El Defensor del Pueblo pide m¨¢s prisiones ante el "significativo" incremento de los reclusos

El Defensor del Pueblo considera necesario que se incremente el presupuesto de Instituciones Penitenciarias para hacer frente al "significativo" aumento del n¨²mero de reclusos que se produjo en 2003. El propio Ministerio del Interior fij¨® esta subida en un 8,15% al pasar de los 51.878 registrados en enero a 56.108 en diciembre. "Por ello una adecuada y eficaz pol¨ªtica de creaci¨®n de centros penitenciarios es m¨¢s necesaria, si cabe", se?ala la instituci¨®n que dirige Enrique M¨²gica en su informe anual 2003, que ha sido entregado hoy a las Cortes.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo critica una de las reformas legislativas que en materia penal se aprobaron en la anterior legislatura, en concreto, aquella por la que se limit¨® el acceso al tercer grado de los reclusos que no hayan abonado a sus v¨ªctimas la cuant¨ªa especificada mediante sentencia en concepto de responsabilidad civil. Aunque saluda el "laudable" prop¨®sito de la reforma, advierte de que puede tener "consecuencias indeseables" porque, para se produzca el resarcimiento, resulta imprescindible que el interno puede trabajar, lo que ser¨¢ dif¨ªcil si se le niega el tercer grado.

Adem¨¢s, el Defensor del Pueblo se muestra "especialmente preocupada por la escasez de trabajo remunerado disponible para los internos" para facilitar su reinserci¨®n laboral. Por ello, pide que las juntas de tratamiento dispongan de otros medios de tratamiento a trav¨¦s del acceso a un puesto de trabajo en el que la productividad. Esta instituci¨®n reitera un a?o m¨¢s en su informe que la situaci¨®n de las mujeres en prisi¨®n "es peor que la de los hombres", ya que los m¨®dulos en los que son alojadas "son peores en t¨¦rminos generales", a excepci¨®n de los construidos desde 1991. Pero a¨²n en ¨¦stos, el Defensor dice que las posibilidades de acceder a trabajos remunerados son "m¨¢s limitadas".

Los presos extranjeros

El Defensor del Pueblo denuncia tambi¨¦n que contin¨²a pendiente una ley procesal reguladora de los procedimientos ante los juzgados de vigilancia penitenciaria que dote de seguridad jur¨ªdica a ese ¨¢mbito tan importante para la vida diaria de los presos. As¨ª, aconseja que se generalice el uso de las nuevas tecnolog¨ªas para garantizar el principio de inmediaci¨®n procesal. La instituci¨®n que dirige M¨²gica insiste, tambi¨¦n en su informe de 2003, en la necesidad de prestar atenci¨®n al riesgo de suicidio entre la poblaci¨®n reclusa, pese a que ¨¦ste ha disminuido teniendo en cuenta el incremento del n¨²mero de internos.

En cuanto a los presos extranjeros, M¨²gica asegura en su informe que no est¨¢ claro que expulsar a los que han delinquido, en sustituci¨®n de su procesamiento, "sea lo m¨¢s adecuado" para una prevenci¨®n general de delitos. Tambi¨¦n "lamenta" que el Ministerio del Interior haya deso¨ªdo su recomendaci¨®n para que se dotara a los presos extranjeros en tercer grado o que disfruten de permisos de un documento similar a la tarjeta de extranjero que, evitando denotar su condici¨®n de reclusos, les sirviera de identificaci¨®n que le facilitase su desenvolvimiento social en este tiempo.

Adem¨¢s, esta instituci¨®n considera que "aproximadamente uno de cada cuatro reclusos de los centros penitenciarios espa?oles es extranjero" y por ello es "preciso instar la realizaci¨®n de planes propios que atiendan los problemas que les afectan". En un apartado dedicado a la crisis del Prestige, el informe lamenta que las administraciones del Estado y la Junta de Galicia no atendieron las recomendaciones del Defensor sobre la necesidad de aportar una informaci¨®n sistem¨¢tica, completa y objetiva, algo que "sigue faltando al d¨ªa de hoy".