PP y PSOE ampl¨ªan los fondos para reforzar la seguridad de los ediles amenazados

Gobierno, PP y PSOE, reunidos en la comisi¨®n de seguimiento del Pacto Antiterrorista, han aprobado hoy la creaci¨®n de un fondo econ¨®mico de 3 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que, a partir del 2003, cobrar¨¢n los partidos pol¨ªticos con cargos amenazados por el terrorismo para compensar sus "gastos extraordinarios de seguridad".

Los principales destinatarios de esta iniciativa son Partido Popular y Partido Socialista que, junto al Gobierno, han ratificado hoy un paquete de medidas destinadas a garantizar la seguridad de sus concejales y cargos p¨²blicos.

En la reuni¨®n, a la que han asistido por parte del Gobierno el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, se ha acordado la presentaci¨®n de una Proposici¨®n de Ley en el Congreso de los Diputados para modificar seis normas en vigor: la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General, el C¨®digo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos.

Disolver ayuntamientos

Una de las principales novedades es la capacidad que, mediante modificaci¨®n del art¨ªculo 183 de la LOREG, PP y PSOE quieren dar al Consejo de Ministros para "disolver" aquellos ayuntamientos que "adopten acuerdos o desarrollen actuaciones tendentes a dar cobertura o a justificar el terrorismo, o a quienes participen en su ejecuci¨®n, lo enaltezcan o justifiquen, o menosprecien a las v¨ªctimas o a sus familiares". Para ello, el Gobierno deber¨¢ informar de su decisi¨®n previamente al Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut¨®noma correspondiente y deber¨¢ recibir el visto bueno del Senado. La Diputaci¨®n Provincial se har¨¢ cargo del gobierno de dicha localidad hasta la celebraci¨®n de las siguientes elecciones municipales.

Asimismo, populares y socialistas reformar¨¢n el C¨®digo Penal para castigar con una pena de prisi¨®n de "seis meses a un a?o" a quienes calumnien, injurien, coaccionen, amenacen o impidan el libre acceso de los concejales a los plenos. La reforma de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permitir¨¢ que los polic¨ªas locales o auton¨®micos que desempe?en tareas de escolta puedan salir, acompa?ando a su protegido, fuera sus ¨¢mbitos territoriales.

Impedir que gobierne Batasuna

El pacto adoptado entre PP y PSOE tambi¨¦n incluye un "compromiso" para impedir que Batasuna gobierne en los Ayuntamientos del Pa¨ªs Vasco y Navarra, as¨ª como impedir que los concejales que se niegan a condenar el terrorismo lleguen a asumir cualquier tipo de responsabilidad.

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitar¨¢ que los ayuntamientos puedan personarse en los procesos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas por apolog¨ªa de terrorismo.

Igualmente, se pretende impedir en las corporaciones locales con mayor¨ªa de fuerzas democr¨¢ticas que los concejales que no condenen el terrorismo ostenten ning¨²n tipo de responsabilidad municipal fuera de su condici¨®n de edil.

El acuerdo prev¨¦ la sustituci¨®n de concejales cuando se agote una lista municipal. As¨ª, se suprimir¨¢ la obligatoridad de presentar tres suplentes en las listas y, en caso de que se presenten, los partidos podr¨¢n incluir 10 nombres, y no 3, como est¨¢ establecido en la actualidad. Si la candidatura oficial se agota, incluidos los suplentes, las vacantes podr¨¢n cubrirse a propuesta del partido representado.

Adem¨¢s, se eliminar¨¢ el requisito de residencia para los interventores electorales, de manera que los partidos puedan designar interventores de otras circunscripciones distintas a las que pertenezcan como electores y mejorar as¨ª los mecanismos de "control" del proceso electoral en el Pa¨ªs Vasco.

Concurrir a unas elecciones

PP y PSOE han pactado tambi¨¦n que ninguna persona condenada, incluso cuando la sentencia no sea firme, por delitos de rebeld¨ªa contra las instituciones del Estado o de terrorismo puedan presentarse a unas elecciones y ser elegidas, mediante la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General.

Otro importante aspecto del acuerdo es la nueva regulaci¨®n de las subvenciones por gastos electorales, de manera que queden excluidos todos los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que con su actividad promuevan, alienten o justifiquen el terrorismo o humillen a las v¨ªctimas. Esta es una norma complentaria de la establecida en la Ley de Partidos Pol¨ªticos, que s¨®lo limita la financiaci¨®n a las organizaciones con forma jur¨ªdica de partido.

La retirada de subvenciones tendr¨¢ que adoptarse a iniciativa de la instituci¨®n pagadora, que en unos casos puede ser el Estado, o la comunidad aut¨®noma o las diputaciones forales. En caso de que el gobierno aut¨®nomo se resista a la aplicaci¨®n de esta norma, PP y PSOE presentar¨¢n iniciativas en ese sentido en el Parlamento vasco o en las instituciones correspondientes.