La trampa de la libre elecci¨®n educativa neoliberal

En el a?o 2002, la nunca desarrollada Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n introducir¨ªa una ¡°novedosa¡± y sorprendente f¨®rmula en la legislaci¨®n educativa al referirse a ¡°los padres¡± como ¡°primeros responsables de la educaci¨®n de sus hijos¡±. Expresi¨®n recuperada por la LOE en el a?o 2006 mediante la modificaci¨®n de la todav¨ªa vigente Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n. Posteriormente, la LOMCE reforzar¨ªa esa misma noci¨®n traslad¨¢ndola a los principios y fines de la educaci¨®n.

Estos cambios pueden parecer neutros o inofensivos. Al fin y al cabo, ?qui¨¦n va a negar el protagonismo que padres, madres o tutores deben tener en la educaci¨®n de sus hijas e hijos? Sin embargo, si hasta entonces las leyes educativas insist¨ªan en el ¡°esfuerzo compartido¡± que insinuaba, por tanto, una cierta horizontalidad entre familias y otros miembros de la comunidad educativa, este tipo de f¨®rmulas parec¨ªan dibujar una suerte de jerarqu¨ªa donde la opini¨®n o deseo individual de padres y madres comienza a primar frente a cualesquiera otros criterios e intereses educativos de la comunidad.

De hecho, en el curso de los debates parlamentarios, tanto de la LOE como de la LOMCE, aparecer¨ªan expresiones similares a las incorporadas en la ley. En algunos casos, incluso, alcanzar¨ªan un tono hiperb¨®lico. Una asociaci¨®n de madres y padres llegar¨ªa a afirmar en comisi¨®n parlamentaria que ¡°los primeros derechos que deben respetarse son obviamente los que corresponden a las familias¡± que ser¨ªan ¡°los destinatarios de la educaci¨®n¡±.

Situar a las familias como principal destinataria de la educaci¨®n, no al menor o a la sociedad y su inter¨¦s general, supone una ruptura radical con el sentido tradicional de las instituciones educativas, con hondas consecuencias. Implica, de alg¨²n modo, concebir la educaci¨®n no como un derecho social, cuyo desarrollo se inscribe en el bien com¨²n, sino como un inter¨¦s privado o una mercanc¨ªa subordinada al inter¨¦s del cliente, la familia, en este caso.

Por otra parte, el art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n espa?ola reconoce el derecho a la educaci¨®n y la libertad de creaci¨®n de centros docentes. No el supuesto ¡°derecho a la libre elecci¨®n de centro¡±. Lo que s¨ª exige a los poderes p¨²blicos es que ¨¦stos garanticen el derecho de a la educaci¨®n por medio de la programaci¨®n general y planificaci¨®n de la ense?anza. El problema se cre¨® con la LODE que introdujo la ¡°libertad de elecci¨®n individual de escuela¡±, aunque limit¨¢ndola solo a los casos en que el n¨²mero de solicitudes para tener plaza en un centro escolar p¨²blico superara las plazas disponibles.

Lo sorprendente es que las investigaciones demuestran reiteradamente que, detr¨¢s de muchas invocaciones a la ¡°libertad¡± de elecci¨®n de centro, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase: ¡°la libertad de elecci¨®n de centro no existe, es un t¨¦rmino falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas¡±. En definitiva, que esa pretendida ¡°libertad de elecci¨®n de centro escolar¡± se convierte realmente en segregaci¨®n escolar. ¡°Lo que respalda la evidencia estad¨ªstica es la creencia de los padres y las madres en que los contactos sociales y los compa?eros y las compa?eras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados¡±, donde las caracter¨ªsticas socioecon¨®micas medias del alumnado y de sus familias parecen proporcionarles m¨¢s ventajas en las relaciones futuras.

