Financiaci¨®n universitaria y compromiso con la ciudadan¨ªa

El 17 de noviembre de 2017, poco antes de procederse a la firma del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la ciudad sueca de Gotemburgo, el presidente de la Comisi¨®n Europea, Jean Claude Juncker, reclam¨® que el texto, concebido para reforzar la dimensi¨®n social del proyecto europeo, no quedase en un bonito poema. En su primer cap¨ªtulo, este documento afirma que ¡°toda persona tiene derecho a una educaci¨®n, formaci¨®n y aprendizaje permanente, inclusivo y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con ¨¦xito las transiciones en el mercado laboral¡±.

Desde su nacimiento en Europa hace m¨¢s de mil a?os, el reto de la Universidad ha sido, y es, mejorar la vida de las personas a trav¨¦s de la docencia, la investigaci¨®n y la transferencia del conocimiento. Por desgracia, esta tarea se ha convertido para las universidades p¨²blicas espa?olas en una misi¨®n cada vez m¨¢s complicada. No por falta de potencial, en absoluto, sino por algo tan b¨¢sico como la disponibilidad de recursos. Ojal¨¢ fuese de otra manera, pero la capacidad de transformaci¨®n social de las universidades est¨¢ inevitablemente condicionada por la financiaci¨®n que reciben.

La propia Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU) admite en su pre¨¢mbulo que ¡°las universidades p¨²blicas espa?olas han sufrido de manera persistente una insuficiente financiaci¨®n p¨²blica en el ¨²ltimo decenio¡±. La reducci¨®n de los recursos disponibles ha sido tan severa que a¨²n no se han recuperado los niveles de inversi¨®n de 2009. Los datos de EUROSTAT son demoledores. El porcentaje de gasto p¨²blico en educaci¨®n universitaria en relaci¨®n con nuestro PIB es un 32% inferior al de la media de la Uni¨®n Europea, (0,76% frente a 1,08%) y est¨¢ muy por debajo de las universidades que ocupan las 150 primeras posiciones en los principales r¨¢nquines internacionales.

Parece que en Espa?a cuesta entender el axioma de que la educaci¨®n es una inversi¨®n y no un gasto. Quiz¨¢ por ello, nuestro pa¨ªs fue de los pocos de la UE que durante la ¨²ltima gran crisis econ¨®mica redujo la financiaci¨®n p¨²blica de las universidades m¨¢s, incluso, de lo que cay¨® su PIB. Y quiz¨¢ por ello ha sido uno de los ¨²ltimos en salir de ella.

Es urgente que las universidades p¨²blicas dispongan de programaciones plurianuales de financiaci¨®n elaboradas con criterios de eficiencia y eficacia; con una financiaci¨®n basal que garantice los costes estructurales y una financiaci¨®n global por resultados que incentive el logro de objetivos. No se trata de obsesionarse con las posiciones en los r¨¢nquines internacionales, sino de que la Universidad se refuerce como instituci¨®n clave en la configuraci¨®n de una econom¨ªa sostenible y resiliente en un territorio vertebrado y cohesionado socialmente.

Con la LOSU, deber¨ªa abrirse una nueva etapa. Y aunque la nueva ley no despeja todas las incertidumbres, al menos refleja un compromiso inicial de dotar a las universidades de los recursos econ¨®micos necesarios para recuperar la suficiencia financiera que tuvieron antes de la crisis financiera. En ese sentido, es de celebrar que, en el marco del plan de incremento del gasto p¨²blico para 2030, en el art¨ªculo 55 se fije el objetivo de destinar ¡°como m¨ªnimo el 1% del PIB al gasto p¨²blico en educaci¨®n universitaria p¨²blica en el conjunto del Estado¡±. Dado que actualmente estamos en el 0,76% del PIB, hablar¨ªamos de 3.135 millones de euros adicionales.

Las universidades siguen sin saber ni qui¨¦n, ni cu¨¢ndo, ni c¨®mo les van a inyectar los recursos prometidos

Sin embargo, tranquiliza muy poco seguir leyendo y comprobar c¨®mo, en el punto 2 del mismo art¨ªculo 55, se indica que las correspondientes aportaciones se establecer¨¢n ¡°de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio¡±. Si no se concreta la responsabilidad que asume cada Administraci¨®n en la financiaci¨®n de las universidades, el sistema universitario p¨²blico seguir¨¢ sin contar con un marco de referencia estatal que evite diferencias significativas en la asignaci¨®n de recursos; bien sea por las estrategias pol¨ªticas de los gobiernos auton¨®micos del momento, o por los recursos disponibles por unas y otras comunidades aut¨®nomas como consecuencia del modelo de reparto financiero.

Las universidades est¨¢n obligadas a implantar la LOSU, pero siguen sin saber ni qui¨¦n, ni cu¨¢ndo, ni c¨®mo les van a inyectar los recursos prometidos. En este escenario, el riesgo de que todo quede en un bonito poema es demasiado alto. No se podr¨¢ alcanzar el 1% del PIB si la Administraci¨®n general del estado no aporta recursos adicionales a las comunidades aut¨®nomas, y estas, a su vez, asuman la parte que les corresponde. Conviene recordar que el principio de lealtad institucional que recoge la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas obliga al Estado a compensar por los gastos estructurales que puedan suponer las actuaciones legislativas que se han generado.

Se han lanzado muchas iniciativas positivas desde el ministerio en competencias en Universidades y Ciencia (sexenios, convocatorias de captaci¨®n de talento, reducci¨®n y estabilizaci¨®n de asociados con la LOSU¡­), que, a su vez, generan un gasto que las universidades no pueden asumir si no se les compensa. Urge que, desde la Administraci¨®n General del Estado, en coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, se articule un mecanismo de compensaci¨®n y de implantaci¨®n de la LOSU. De lo contrario, la ley no se podr¨¢ aplicar.

Para evitarlo, el Gobierno central deber¨ªa desplegar programas estatales de financiaci¨®n al sector. Nada le impide hacerlo para avanzar hacia un modelo de financiaci¨®n estructural de la investigaci¨®n ¨Cadem¨¢s de la procedente de proyectos de investigaci¨®n, que tambi¨¦n se?ala la LOSU¨C o corregir las inequidades territoriales que se produjeron desde el traspaso de competencias de Educaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas, en aplicaci¨®n del principio de garant¨ªa de un nivel base equivalente de financiaci¨®n de los servicios fundamentales, con independencia de la comunidad aut¨®noma.

Hay potencial para liderar, de manera responsable y compartida, el cambio hacia la sociedad del conocimiento

Con los recursos adecuados, las universidades podr¨¢n seguir siendo referente de un cambio social comprometido con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podr¨¢n mantenerse como espacio de oportunidades para la ciudadan¨ªa, seguir luchando contra las desigualdades y, tambi¨¦n, avanzar hacia una sociedad m¨¢s diversa e inclusiva.

Hay potencial para liderar, de manera responsable y compartida, el cambio hacia la sociedad del conocimiento. Por eso, y por un futuro con m¨¢s oportunidades, es necesario apostar, sin ning¨²n tipo de excusas, por las universidades. El anuncio realizado por la nueva ministra de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades, Diana Morant, sobre la aprobaci¨®n de 1.000 millones de euros en la convocatoria de talento y financiaci¨®n de las universidades ¨Cque no depender¨¢ de los fondos europeos, sino que provendr¨¢ en exclusiva de presupuesto nacional¨C es una buena noticia. Esperemos que contar con recursos suficientes para empezar a aplicar la LOSU sea la pr¨®xima buena noticia.

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