de cada comunidad aut¨®noma) est¨¢ ausente. Sabemos que la financiaci¨®n p¨²blica directa es insuficiente y comparada con la de pa¨ªses similares, entre dos y tres veces inferior. Adem¨¢s, los criterios para su asignaci¨®n se centran en el n¨²mero de alumnos y son continuistas. Otros pa¨ªses con problemas parecidos han ligado el modelo de financiaci¨®n a los resultados, incentivando el mejor reclutamiento del personal docente e investigador (PDI). Copiemos de ellos y ampliemos lo que se hizo bien aqu¨ª.

1. El Gobierno franc¨¦s ha definido una estrategia: A) Mejorar las retribuciones del personal de investigaci¨®n y universidades, aline¨¢ndolas con las retribuciones de los pa¨ªses de la OCDE y con la funci¨®n p¨²blica. B) Relanzar el empleo cient¨ªfico, asumiendo los procedimientos de reclutamiento internacionales. C) Revalorizar el doctorado. D) Mejorar la entrada en la carrera docente-investigadora y su desarrollo. E) Establecer ¡°contratos plurianuales alineando objetivos y recursos¡±.

2. La Comisi¨®n Europea y la OCDE han recomendado sistemas de financiaci¨®n plurianual basados en los resultados para Espa?a.

3. Se pueden imitar medidas, como las de Italia, con su Evaluaci¨®n de la Calidad de la Investigaci¨®n (VQR), cuyos resultados determinan la asignaci¨®n del 25% de los fondos de financiaci¨®n de cada universidad, sin duda, un incentivo a reclutar a los mejores.

4. Para mejorar la calidad del reclutamiento, con independencia de elevar la tasa de reposici¨®n, se podr¨ªa aumentar significativamente el cupo actual del 15%, dentro de la Oferta de Empleo P¨²blico (OEP) de las universidades, destinado a antiguos investigadores Ram¨®n y Cajal con certificado I3, que se fij¨® en la ley Montoro de Presupuesto de 2018 y evaluar c¨®mo se ha aplicado por las universidades. La implementaci¨®n es responsabilidad de las autonom¨ªas, pero los ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovaci¨®n deben promover los cambios con la visi¨®n de futuro del conjunto del sistema.

Luis Sanz-Men¨¦ndez es profesor de Investigaci¨®n del Instituto de Pol¨ªticas y Bienes P¨²blicos del CSIC.

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