Estamos, por tanto, ante una reformulaci¨®n en clave neoliberal del concepto de ¡°libertad educativa¡±. Se pretende restringir esta noci¨®n, originalmente concebida como un derecho social vinculado al bien com¨²n, a un inter¨¦s privado asociado exclusivamente con la posibilidad de elegir centro y ense?anza en funci¨®n de convicciones o intereses privados. Esta mutaci¨®n de la libertad educativa ha desembocado, como ya advirti¨® la OCDE, en un proceso progresivo de segregaci¨®n escolar y social donde el alumnado con mayores dificultades y m¨¢s desfavorecido se concentra en determinados centros, que re¨²nen la inmigraci¨®n y alumnado aut¨®ctono en situaci¨®n de riesgo y exclusi¨®n social. Mientras tanto, otros centros, en su mayor¨ªa concertados pero tambi¨¦n algunos p¨²blicos, seleccionan a determinado alumnado que no presenta diversidad funcional, que no tiene dificultades de comportamiento, que no es absentista, etc.

Adem¨¢s, a pesar de que las familias tienden a creer que son ellas quienes seleccionan el centro educativo, en realidad son estos centros los que seleccionan a su alumnado de diversas maneras: ubicando sus centros en determinados barrios y zonas urbanas; seleccionando a quienes garanticen al centro resultados y estar en la parte alta de los rankings; poniendo trabas o expulsando a quienes pueden poner en riesgo esos resultados por su bajo rendimiento; estableciendo mecanismos de cuotas ¡°voluntarias¡± para que accedan solo quienes tienen recursos que les garanticen la estabilidad econ¨®mica; implantando programas que convierten en oportunidades para segregar y seleccionar a sus clientes, sea el biling¨¹ismo, programas de excelencia o bachilleratos internacionales.

Obviamente, esa peculiar construcci¨®n de la ¡°libertad de ense?anza¡± se ha acabado convirtiendo en la defensa de privilegios: desde la libertad de determinados centros concertados para imponer barreras econ¨®micas y culturales a much¨ªsimas familias, hasta la libertad de la Iglesia Cat¨®lica para condicionar el sistema educativo, pasando por la libertad de determinadas familias de exigir que se atienda su ¡°demanda social¡± para evitar la pluralidad y la convivencia con quienes no son de su misma clase o de la clase a la que aspiran llegar. Pero evidenciar esos privilegios no obsta para reconocer que ese nuevo sentido com¨²n ha permeado buena parte del cuerpo social, incluso entre sectores que ni siquiera disfrutan de ellos.

Este desplazamiento discursivo no fue casual ni espont¨¢neo. Obedec¨ªa, m¨¢s bien, a la adaptaci¨®n de la cultura educativa a un nuevo tiempo neoliberal. Una ¨¦poca donde la concepci¨®n de libertades, derechos y deberes sociales construidos en com¨²n ha sido progresivamente destruida y desplazada por la idea de bienes privados seleccionados o ¡°elegidos¡± en y desde el ¨¢mbito privado, por quienes pod¨ªan hacerlo. Centrando toda la agenda del debate p¨²blico sobre la libertad negativa que, para el neoliberalismo educativo, se plasma en la capacidad individual de los padres y madres a decidir c¨®mo, con qui¨¦n y en d¨®nde deben ser educados sus hijos e hijas.

Este neoliberalismo educativo se ha encapsulado as¨ª en la defensa de la libertad negativa, aquella que considera que un individuo es libre en la medida en que nada o nadie restringe su acci¨®n de elegir o que puede ejercer su voluntad individual. Pero oculta y niega la libertad positiva que se refiere a la capacidad colectiva para establecer los medios y mecanismos que permitan y posibiliten ejercerla a todos, al contar con las posibilidades para ello.

En un Estado Social y de Derecho es la comunidad social, a trav¨¦s los poderes p¨²blicos y las Administraciones educativas quienes establecen las leyes, normas y reglas que generan las condiciones de posibilidad para garantizar a todos y todas el derecho a la educaci¨®n en equidad, planificando y programando el sistema educativo de forma p¨²blica en funci¨®n del bien com¨²n y no de los intereses individuales. Para ello restringen la libertad negativa interesada de los individuos (por ejemplo, en la conducci¨®n vial prohibiendo conducir por el carril izquierdo o saltarse los sem¨¢foros en rojo) en aras de preservar y garantizar tanto las libertades positivas de todos y todas, y tambi¨¦n las libertades de quienes no tienen los mismos recursos y medios en una sociedad tan desigual como la que se mantiene estructuralmente en un sistema como el capitalista.

