PP y PSOE propondr¨¢n disolver los Ayuntamientos que exalten a ETA
Ambas formaciones quieren que cuando las dimisiones dejen a un partido sin representaci¨®n municipal, las vacantes pueda cubrirlas "cualquier ciudadano mayor de edad"
Representantes del Gobierno, el PP y el PSOE han acordado en la Comisi¨®n T¨¦cnica del Pacto Antiterrorista, celebrada ayer, la posibilidad de disolver los Ayuntamientos que con sus actuaciones den cobertura o apoyen al terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen.
A la reuni¨®n acudieron el secretario de Estado de Organizaci¨®n Territorial, Gabriel Elgorriaga, por parte del Gobierno; el portavoz en el Senado, Esteban Gonz¨¢lez Pons, y la secretaria de Pol¨ªtica Municipal, Ana Romero, por parte del Grupo Popular, adem¨¢s de Carlos Urquijo, del PP vasco; y el responsable de Pol¨ªtica Municipal, ?lvaro Cuesta, y el diputado auton¨®mico del PSE V¨ªctor Garc¨ªa Hidalgo, por parte del PSOE.
La comisi¨®n ha acordado una serie de propuestas para reforzar la seguridad de los concejales en el Pa¨ªs Vasco y garantizar el funcionamiento democr¨¢tico de los Ayuntamientos, lo que supondr¨¢ reformar el C¨®digo Penal, la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos, la Ley de R¨¦gimen Electoral y la Ley de Bases de R¨¦gimen Local.
?lvaro Cuesta ha explicado en una conferencia de prensa uno de los aspectos m¨¢s destacados, como es la determinaci¨®n por parte de ambos partidos de ampliar las causas que permitan al Consejo de Ministros la disoluci¨®n de un Ayuntamiento, aunque este punto est¨¢ a¨²n "a expensas de un ajuste fino jur¨ªdico-t¨¦cnico" para evitar problemas de anticonstitucionalidad.
Seg¨²n Cuesta, la idea consiste en crear dos supuestos de disoluci¨®n: el ordinario, que ya contempla la ley por gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales, en cuyo caso se crear¨¢ una gestora por tres meses hasta la celebraci¨®n de elecciones. Y el segundo supuesto, "a expensas de borradores", proceder¨ªa la disoluci¨®n cuando con sus actuaciones los ¨®rganos de gobierno den cobertura o apoyen al terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen; en este caso la gestora se mantendr¨ªa al frente hasta la siguiente
convocatoria electoral.
Adem¨¢s, se modificar¨¢ el art¨ªculo 183 de la Ley general del R¨¦gimen Electoral para que cuando se produzca la disoluci¨®n de una corporaci¨®n municipal, se haga cargo del gobierno de la corporaci¨®n un ¨®rgano designado por la Diputaci¨®n u ¨®rgano de la comunidad aut¨®noma hasta las siguientes elecciones.
Tambi¨¦n ser¨¢ necesaria otra modificaci¨®n de este texto legal, para que, cuando por las dimisiones en una lista, ¨¦sta quede sin representaci¨®n municipal, las vacantes puedan ser cubiertas por "cualquier ciudadano mayor de edad".
Pr¨®xima reuni¨®n, el 10 de abril
La redacci¨®n final de esta y otras propuestas queda pendiente para una pr¨®xima reuni¨®n de la comisi¨®n t¨¦cnica del Pacto Antiterrorista, fijada para el pr¨®ximo 10 de abril, y de la que se prev¨¦ que salga un documento con las medidas que ambos partidos propondr¨¢n en el Parlamento como parte del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.
Adem¨¢s, PP y PSOE se comprometieron a incluir un "principio de coherencia" en el documento final que incluya la determinaci¨®n de trasladar al Parlamento vasco las reformas legales presentadas en el Congreso de los Diputados y la decisi¨®n de que los Ayuntamientos se personen en procedimientos penales por amenazas a concejales.
Entre los puntos de este "principio de coherencia", el PP ha propuesto incluir el que los Ayuntamientos gobernados por fuerzas democr¨¢ticas presenten mociones para retirar cualquier tipo de responsabilidad municipal a representantes de Batasuna; extremo sobre el que no se ha pronunciado el PSOE aunque —seg¨²n los populares— "no lo ha rechazado".
Entre los temas que a¨²n no han sido "afinados t¨¦cnica y
jur¨ªdicamente", Cuesta ha destacado las medidas para impedir la subvenci¨®n p¨²blica y "dificultar" los anticipos de subvenciones electorales a partidos pol¨ªticos que promuevan o justifiquen el odio, el terrorismo o un clima de violencia o de humillaci¨®n de las v¨ªctimas.
En este sentido, se considerar¨¢ como actuaci¨®n propia de los partidos la realizada por cualquiera de sus miembros cuando act¨²en en nombre o por cuenta de los mismos, ha explicado.
Tambi¨¦n deber¨¢ ser perfilada la reforma del art¨ªculo 505 del C¨®digo Penal, para incriminar la conducta de quienes impidan a los concejales el acceso a los plenos de las corporaciones.
En su detallado repaso a los acuerdos alcanzados, el dirigente socialista ha reconocido que no se ha avanzado como en otros asuntos como el habilitar un fondo para costear la seguridad de los concejales. Sin embargo, ha a?adido que s¨ª se hab¨ªa acordado elevar a la comisi¨®n de seguimiento del Pacto el estudio de esta medida por considerar "imprescindible" la regulaci¨®n de un fondo.
En su opini¨®n, ¨¦ste deber¨ªa ser de car¨¢cter p¨²blico, de naturaleza presupuestaria, adscrito al ministerio del Interior y presente en los Presupuestos Generales del Estado.
Seg¨²n ha precisado el portavoz de los socialistas, entre los acuerdos ya detallados figuran la modificaci¨®n de la Ley Electoral sobre la inelegibilidad de ciertos candidatos y sobre la presentaci¨®n de suplentes en las listas, para los que no habr¨¢ un m¨ªnimo.
Finalmente, entre lo ya acordado, tambi¨¦n destaca la reforma que establece que los interventores y apoderados en elecciones locales no tengan que residir en la provincia de la circunscripci¨®n.
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