Cerco a las escuelas gueto

La ponencia del Congreso que tramita la nueva ley educativa, la Lomloe, aprob¨® este mi¨¦rcoles las enmiendas presentadas conjuntamente por el grupo socialista y el de Unidas Podemos, as¨ª como las pactadas por estos con otros grupos, para reforzar la equidad educativa. Ello, sumado a las previsiones que conten¨ªa el proyecto del Gobierno, confirma un salto normativo que busca, entre otros objetivos, frenar la proliferaci¨®n de centros educativos p¨²blicos convertidos en guetos.

Gran parte de los cambios van dirigidos a mejorar la distribuci¨®n del alumnado vulnerable entre las redes p¨²blica y la concertada. Pese a estar financiadas ambas por la Administraci¨®n, la escuela p¨²blica, donde est¨¢ matriculado el 67% del alumnado, acoge al 79% de los estudiantes inmigrantes y a nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Fuentes de los grupos parlamentarios socialistas y de Podemos afirman que, si bien una parte de la concertada acoge sin reservas a alumnos de familias desfavorecidas, hay otra que recurre a estrategias para evitarlos. Estos son los principales cambios que introduce el texto, que el Gobierno quiere ver transformado en ley antes de fin de a?o.

Primar el centro m¨¢s cercano. La norma establece como ¡°criterios prioritarios¡± en el proceso de admisi¨®n de un alumno cuando haya m¨¢s peticiones que plazas en un centro, la existencia de hermanos en el mismo, la proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres y la renta per c¨¢pita familiar. El texto contempla m¨¢s factores, pero estos deben ser los principales, algo que no ocurre ahora. El de proximidad al domicilio ser¨¢, adem¨¢s, el ¨²nico que pueda representar m¨¢s del 30% de la puntuaci¨®n que establezcan las comunidades. Se pretende evitar que por medio de la figura del distrito ¨²nico unos centros reciban muchas m¨¢s solicitudes que otras y, al existir un amplio n¨²mero de criterios con valor similar, los colegios seleccionen al alumnado.

Admisi¨®n supervisada. El texto refuerza el papel de las comisiones de escolarizaci¨®n, que las comunidades deben crear para dirimir los casos en que existen m¨¢s peticiones que plazas en un centro. Estas oficinas, integradas por representantes de las consejer¨ªas, el Ayuntamiento, las familias, el profesorado, los centros p¨²blicos y concertados y, seg¨²n los casos, tambi¨¦n el alumnado, deben ¡°supervisar¡± el cumplimiento de las normas de admisi¨®n y ¡°especialmente las relativas a evitar la segregaci¨®n del alumnado por motivos socioecon¨®micos¡±. ¡°Particularmente¡±, a?ade, ¡°velar¨¢n por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad espec¨ªfica de apoyo educativo o que se encuentre en situaci¨®n socioecon¨®mica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos p¨²blicos de su ¨¢mbito de actuaci¨®n¡±.

M¨¢s transparencia. Las solicitudes para ser admitido en un centro podr¨¢n ser presentadas en el colegio, pero tambi¨¦n ante la Administraci¨®n educativa y la comisi¨®n de garant¨ªas de admisi¨®n. Con ello se busca dar m¨¢s transparencia al proceso y reducir el margen de los colegios para elegir a los alumnos.

Atenci¨®n espec¨ªfica a la vulnerabilidad. El texto ampl¨ªa la idea de alumnado con necesidades educativas especiales. Adem¨¢s de los estudiantes con discapacidad, se incluye tambi¨¦n a aquellos que presenten un ¡°desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje¡± o que est¨¦n ¡°en situaci¨®n de vulnerabilidad socioeducativa¡±. Y se?ala que las Administraciones deber¨¢n ¡°asegurar los recursos necesarios¡± para que puedan alcanzar los objetivos educativos.

Fijaci¨®n de porcentajes. Las Administraciones educativas auton¨®micas ¡°dispondr¨¢n las medidas necesarias para evitar la segregaci¨®n del alumnado por razones socioecon¨®micas o de otra naturaleza¡±, y para ello ¡°establecer¨¢n una proporci¨®n equilibrada del alumnado con necesidad espec¨ªfica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros p¨²blicos y privados concertados¡±, recoge ahora el proyecto de ley. El mandato, pensado para combatir las escuelas gueto (seg¨²n la definici¨®n de Save the children, aquellas donde m¨¢s de la mitad del alumnado vive en hogares de bajos ingresos), no establece el porcentaje m¨¢ximo o m¨ªnimo de este tipo de estudiantes en los centros. Fuentes parlamentarias argumentan que es mejor dejar la cuesti¨®n en manos de las comunidades para que los adapten a la realidad social de los centros. Lo que har¨¢ la ley, si es aprobada, ser¨¢ dar un paraguas jur¨ªdico a las autoridades educativas auton¨®micas para que establezcan las proporciones del alumnado con necesidades especiales que deben tener como m¨ªnimo o que no pueden superar las escuelas y los institutos.

Repartir la matr¨ªcula viva. Uno de los elementos que contribuye a la segregaci¨®n escolar es la matr¨ªcula viva: los estudiantes que se incorporan a un centro con el curso ya empezado y con frecuencia pertenecen a familias migrantes. Ahora, la mayor¨ªa son matriculados en colegios e institutos p¨²blicos de barrios humildes, donde los alquileres suelen ser m¨¢s bajos, que no dan por cerrada la matr¨ªcula al t¨¦rmino del periodo habitual de escolarizaci¨®n. La nueva redacci¨®n establece que la matr¨ªcula de los centros ¡°p¨²blicos y privados concertados¡± podr¨¢ ampliarse un 10%, aunque ya hubieran llegado al n¨²mero m¨¢ximo, cuando sea necesario acoger a estos alumnos. Corresponder¨¢ a las consejer¨ªas o a las oficinas de escolarizaci¨®n decidir en qu¨¦ centro son matriculados.

La segregaci¨®n por sexos, sin concierto. Una enmienda aprobada por socialistas y Podemos establece que los centros sostenidos con fondos p¨²blicos ¡°desarrollar¨¢n el principio de coeducaci¨®n en todas las etapas educativas y no separar¨¢n al alumnado por su g¨¦nero¡±.

Veto a las extraescolares intempestivas. Las actividades complementarias estables ¡°no podr¨¢n formar parte del horario escolar del centro¡±. El objetivo es desterrar la pr¨¢ctica de algunos concertados de poner a primera hora, por ejemplo, una actividad extraescolar de pago, empujando a los padres a contratarla, llevar a sus hijos m¨¢s tarde al colegio o cambiar de centro. La fijaci¨®n del horario escolar es competencia de las comunidades.

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