La Junta de Andaluc¨ªa proh¨ªbe a una ni?a de Granada entrar en el colegio sin mascarilla
La Fiscal¨ªa de Menores ha abierto un expediente de protecci¨®n de riesgo de la menor. Los progenitores alegan problemas respiratorios de la menor, pero no lo justifican documentalmente


La negativa de unos padres a que su hija de seis a?os lleve mascarilla impide que la ni?a pueda asistir a clase desde el viernes 24 de septiembre. Seg¨²n la normativa de la Junta de Andaluc¨ªa, todos los ni?os y ni?as de seis o m¨¢s a?os deben llevarla durante su estancia en el centro escolar, algo a lo que se niegan los progenitores. Esta situaci¨®n se inici¨® el viernes pasado cuando los dos progenitores acudieron con su hija al centro, el colegio p¨²blico Virgen de F¨¢tima en Lancha del Genil, un barrio de la ciudad de Granada, a la hora de la entrada a clase. Ante la negativa de los padres a que su hija vistiera la mascarilla, la direcci¨®n del centro les requiri¨® la documentaci¨®n que legalmente puede exonerarla de llevarla, un certificado m¨¦dico que pudiera justificar que la menor no use mascarilla. Los padres argumentaron razones m¨¦dicas ¡ªproblemas respiratorios¡ª, pero no pudieron justificar su actuaci¨®n documentalmente. En ese momento, se organiz¨®, seg¨²n fuentes policiales, un peque?o l¨ªo en el colegio, con la ni?a delante. Este caso recuerda, entre otros, al de dos hermanas de un colegio de C¨¢ceres, que tampoco pudieron acceder al centro por la negativa de los padres a que usen mascarilla.
La polic¨ªa local sugiri¨® entonces que retiraran a la ni?a del lugar mientras se tomaba una decisi¨®n. La discusi¨®n sigui¨® con el padre, cuentan fuentes que estuvieron presentes, algo alterado. Finalmente, ante la negativa a que llevara mascarilla y la imposibilidad de justificarlo documentalmente, la ni?a hubo de volver a casa. Desde entonces, seg¨²n fuentes de la polic¨ªa local, el patr¨®n de actuaci¨®n de los padres es el mismo cada ma?ana: acuden al centro educativo con la ni?a, sin mascarilla, la dejan en el coche y acuden a direcci¨®n a insistir en su intenci¨®n. Ante la negativa, presentan escritos dejando constancia de que a su hija no la dejan asistir a clase. La polic¨ªa local, que acude cada ma?ana al centro desde entonces, ha confirmado a este diario que ha presentado un escrito ante Fiscal¨ªa explicando los hechos por si la actuaci¨®n de los padres fuera constitutiva de un delito. En el caso de C¨¢ceres fue la Junta de Extremadura la que traslad¨® el caso a la Fiscal¨ªa.
La Fiscal¨ªa de Menores de Granada, tras recibir el informe este martes de la Polic¨ªa Local, ha abierto un expediente de protecci¨®n de riesgo de la menor y ha solicitado al juzgado de guardia que tome testimonio al progenitor para comprobar si existe un posible delito de abandono del menor. El Ministerio P¨²blico considera que se podr¨ªa estar vulnerando el derecho a la educaci¨®n de la menor. Se trata aparentemente m¨¢s de una medida preventiva que real ya que a¨²n no han pasado los cinco d¨ªas necesarios para que se considere la opci¨®n de absentismo escola.
Este martes, la ni?a ha faltado a clase por tercer d¨ªa consecutivo. A partir del quinto d¨ªa, en concreto cuando el alumno o alumna falte a clase el 25% del horario lectivo del mes, el colegio puede abrir un expediente de absentismo. Previamente, el centro debe tratar el asunto con la familia y ver las razones de la no asistencia a clase, algo que ya conocen en este caso. A partir de ah¨ª, si la direcci¨®n del centro lo considera oportuno deber¨¢ abrir el expediente y trasladar el caso a la Delegaci¨®n Provincial de Educaci¨®n, que deber¨¢ evaluar con el servicio de inspecci¨®n qu¨¦ medidas han de tomarse. En situaciones extremas, Educaci¨®n puede trasladar el caso a la Fiscal¨ªa.
