Fricciones en el doble proceso penal y pol¨ªtico contra ANV

La Fiscal¨ªa General del Estado y la Fiscal¨ªa Audiencia Nacional se han encontrado con una situaci¨®n imprevista en el proceso de investigaci¨®n sobre la posible ilegalizaci¨®n y suspensi¨®n de actividades de Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV).

Hasta ahora ANV, siguiendo los pasos de Batasuna, no condenaba los atentados y acciones de ETA. Pero como el Tribunal Constitucional sostiene que la abstenci¨®n a la hora de condenar un atentado no es un motivo suficiente para ilegalizar a una fuerza pol¨ªtica, la conducta de ANV de no condena s¨®lo podr¨ªa cobrar sentido grave en un contexto m¨¢s amplio, en el que quedara acreditada la relaci¨®n directa entre ANV y la ilegalizada Batasuna.

Pero en Pamplona, en un acto nada menos que de presentaci¨®n de candidaturas, ANV apoy¨® el pasado s¨¢bado, d¨ªa 12 de enero, a dos etarras detenidos y acusados de volar la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006. No fue una declaraci¨®n tangencial. El apoyo tuvo lugar en un acto de presentaci¨®n de los cabezas de lista en Navarra y Euskadi.

Previamente, las informaciones sobre los pr¨®ximos pasos de la Fiscal¨ªa General del Estado, en el sentido de que ¨¦sta misma semana se presentar¨¢ a la sala del 61 del Tribunal Supremo la solicitud de ilegalizaci¨®n de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) ha originado ciertas fricciones en el ¨¢mbito de la Audiencia Nacional. En declaraciones a la Cadena Ser, el juez Baltasar Garz¨®n ha manifestado hoy con un poco disimulado malestar por estas noticias que la Fiscal¨ªa no le hab¨ªa informado de que pensaba poner en marcha una medida a favor de la suspensi¨®n del citado partido en el ¨¢mbito penal.

Al tiempo, preguntado por el hecho nuevo, el aplauso solicitado por la alcaldesa de Hernani a los dos etarras acusados del atentado de la T-4, el juez ha precisado: "Ah¨ª s¨ª que el fiscal puede actuar. Si esa afirmaci¨®n puede constituir un [delito] de enaltecimiento del terrorismo o de personas vinculadas a organizaciones terroristas y establecer la depuraci¨®n de responsabilidades en el ¨¢mbito penal".

Esta matizaci¨®n del juez, as¨ª planteada, parece situar el centro de la ofensiva contra PCTV y ANV en el ¨¢mbito estrictamente penal. Pero en paralelo al terreno penal discurre el proceso de aplicaci¨®n de la ley de partidos. La Fiscal¨ªa General del Estado, a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa de lo Contencioso, trata de reunir toda la informaci¨®n que pueda fundamentar sus inminentes dos demandas de ilegalizaci¨®n en el Tribunal Supremo, la primera contra el PCTV y la siguiente contra ANV.

Las dos actuaciones pol¨ªtica y penal son independientes una de la otra. Sin embargo, ambos procesos conocen una posible intersecci¨®n. Como las demandas de ilegalizaci¨®n llevan cierto tiempo y como ANV pretende presentarse a las elecciones generales del 9 de marzo pr¨®ximo, la Fiscal¨ªa General del Estado tiene previsto, una vez presentadas sus demandas ante el Supremo, pedir al juez Garz¨®n, a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, la suspensi¨®n de actividades de las citados partidos.

Como la investigaci¨®n sobre el PCTV y sus relaciones con la ilegalizada Batasuna ya est¨¢n terminadas y la Fiscal¨ªa considera acreditadas las pruebas para acusar a PCTV de estar sosteniendo a los dirigentes de Batasuna, el primer paso ser¨¢, esta semana, presentar la demanda de ilegalizaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Una vez dado este paso, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional presentar¨¢ un escrito al juez Garz¨®n y le pedir¨¢ la suspensi¨®n inmediata de actividades de la citada formaci¨®n abertzale.

Despu¨¦s de esta actuaci¨®n y previsiblemente a partir del pr¨®ximo d¨ªa 23 de enero, la Fiscal¨ªa, seg¨²n fuentes consultadas, solicitar¨¢ a la sala del 61 del Tribunal Supremo la ilegalizaci¨®n de ANV. En esa fecha las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entregar¨¢n el informe complementario al ya elevado el pasado viernes a la Fiscal¨ªa. Ser¨¢ un informe definitivo y las fuentes estiman que sobre la base del mismo podr¨¢ fundamentarse la demanda contra ANV.

Como en el caso del PCTV, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, a la vista de que los plazos del proceso de ilegalizaci¨®n pueden ir m¨¢s all¨¢ del 9 de marzo, fecha de las elecciones, solicitar¨¢ al juez Garz¨®n la suspensi¨®n cautelar de actividades de ANV.

Todo este proceso ha conocido, como se ha se?alado, un hecho nuevo e imprevisto: el respaldo de la alcaldesa de Hernani, de ANV, a los dos etarras que son acusados de ser los presuntos autores del atentado de la T-4.

Fuentes jur¨ªdicas se preguntaban en las ¨²ltimas horas si este nuevo escenario, donde la acci¨®n penal puede pasar a un primer plano, permitir¨ªa limar los matices diferentes que se han observado en los ¨²ltimos d¨ªas entre lo ¨¢mbitos de actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado y la acci¨®n judicial.

Esas fuentes se?alan que las circunstancias actuales son muy diferentes a la situaci¨®n existente en agosto de 2002. En aquellas fechas, el juez Garz¨®n se encaminaba a suspender las actividades de Batasuna en una acci¨®n que era un secreto a voces. El 4 de agosto, ETA hab¨ªa asesinado a la hija de un guardia civil y a un transe¨²nte en Santa Pola con un coche bomba. Era el primer atentado de la banda terrorista tras la promulgaci¨®n de la nueva ley de partidos, en junio de 2002.

El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar remiti¨® el 6 de agosto, pues, a la Fiscal¨ªa General del Estado seis motivos para apoyar la ilegalizaci¨®n Batasuna en el Tribunal Supremo. El 7 de agosto, Batasuna no conden¨® en el Parlamento vasco el citado atentado de ETA, mientras el resto de miembros de la Junta de Portavoces s¨ª lo hicieron. El 10 de agosto, el PP y el PSOE impulsan de com¨²n acuerdo un pleno extraordinario del Congreso para que inste al Gobierno, el 26 de agosto, a solicitar la ilegalizaci¨®n de Batasuna.

El 13 de agosto, ambos partidos pon¨ªan oficialmente en marcha el procedimiento. El 19 de agosto, la Fiscal¨ªa General del Estado decid¨ªa presentar una demanda para ilegalizar a Batasuna.

En paralelo, al d¨ªa siguiente, 20 de agosto, el juez Garz¨®n iniciaba los tr¨¢mites para suspender las actividades de Batasuna. Dos d¨ªas despu¨¦s, el juez ordena que las cantidades que el Estado adeuda a Batasuna, en concepto de subvenciones electorales, sean retenidas para cubrir los da?os ocasionados por la violencia callejera. El 23, el juez comunica a Batasuna su intenci¨®n de suspender sus actividades y el 26 de agosto dicta un auto en el que decreta la suspensi¨®n de todas las actividades de Batasuna.

Ese mismo d¨ªa 26, dos horas despu¨¦s del auto de suspensi¨®n dictado por el juez Garz¨®n, el un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados votaba por mayor¨ªa instar al Gobierno para que solicitara al Tribunal Supremo la ilegalizaci¨®n de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.