Garz¨®n exculpa a las comunidades aut¨®nomas del fraude del lino

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha plasmado en un auto hecho p¨²blico hoy la investigaci¨®n que ha realizado en los ¨²ltimos meses sobre el supuesto fraude en el cobro de subvenciones de la Uni¨®n Europea en el sector del lino textil. El magistrado afirma en este documento que el supuesto delito se llev¨® a cabo "sin el conocimiento de las comunidades aut¨®nomas" afectadas.

De hecho, Garz¨®n va m¨¢s all¨¢ y detalla que, "en algunos casos, los supuestos fraudes se han producido espec¨ªficamente en contra de las medidas y controles que se dise?aron para evitarlos, y a pesar de la actividad de los inspectores y personal encargado por los responsables regionales en Castilla-Le¨®n, Castilla-La Mancha y Extremadura".

La investigaci¨®n fue desencadenada por una denuncia de la comisaria europea (a la saz¨®n, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n en la ¨¦poca del supuesto fraude) Loyola de Palacio, que advirti¨® un posible delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en la tramitaci¨®n de estas ayudas por parte de las comunidades aut¨®nomas implicadas, que eran las responsables de distribuir los fondos europeos y controlar su uso.

El PP acusa a Bono

Un informe oficial del Parlamento Europeo repart¨ªa las responsabilidades en el supuesto fraude entre las "administraciones regionales" (las comunidades aut¨®nomas) "las autoridades nacionales competentes" (el ministerio de Agricultura). El PP consider¨® entonces que este informe alejaba la posibilidad de implicar en el caso a la ex ministra Loyola de Palacio.

La Comisi¨®n Europea reclama a Espa?a la devoluci¨®n de 99,23 millones de euros por el fraude. El Gobierno del PP reaccion¨® culpando de lo ocurrido al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Jos¨¦ Bono, cuyo Gobierno denunci¨® el fraude; un portavoz de ¨¦ste manifest¨®: "Es de una caradura incre¨ªble. Ser¨ªa como echarle la culpa a la Guardia Civil por descubrir a un ladr¨®n". Loyola de Palacio concluy¨®: "Lo van a tener que pagar todos los agricultores".

"Una materia prima inservible"

La investigaci¨®n concluye que, entre los a?os 1997 y 1999, "una serie de personas f¨ªsicas por s¨ª o en representaci¨®n de empresas, especialmente las transformadoras, y con ocasi¨®n de las ayudas que otorga la Uni¨®n Europea sobre el cultivo y producci¨®n del lino, habr¨ªan falseado datos y documentos, as¨ª como cultivos, a lo largo y ancho de varias comunidades aut¨®nomas" para cobrar las subvenciones.

Los imputados solicitaban la ayuda "so pretexto del cultivo y recolecci¨®n de una materia prima inservible o que, no si¨¦ndolo, no se le daba salida comercial alguna, qued¨¢ndose unas veces apilada en el campo y otras convirti¨¦ndose en pasto de las llamas" en incendios no aclarados "y extra?amente reiterados". Se incumpl¨ªa as¨ª la normativa, que fijaba las subvenciones en funci¨®n de la superficie sembrada, de la cosecha obtenida y de la transformaci¨®n de ¨¦sta en varilla de lino.

25 imputados

El juez reduce en su auto el n¨²mero de personas implicadas, ahora 25, entre las que se cuenta el ex director general del Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria (FEGA), Nicol¨¢s L¨®pez de Coca. Este funcionario, seg¨²n Garz¨®n, hizo uso de su cargo en el organismo encargado de coordinar las ayudas y contactos entre el Estado espa?ol y la UE para "desarrollar determinadas acciones" para favorecer a sus dos hijos, que cultivaban y transformaban lino textil a trav¨¦s de la entidad COLISUR, S.L.

En concreto, estas acciones iban "dirigidas al entorpecimiento de los controles por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y, en concreto, de la Consejer¨ªa de Agricultura, que, directa o indirectamente, podr¨ªan haber beneficiado a aquellos familiares y sus explotaciones agr¨ªcolas en un ¨¢rea que entraba dentro de las competencias gen¨¦ricas de aqu¨¦l y por tanto incompatible con todo tipo de asesoramiento, consejo, impulso o beneficio por parte del funcionario p¨²blico".

Las otras veinticuatro personas para las que se mantiene la imputaci¨®n, productores y transformadores de lino, est¨¢n acusados de un delito de obtenci¨®n indebida de fondos de los presupuestos generales de la UE en relaci¨®n con otro de falsedad documental, y se enfrentan a penas de prisi¨®n de uno a cuatro a?os y multas.