A principios de curso, en la localidad mallorquina de Costitx se deneg¨® el acceso a dos alumnos de primaria por negarse sus padres a que utilizaran el tapabocas. D¨ªas despu¨¦s, las familias rectificaron. En Extremadura, tambi¨¦n se registr¨® el caso de dos hermanas en un colegio p¨²blico de C¨¢ceres. ¡°El conflicto se solucion¨® gracias a la mediaci¨®n y la familia dio marcha atr¨¢s¡±, confirman fuentes de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n.
En el caso de Andaluc¨ªa, la Junta ha emitido este martes un comunicado respecto a los casos en los que el alumnado no lleva mascarilla. El escrito recuerda que ¡°en el caso de que las familias no aporten ning¨²n informe m¨¦dico, el centro aplicar¨¢ su reglamento, ofreciendo una mascarilla. En el caso de no pon¨¦rsela, no permitir¨¢ que dicho alumnado acceda al centro¡±, procedimiento que se est¨¢ siguiendo en este caso de Granada. A partir de ah¨ª, Educaci¨®n recuerda que ¡°las faltas injustificadas de asistencia al centro conllevar¨¢n la apertura del protocolo de absentismo, cuando se acumule el preceptivo n¨²mero de faltas. En el caso de aportar informes m¨¦dicos, el centro educativo estudiar¨¢ la respuesta educativa m¨¢s apropiada para el alumnado, en funci¨®n de la etapa educativa en la que est¨¦ matriculado y de los recursos disponibles, contando con el asesoramiento, si fuera necesario, del inspector de referencia¡±.
El consejero de Educaci¨®n andaluz, Javier Imbroda, ha explicado en esa nota que ¡°a esas familias quiero recordarles el respecto a la convivencia, y convivir significa cumplir unas normas, y entre ellas est¨¢n las que nos han dictado las autoridades sanitarias, que no son ning¨²n capricho. Una de ellas es el uso obligatorio de las mascarillas. Si esas familias les dicen a sus hijos que no lleven mascarillas no est¨¢n facilitando ni respetando la convivencia... Este consejero no va a consentir la m¨¢s m¨ªnima falta de respeto a las normas de convivencia en un centro educativo¡±. Imbroda ha concluido sus declaraciones recordando que ¡°los docentes lo que necesitan fundamentalmente es tranquilidad, no necesitan ruido¡±.
La pandemia gener¨® el curso pasado un nuevo tipo de absentismo: el de los alumnos cuyas familias no quer¨ªan que fueran a clase por miedo a que se contagiaran de la covid. A principio de curso, el Ministerio de Educaci¨®n pidi¨® un informe a la Abogac¨ªa del Estado, que record¨® que la educaci¨®n es obligatoria entre los seis y los 16 a?os y que la no asistencia pod¨ªa tener consecuencias penales y en materia de patria potestad. Pero la Abogac¨ªa tambi¨¦n dijo que en caso de que el alumno o alguna de las personas con las que conviv¨ªa tuviera problemas de salud que los hicieran especialmente vulnerables a la covid, dicha circunstancia deb¨ªa ser analizada caso a caso y pod¨ªa justificar la decisi¨®n de no asistir a clase.
