PSOE, Podemos y ERC pactan un cambio en la ley educativa que facilita la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica

El PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda al proyecto de nueva ley educativa que elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda Espa?a. El nuevo texto, que est¨¢ previsto que se apruebe el jueves en la ponencia de la Lomloe (Ley Org¨¢nica para la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n) constituida en el Congreso, sustituye dicha definici¨®n, introducida hace siete a?os por el PP en la conocida como ley Wert, por una referencia a que las comunidades aut¨®nomas deben asegurar el derecho a recibir la ense?anza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prev¨¦n la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa, seg¨²n han adelantado a este peri¨®dico fuentes parlamentarias.

La enmienda evitar¨¢ la redacci¨®n original del proyecto elaborado por el Ministerio de Educaci¨®n ¡ª"el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideraci¨®n de lenguas vehiculares"¡ª, que desde la perspectiva de Esquerra y otros partidos nacionalistas contradec¨ªa los programas de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. Y la cambiar¨¢ por otra que resulta plenamente compatible con dichos programas, aunque sin llegar a blindarlos, ya que la ¨²ltima palabra en este terreno la tienen los tribunales, que llevan desde 2014, a ra¨ªz de una sentencia del Constitucional, exigiendo a la Generalitat de Catalu?a que ofrezca a los alumnos cuyas familias as¨ª lo pidan al menos el 25% de horas semanales de clase en castellano.

El nuevo texto, para el que sus promotores conf¨ªan en contar con el apoyo de otros partidos, si no en la presentaci¨®n de la enmienda, como m¨ªnimo en la votaci¨®n del jueves, establece que al finalizar la etapa de ense?anza obligatoria todo el alumnado deber¨¢ tener un ¡°dominio pleno¡± tanto del castellano como de la lengua cooficial que en su caso exista en su comunidad. Y se?ala que las Administraciones educativas auton¨®micas tienen el deber de controlar que los estudiantes alcanzan tales competencias ling¨¹¨ªsticas y, en caso de detectar que en alg¨²n centro educativo no se est¨¢ logrando, adoptar las medidas adecuadas para remediarlo.

Constituci¨®n

La nueva redacci¨®n evita as¨ª que la ley aborde cu¨¢l debe ser la definici¨®n docente de las lenguas en cada autonom¨ªa, algo que tampoco hac¨ªa la anterior norma educativa aprobada en 2006 por un Gobierno socialista, la LOE. Y se centra en subrayar cu¨¢l debe ser el resultado: que todos los alumnos tengan un buen dominio del castellano y, en su caso, de la otra lengua cooficial al terminar la educaci¨®n b¨¢sica. El art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n (a la que apela la enmienda pactada) dice: ¡°El castellano es la lengua espa?ola oficial del Estado. Todos los espa?oles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las dem¨¢s lenguas espa?olas ser¨¢n tambi¨¦n oficiales en las respectivas comunidades aut¨®nomas de acuerdo con sus Estatutos¡±.

La referencia expresa al castellano como lengua vehicular ¡ªcontenida no solo en el proyecto de ley, sino tambi¨¦n en la norma ahora en vigor, que fue aprobada por el PP, donde est¨¢ expresada en los siguientes t¨¦rminos: ¡°El castellano es lengua vehicular de la ense?anza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son tambi¨¦n en las respectivas comunidades aut¨®nomas¡±¡ª generaba rechazo no solo en Esquerra Republicana, sino tambi¨¦n en el resto de partidos nacionalistas, cuyos votos resultan necesarios para sacar adelante la reforma de la ley educativa una vez que el PP, Vox y Ciudadanos han manifestado su intenci¨®n de no apoyarla.

Fuentes parlamentarias que han participado en la negociaci¨®n de la enmienda afirman que el nuevo redactado trata de contribuir a tranquilizar el debate sobre el aprendizaje de las lenguas oficiales espa?olas enfoc¨¢ndolo a lo importante: que se dominen plenamente. Apuntan a que despu¨¦s de d¨¦cadas utilizando el modelo de inmersi¨®n, los resultados de los alumnos catalanes en castellano se sit¨²an en la media de los que obtienen el resto de estudiantes espa?oles, y son mejores que los que logran los estudiantes de algunas autonom¨ªas sin lengua cooficial. Y sostienen que ¡°la derecha usa la cuesti¨®n como arma pol¨ªtica¡±.

El hecho de que la ley no recoja la definici¨®n del castellano como lengua vehicular no significa, en cualquier caso, que vayan a desaparecer los problemas ante la justicia de los programas de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en los que el uso del castellano queda limitado en el horario escolar a una sola asignatura (la de Lengua Castellana).

En 2010, cuando la ley educativa no mencionaba nada al respecto, el Tribunal Constitucional se reafirm¨® (como hab¨ªa hecho en 1994) en que el castellano deb¨ªa ser lengua vehicular en las escuelas catalanas. Desde ese a?o, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) como el Supremo han dado la raz¨®n a varias familias que reclamaban que sus hijos recibieran m¨¢s de una asignatura a la semana en castellano, sin que los jueces hayan dejado de reconocer por ello que el catal¨¢n puede ser el ¡°centro de gravedad del sistema¡± educativo.

Despu¨¦s de la sentencia del Constitucional, los jueces indicaron en reiterados fallos desde entonces que la distribuci¨®n concreta de las horas de clase en las dos lenguas cooficiales deb¨ªa determinarla el Departamento de Educaci¨®n de la Generalitat. Pero ante la inacci¨®n del mismo, el Tribunal Superior de Catalu?a (TSJC) decidi¨® en 2014, en respuesta a las reclamaciones de ocho familias, que para ver cumplida la condici¨®n de lengua vehicular el castellano deb¨ªa utilizarse al menos en un 25% de las horas semanales de clase. Y que, adem¨¢s de la clase espec¨ªfica de Lengua Castellana, los hijos de los recurrentes deb¨ªan recibir ¡°cuando menos otra ¨¢rea, materia o asignatura no ling¨¹¨ªstica curricular de car¨¢cter troncal o an¨¢logo¡±.

El fallo del TSJC fue confirmado en 2015 por el Supremo. Desde entonces, el Tribunal Superior de Catalu?a ha ordenado en varios casos m¨¢s a los centros garantizar dicho porcentaje de clases en castellano a los alumnos de las familias que as¨ª lo han reclamado.

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