La Audiencia Nacional investigar¨¢ el accidente del Yak-42

La secci¨®n cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha declarado hoy competente para investigar los hechos anteriores y posteriores al accidente del Yakolev-42, ocurrido en Turqu¨ªa el 26 de mayo de 2003 y en el que fallecieron 62 militares espa?oles. As¨ª lo ha acordado la Sala en un auto en el que estima los recursos de apelaci¨®n interpuestos por la Asociaci¨®n de Familias Afectadas por la Cat¨¢strofe del Accidente A¨¦reo Yak-42 y la asociaci¨®n Politeya contra la decisi¨®n de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de archivar las dos denuncias que presentaron en relaci¨®n a estos hechos. La investigaci¨®n se centrar¨¢ en la posible responsabilidad penal derivada del transporte que se utiliz¨® para el regreso a Espa?a de los militares y en la posible falsedad documental y prevaricaci¨®n de los certificados de defunciones.

En la vista celebrada el pasado lunes para examinar las distintas alegaciones, el fiscal Pedro Rubira se adhiri¨® tambi¨¦n a los recursos de las dos acusaciones por orden expresa del fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, lo que supuso un cambio de criterio de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional en relaci¨®n a estos hechos, ya que hasta entonces hab¨ªa sido contraria a que este tribunal investigara las denuncias presentadas tras el accidente.

El tribunal precisa que la investigaci¨®n debe ce?irse a determinar "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad espa?ola antes y despu¨¦s" del siniestro "por supuesta dejaci¨®n de sus obligaciones en el control de la contrataci¨®n y modo de transporte de los militares espa?oles" y tambi¨¦n a comprobar si las certificaciones de defunci¨®n emitidas por los generales de divisi¨®n m¨¦dicos pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricaci¨®n.

La investigaci¨®n del siniestro, en Turqu¨ªa

El auto se?ala que, "en principio, no cabe entrar a conocer c¨®mo se produjo el accidente a¨¦reo sufrido por el Yak-42", al haberse acreditado "por la documentaci¨®n aportada por las partes" que este extremo ya est¨¢ siendo investigando en Turqu¨ªa, cuyas autoridades son competentes para ello "por el principio de territorialidad, dado el lugar de la colisi¨®n del aparato siniestrado, circunstancia que evita la eventual colisi¨®n de jurisdicciones entre dos estados". Los magistrados de la secci¨®n cuarta -Fernando Berm¨²dez de la Fuente (presidente y ponente de la resoluci¨®n), F¨¦lix Alfonso Guevara y Carlos Ollero- destacan en el auto que no comparten "totalmente" el punto de vista de la juez para decretar el archivo de las denuncias porque, entre otros aspectos, se limit¨® "al examen de la competencia sin examinar si han acaecido o no las irregularidades".

En la resoluci¨®n en la que se archiv¨® la primera denuncia, el pasado 12 de noviembre, la juez sosten¨ªa que las irregularidades atribuidas a miembros del Ministerio de Defensa por los denunciantes tuvieron lugar, en todo caso, en territorio nacional, por lo que la investigaci¨®n corresponder¨ªa a otros ¨®rganos judiciales espa?oles distintos de la Audiencia Nacional. En primer lugar, el tribunal considera que la juez deb¨ªa haber tenido en cuenta la posibilidad de que "algunos de los hechos denunciados pudieron tener lugar fuera del territorio nacional", seg¨²n "se desprende de alguna de las irregularidades denunciadas" y de los documentos que acompa?aban dicha denuncia, "ya que los il¨ªcitos penales en el mecanismo de contrataci¨®n del Yak-42 seguido por el Ministerio de Defensa se producen en territorio no espa?ol".

Adem¨¢s deb¨ªa haber practicado una serie de diligencias para esclarecer si existe "conexidad en los delitos por omisi¨®n de la diligencia o vigilancia debida por parte de los denunciados miembros del Ministerio de Defensa espa?ol en la contrataci¨®n, vigilancia y control del transporte de los militares espa?oles desde Afganist¨¢n a Espa?a, que podr¨ªa atribuir el conocimiento a esta Audiencia Nacional al constituir el delito de comisi¨®n por omisi¨®n". En este sentido, la Sala ha apreciado que "las comunicaciones y el contrato de ch¨¢rter entre las empresas subcontratadas se dan en territorio no nacional" y que "las irregularidades relativas al anormal funcionamiento del aparato siniestrado, as¨ª como las producidas despu¨¦s del accidente, como las de identificaci¨®n de los cad¨¢veres e irregular funcionamiento de la comisi¨®n de investigaci¨®n, se produjeron igualmente fuera" de Espa?a.

Tales irregularidades "posiblemente derivaron de la ausencia o falta de seguimiento de la ejecuci¨®n del contrato de transporte por parte de Defensa", lo que podr¨ªa constituir un delito de comisi¨®n por omisi¨®n de los responsables de Defensa denunciados como garantes y, al haberse producido estas presuntas irregularidades en distintos lugares, cabe atribuir a la Audiencia la competencia para "instruir una causa de tal complejidad". Respecto a la denuncia contra los generales m¨¦dicos Vicente C. Navarro Ruiz y Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n Do?a, quienes firmaron las certificaciones de identificaci¨®n de los cad¨¢veres en Turqu¨ªa, el tribunal estima que procede investigar los hechos y depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir "ante el c¨²mulo de irregularidades denunciadas y documentaci¨®n aportada".