EL PA?S pregunt¨® hace unas semanas a las comunidades aut¨®nomas cu¨¢ntas familias alegaron motivos de su salud para que sus hijos no fueran a clase. Contestaron seis: Andaluc¨ªa (6.615 alumnos), Canarias (467), Baleares (241), Castilla y Le¨®n (160) y Galicia (100). En total, 7.610, una cifra que incluye tanto los casos en que la inasistencia se consider¨® justificada como aquellos en que no lo fue, porque las comunidades en general no hicieron distinciones. Galicia s¨ª indic¨® que un 30% de los casos fueron remitidos a la Fiscal¨ªa. El presidente de la asociaci¨®n Instituto Andaluz para la Prevenci¨®n del Acoso Escolar, Rafael Romero, afirma que su entidad asesor¨® a 2.000 familias en toda Espa?a que no quer¨ªan llevar a sus hijos a clase, de las cuales unas 800 vieron rechazadas su solicitud. De ellas, 500 acataron la decisi¨®n. Y entre las 300 que no lo hicieron hubo 80 en que los centros comunicaron a final de curso que sus hijos tendr¨ªan que repetir. Varios casos llegaron a la fiscal¨ªa, pero ninguno, dice Romero, lleg¨® a juicio.
La decisi¨®n de aceptar o no las justificaciones m¨¦dicas presentadas por los padres qued¨® en primera instancia en manos de los centros educativos. Un responsable educativo afirma que, tras el dictamen de la Abogac¨ªa del Estado, su departamento transmiti¨® a los centros educativos que actuaran con mano izquierda. Seg¨²n las abogadas del Instituto Andaluz para la Prevenci¨®n del Acoso Escolar, Almudena Jim¨¦nez y Alicia de la Puente, la respuesta de las comunidades fue desigual, y Castilla y Le¨®n fue especialmente reacia a aceptar peticiones.
Si los centros educativos no consideraban suficientes los argumentos de los padres y los alumnos segu¨ªan sin ir a clase se activaba el procedimiento por absentismo, que en un primer nivel implic¨®, como es habitual, la intervenci¨®n de los servicios sociales municipales apoyados en ocasiones por la polic¨ªa local. En parte de los casos, el asunto se elev¨® a la Fiscal¨ªa para que analizara si el comportamiento de los padres pod¨ªa constituir el delito recogido en el art¨ªculo 226 del C¨®digo Penal, que castiga el incumplimiento de los ¡°deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad¡±, que adem¨¢s de pena de hasta seis meses de prisi¨®n y de multa puede llevar acarreado la retirada de la patria potestad por un plazo de hasta 10 a?os. Los casos que la Fiscal¨ªa acab¨® asumiendo fueron, sin embargo, muy pocos, aseguraba a finales de julio a EL PA?S el Fiscal coordinador de Menores, Eduardo Esteban, y el n¨²mero de expedientes abiertos por la fiscal¨ªa se mantuvo en niveles similares a los de otros a?os.
El presidente del Instituto Andaluz para la Prevenci¨®n del Acoso Escolar, afirma que en algunos de los casos en que se comunic¨® a las familias que los alumnos que tendr¨ªan que repetir, despu¨¦s de que no los hubieran llevado a clase y de que los centros se negaran a ofrecerles ense?anza a distancia, los responsables escolares pactaron con las familias que estas llevaran a sus hijos al menos un par de semanas a final de curso y a cambio cerraron los expedientes de absentismo.
Mascarilla obligatoria
En Andaluc¨ªa, la normativa que rige el uso de mascarillas es una instrucci¨®n de la Viceconsejer¨ªa de Educaci¨®n del 13 de julio de este a?o que establece que ¡°ser¨¢ obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que el alumnado use mascarillas, exceptuando los menores de seis a?os. No obstante, para el alumnado entre tres y seis a?os, tambi¨¦n ser¨¢ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc¨¦tera)¡±.
Esta obligatoriedad aplica en toda Espa?a, seg¨²n el protocolo acordado para este curso entre el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas. Solo podr¨¢ quitarse al consumir alimentos y bebidas, por razones m¨¦dicas y, en algunas comunidades, en actividades en el exterior, como Educaci¨®n F¨ªsica.
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