De la Rosa no tendr¨¢ que ir a juicio si prospera el acuerdo entre la fiscal¨ªa y la defensa

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la defensa de Javier de la Rosa y del resto de acusados del caso Grand Tibidabo, han llegado a un principio de acuerdo para pactar una sentencia de conformidad y evitar el juicio que deb¨ªa iniciarse hoy en la audiencia de Barcelona. De prosperar este pacto judicial, Javier de la Rosa no tendr¨ªa que ir a juicio, aunque ser¨ªa condenado a tres a?os de prisi¨®n por apropiaci¨®n indebida.

El financiero catal¨¢n ha reconocido ser al autor de los hechos y de esta forma asume la condena de tres a?os, pero evita la celebraci¨®n de un juicio que se ten¨ªa que llevar a cabo 13 a?os despu¨¦s de que tuvieran lugar los hechos.

Para que el pacto tenga eficacia jur¨ªdica, deber¨¢ ser plasmado y ratificado verbalmente hoy lunes ante el tribunal de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia de Barcelona, que es quien deb¨ªa enjuiciar unas operaciones financieras que acabaron con los ahorros de 8.000 peque?os accionistas. Si una sola de las partes de echa atr¨¢s, el acuerdo no perder¨¢ su validez y De la Rosa se tendr¨ªa que sentar de nuevo en el banquillo.

En el escrito de acusaci¨®n presentado en 2000, la fiscal¨ªa acusaba a De la Rosa de dos delitos de apropiaci¨®n indebida y uno de delito fiscal y solicitaba penas de seis, tres y cuatro a?os de c¨¢rcel. Frente a esos 13 a?os, el acuerdo prev¨¦ que el financiero acepte una ¨²nica pena de tres a?os de c¨¢rcel, que en su caso ser¨ªa de cumplimiento efectivo por los antecedentes penales derivados de otros procesos.

Los dem¨¢s acusados

En cuanto a los otros siete acusados, la fiscal¨ªa imputaba los mismos delitos y solicitaba penas de entre cuatro y seis a?os de c¨¢rcel. El pacto prev¨¦ que Florencio Cerd¨¤, Ram¨®n Fiter y Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal se conformen con un a?o de c¨¢rcel. Para Juan Cruells, otro de los hombres de confianza de De la Rosa, la pena ser¨ªa de a?o y medio de prisi¨®n, y seis meses para Arturo Pi?ana.

Las dos mujeres acusadas quedar¨ªan absueltas. En el caso de Carolina Malagelada, responsable de una sociedad a trav¨¦s de la que se cometi¨® la descapitalizaci¨®n, los hechos habr¨ªan prescrito. Para Mercedes Misol, esposa de De la Rosa, nunca hubo acusaci¨®n del ministerio p¨²blico; s¨ª de otras de las 10 acusaciones de los perjudicados.

El pacto entre la fiscal¨ªa y la defensa

El acuerdo de conformidad es conocido y avalado por el m¨¢ximo responsable de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas. Para defender su validez, se invoca la sentencia dictada en 2001 por el Tribunal Supremo a ra¨ªz del caso contra Gabriel Urralburu, ex presidente de Navarra, en la que se sostiene que quien es acusado de apropiaci¨®n indebida no puede ser responsable tambi¨¦n de un delito fiscal por no declarar a Hacienda ese mismo dinero sustra¨ªdo.

La fiscal¨ªa argumenta tambi¨¦n que han pasado 13 a?os desde los hechos y que es preferible ese pacto que una hipot¨¦tica absoluci¨®n, en funci¨®n de las declaraciones de testigos y peritos. Finalmente, la fiscal¨ªa recuerda que todos los acusados reconocen los hechos y aceptan las penas, aunque sean menores, y que se reserva la v¨ªa civil para exigir a De la Rosa los m¨¢s de 11.000 millones de las antiguas pesetas por la responsabilidad civil derivada de los hechos.

En la pr¨¢ctica, los perjudicados nunca se ver¨¢n resarcidos de la estafa: De la Rosa tiene una ristra de sentencias pendientes de ejecutar con millonarias cantidades de dinero y la de Grand Tibidabo ser¨ªa la ¨²ltima en incorporarse a esa relaci¨®n.

"El inter¨¦s de la fiscal¨ªa son las v¨ªctimas y el juicio dibujaba un pron¨®stico incierto", sostiene uno de los mu?idores del pacto por si el acuerdo genera sensaci¨®n de castigo m¨ªnimo.

El abogado del Estado, que ejerce la acusaci¨®n, ha sido ajeno a la negociaci¨®n y hoy deber¨¢ pronunciarse. Hay alg¨²n abogado de la acusaci¨®n reticente al pacto, pero, si no lo acepta, De la Rosa s¨®lo ser¨ªa juzgado por la operaci¨®n concreta que afecta a esos perjudicados.

El pacto concluir¨ªa el asunto que supuso el principio del fin de De la Rosa, cuando en 1994 otro fiscal, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, orden¨® la detenci¨®n de quien fuera presentado como "empresario modelo" por el ex presidente Jordi Pujol. Un ejemplo de un tiempo en Catalu?a en que las finanzas y la pol¨ªtica se abrazaban sin rubor.