En ese sentido, la hegemon¨ªa de la ideolog¨ªa educativa neoliberal ha sido tal que se ha naturalizado la trampa de confundir la libertad con el deseo particular de padres y madres. Esta peligrosa confusi¨®n invita a percibir la equidad educativa, es decir, el papel de los poderes p¨²blicos en la asignaci¨®n de recursos o la defensa de un sistema educativo com¨²n, como inc¨®modos l¨ªmites de la ¡°libertad educativa (neoliberal)¡± de los individuos.

Lo cierto es, sin embargo, que esos ¡°l¨ªmites¡± a la libertad son, muy al contrario, la condici¨®n necesaria para garantizar el derecho com¨²n y una libertad compartida y justa. La comunidad social debe dar respuesta no a los deseos individuales, sino a las necesidades colectivas garantizando el derecho a la educaci¨®n p¨²blica de todos los menores en condiciones de equidad y justicia.

Romper el falso dilema entre educaci¨®n p¨²blica y libertad pasa por reivindicar el derecho de la comunidad social a la libertad positiva, que plantea la misma Constituci¨®n espa?ola, de reconstruir una educaci¨®n p¨²blica participativa, democr¨¢tica, capaz de hacerse cargo de una sociedad diversa y donde la implicaci¨®n de las familias en el proceso educativo es m¨¢s intensa, comprometida y democr¨¢tica.

Una educaci¨®n que pivote sobre el derecho de las familias a elegir instituciones escolares seg¨²n sus preferencias privadas e imponer sistem¨¢ticamente su criterio frente al de otros agentes de la comunidad educativa, no supone en modo alguno una ampliaci¨®n de la libertad y el derecho a la educaci¨®n de todos y todas, sino la defensa de un sistema neodarwinista de lucha y competici¨®n por conseguir imponer los intereses privados de quien tiene m¨¢s recursos o posibilidades, de hacer valer ¡°su libertad¡± frente a los otros.

Ese marco nos aboca a una educaci¨®n crecientemente segregadora, desprovista de los mecanismos para que las generaciones futuras desarrollen plenamente su autonom¨ªa personal y colectiva en una sociedad plural y plenamente democr¨¢tica. La gran paradoja neoliberal es que nos ¡°regala¡± la ficci¨®n de una mayor capacidad de decisi¨®n en el ¨¢mbito privado y de los intereses particulares a costa de estrechar la libertad de deliberar y decidir colectivamente sobre c¨®mo garantizar de una forma equitativa el bien com¨²n. Es m¨¢s, esta l¨®gica perversa invierte los t¨¦rminos del problema y, las clases populares acaban financiando ¡°libremente¡± los exclusivos conciertos educativos de las clases medias y altas, reproduciendo con dinero p¨²blico la segregaci¨®n escolar y la desigualdad social.

En definitiva, la trampa de la libre elecci¨®n neoliberal en educaci¨®n se basa en la l¨®gica individualista de la ¡°¨¦tica del m¨¢s fuerte¡± y no en la l¨®gica igualitaria de la pluralidad y la convivencia basada en el bien com¨²n y la garant¨ªa del derecho a la educaci¨®n de todos los menores de la comunidad social. As¨ª entendida, la libertad de elecci¨®n es un privilegio y no un derecho, adem¨¢s de una estrategia para situar la educaci¨®n dentro del proceso de privatizaci¨®n del mercado.

El Estado debe velar por el bien com¨²n y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios, en donde las familias compitan para conseguir la mejor oferta, como si de un gran supermercado se tratara. El desarrollo de un sistema p¨²blico inclusivo, plural, democr¨¢tico y equitativo, lejos de cancelar la libertad educativa, genera el sustrato de la misma. Por eso, una educaci¨®n p¨²blica es el mejor lugar para recordar que no somos libres frente a, sino con los dem¨¢s.

Enrique Javier D¨ªez Guti¨¦rrez es profesor de la Facultad de Educaci¨®n de la Universidad de Le¨®n. Carlos Bernab¨¦ Mart¨ªnez es investigador en Educaci¨®n de la Universidad de Murcia

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