El Tribunal de Conflictos aplaza su decisi¨®n sobre el pleito entre Gobierno y Supremo por el caso 'Lia?o'
Formado por tres magistrados y tres consejeros permanente de Estado, el voto de calidad lo tendr¨¢ su presidente, que lo es tambi¨¦n del Supremo y el CGPJ
El Tribunal encargado de dirimir la cuesti¨®n est¨¢ compuesto por seis miembros, y es presidido por Javier Delgado Barrio, presidente a su vez del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Los otros cinco integrantes son Rodolfo Soto y Pedro Antonio Mateos, ambos magistrados de la Sala Tercera del Supremo; y los consejeros permanentes de Estado Jos¨¦ Luis Manzanares, Antonio P¨¦rez-Tenessa y Miguel Vizcaino. En caso de empate a tres en favor de una y otra tesis, resolver¨¢ el voto de calidad del presidente.
El Gobierno concedi¨® el indulto al ex juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o el pasado 1 de diciembre, despu¨¦s de que est¨¦ fuera condenado por la Sala Segunda del Supremo a 15 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n continuada en la instrucci¨®n del caso Sogecable.
Rechazo al indulto
Como consecuencia de la condena, Lia?o hab¨ªa sido expulsado de la carrera judicial, pero el Gobierno decret¨® en su indulto el reingreso del juez a ¨¦sta. El 8 de enero, el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo resolvi¨® por mayor¨ªa rechazar esta medida, al entender que su expulsi¨®n era una pena ya ejecutada, lo que exclu¨ªa que pudiera indultarse.
De ese modo, el Supremo s¨®lo acept¨® indultar los 15 a?os de inhabilitaci¨®n, por lo que Lia?o tendr¨ªa que esperar cinco a?os para volver a la judicatura, periodo en el que se cancelan los antecedentes penales.
El Gobierno present¨® el conflicto de jurisdicci¨®n con la Sala Segunda del Supremo por estimar que la competencia para establecer el alcance del indulto es del Ejecutivo, y el Supremo no puede corregir o modificar la medida de gracia.
De su misma opini¨®n fueron la Fiscal¨ªa y el propio Lia?o, seg¨²n plasmaron en sus alegaciones. Por contra, el Supremo ha defendido su competencia para controlar la legalidad de los actos del Gobierno, incluidos los indultos.
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