Las universidades quieren m¨¢s financiaci¨®n del Estado para poner en marcha la nueva ley ante las desigualdades entre autonom¨ªas

El pasado marzo, el Congreso de los Diputados aprob¨® la nueva Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU), y desde entonces se discute qui¨¦n tiene que pagar su puesta en marcha. En la actualidad el gasto p¨²blico en universidades est¨¢ altamente descentralizado ¨Del 87,7% sale de las arcas de las comunidades aut¨®nomas¨D, y el Gobierno central conf¨ªa en que estas se impliquen en la aplicaci¨®n de la norma, pero el inter¨¦s pol¨ªtico es muy dispar. ...

El pasado marzo, el Congreso de los Diputados aprob¨® la nueva Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU), y desde entonces se discute qui¨¦n tiene que pagar su puesta en marcha. En la actualidad el gasto p¨²blico en universidades est¨¢ altamente descentralizado ¨Del 87,7% sale de las arcas de las comunidades aut¨®nomas¨D, y el Gobierno central conf¨ªa en que estas se impliquen en la aplicaci¨®n de la norma, pero el inter¨¦s pol¨ªtico es muy dispar. Quiz¨¢s por eso, la conferencia de rectores (CRUE), preocupada de no recibir un euro m¨¢s, ha emitido un estudio, Financiaci¨®n p¨²blica en la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario: Objetivos ¨Dpresentado este martes en Madrid¨D, en el que tira de las orejas al Gobierno central: ¡°No deber¨ªa esperar que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1% PIB de gasto p¨²blico universitario procediera del ¨¢mbito de los gobiernos regionales, sino que, asumiendo la responsabilidad de su iniciativa, la mayor parte del esfuerzo corriera a cargo de la propia hacienda estatal¡±.

A juicio de la CRUE, la memoria econ¨®mica de la LOSU ¨Dque entra en vigor del curso que viene¨D no recoge realmente el impacto econ¨®mico de sus medidas hasta 2030 y propone que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado. Seg¨²n los c¨¢lculos de la conferencia, limitar las horas de docencia de los profesores asociados (120), permanentes (240) y ayudantes (180) tendr¨¢ un coste para sus arcas de 225 millones de euros por forzar a nuevas contrataciones. A este monto hay que sumar una partida de 195 millones para aplicar una tasa de reposici¨®n del 120% (por cada 10 profesores de plantilla que se jubilan entran 12) con la que asumir los costes de Seguridad Social de estos 10.000 docentes, que mientras est¨¢n en ejercicio paga el Estado, pues cotizan a Muface. Y los rectores estiman que terminar con la temporalidad (que no pase del 8%) costar¨¢ 106 millones, mientras que la mejora de la calidad de la plantilla ¨Datrayendo talento, por ejemplo¨D supondr¨¢ otros 318 millones. En total, 844 millones que forzosamente deben de abonarse para cumplir la nueva norma.

La LOSU conf¨ªa en que en 2030 se invierta el 1% del PIB nacional (1.346.377 millones, en 2022) en universidades, cuando ahora el gasto se sit¨²a en un valor muy pr¨®ximo al 0,76%. Es decir, aumentar ese 0,24% del PIB equivaldr¨ªa a una aportaci¨®n de recursos adicionales de 3.180 millones de euros corrientes de 2022: un 80% por parte del Estado y un 20% de los gobiernos auton¨®micos. El texto de la nueva norma no desglosa c¨®mo invertir ese 1% del PIB, pero los rectores consideran que deber¨ªa gastarse unos 950 millones m¨¢s en becas y ayudas al estudio para acercarse a la media europea y otros 1.300 en cerrar el desequilibrio econ¨®mico interregional, para que no haya universidades de primera y segunda. ¡°Habr¨ªa que aumentar hasta los 5.000 millones el presupuesto para llegar a la media de la OCDE¡±, compara Jos¨¦ Antonio P¨¦rez, de la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia, autor del informe junto a Juan Hern¨¢ndez Armenteros, de la Universidad de Ja¨¦n.

Asimetr¨ªa entre regiones

¡°?Estamos ante un nuevo ejemplo en el que el Gobierno central legisla y las comunidades pagan? (Ley de dependencia, asistencia sanitaria a desplazados, etc¨¦tera)¡±, se plantean los rectores en su documento. En el gasto por estudiante actual hay diferencias de hasta 57 puntos porcentuales entre regiones y ello, remarca la CRUE, refleja que ¡°cuando el Estado gestionaba las competencias universitarias no aplicaba a la provisi¨®n de este servicio p¨²blico un principio de equidad (asignar los recursos por igual, en cantidad y calidad, para atender las necesidades de los usuarios de los servicios p¨²blicos, independientemente de su territorio de residencia)¡±, y esa asimetr¨ªa en la inversi¨®n por alumno se reflej¨® en el traspaso de las competencias entre 1985 (Catalu?a) y 1996 (Baleares).

Ahora, para ofrecer la misma calidad que una regi¨®n rica, la desfavorecida se ve forzada a hacer un gran esfuerzo financiero. Las diferencias de renta per c¨¢pita entre regiones son de hasta el 80% ¨Dla brecha entre Madrid y Extremadura¨D y, bas¨¢ndose en esta cifra, los rectores alertan: ¡°Si, como propone la memoria de la LOSU, el objetivo de la mejora de suficiencia se traslada a cada comunidad aut¨®noma y se asigna en funci¨®n de la magnitud del 1% del PIB regional, dar¨¢ como resultado diferencias de financiaci¨®n por estudiante de m¨¢s del 80%¡±. Es decir, ¡°se romper¨ªa el principio de equidad, cuando el servicio p¨²blico tiene que ser homologable entre todos los territorios¡±, recuerda P¨¦rez. Hern¨¢ndez Armenteros precisa que los gobiernos auton¨®micos deber¨ªan de ¡°comprometerse¡± por su parte a hacer un esfuerzo inversor.

Las universidades acaban de recuperar el nivel de financiaci¨®n de 2009. Los rectores alaban el esfuerzo que han hecho las comunidades en invertir en universidades, pues entre 1996 y 2020 este gasto pas¨® de representar el 0,36% del Producto Interior Bruto a un 0,68%, es decir, un incremento del 88% de la inversi¨®n real. Y eso que los recursos no financieros del sector p¨²blico auton¨®mico han registrado una variaci¨®n real del 11%, pasando del 13,4% del PIB en 2003, al 14,9% en 2019 (a?o prepand¨¦mico).

Desde el recientemente creado Ministerio de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades informan de que valorar¨¢n el informe cuando lo conozcan. Por lo pronto, los rectores pidieron este martes una entrevista a su responsable, Diana Morant.

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