La Fiscal¨ªa pide reabrir la causa de las identificaciones de los cad¨¢veres del Yak-42

Tras la declaraci¨®n del lunes en calidad de testigo del presidente del Congreso, Jos¨¦ Bono, sobre la contrataci¨®n del Yak-42, la Fiscal¨ªa y las familias de las 62 v¨ªctimas del accidente de avi¨®n definieron ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se reabra la causa sobre la identificaci¨®n de los cad¨¢veres de los militares fallecidos. Para el fiscal del caso, Antonio Burgos, hay "suficientes indicios" de que se falsearon 30 de las 62 identidades, y que los mandos militares efectuaron los trabajos de forma "arbitraria" a sabiendas de que era incorrecta.

Burgos ha sido el primero en intervenir en la vista sobre los recursos de apelaci¨®n presentados por el Ministerio P¨²blico y los representantes de las familias contra el archivo de la investigaci¨®n que dict¨® el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado 11 de enero, al considerar que no se alter¨® la verdad en los "elementos esenciales".

Burgos ha acusado al general de Sanidad Vicente Navarro de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turqu¨ªa) el 26 de mayo de 2003 y "rellenar de forma arbitraria y caprichosa" los treinta espacios en blanco que hab¨ªa en esa relaci¨®n de nombres y que correspond¨ªan a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar. Cuando dos d¨ªas despu¨¦s del accidente, ha se?alado el fiscal, el ¨²ltimo avi¨®n con los cad¨¢veres llega a la base militar madrile?a de Torrej¨®n de Ardoz, aquella lista estaba completa, con la totalidad de los 62 militares identificados.

Las familias acusan a otro militar del mismo delito, el general Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n, porque fue el coordinador de la operaci¨®n de recuperaci¨®n de los cad¨¢veres y su repatriaci¨®n, enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Otro de los letrados ha recordado ante el tribunal encargado de estudiar el recurso, que preside Alfonso Guevara, que la Sala de lo Penal ya orden¨® el 15 de julio de 2004 reabrir la investigaci¨®n sobre el accidente del Yak-42, que previamente hab¨ªa archivado la entonces responsable del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, Teresa Palacios, y cuyo titular es ahora Grande-Marlaska. Por esta raz¨®n, ha acusado a Grande-Marlaska de "deso¨ªr" lo que se le hab¨ªa ordenado y ha dicho que "desde?ar" la identidad de los fallecidos tiene trascendencia "jur¨ªdica, personal, moral y social".

Argumentos de la defensa

Los abogados de los imputados han rechazado su participaci¨®n en las tareas de identificaci¨®n y han coincidido en que los certificados m¨¦dicos de defunci¨®n firmados por el general Navarro en Torrej¨®n de Ardoz son documentos v¨¢lidos que "producen efectos jur¨ªdicos". El abogado del general Navarro, al que las partes atribuyen la elaboraci¨®n de la lista completa con los 62 nombres de los militares identificados, ha se?alado que ¨¦l firm¨® todos los certificados de defunci¨®n y que "no faltan a la verdad".

De los otros dos miembros del equipo forense, su defensa ha argumentado que "es dif¨ªcil montar un delito de falsedad con cad¨¢veres" porque esto "no se contempla en el derecho penal". Por todo ello han rechazado que se reabra la investigaci¨®n y que se vaya a juicio.

La contrataci¨®n del avi¨®n

El magistrado archiv¨® en junio de 2007 la causa relacionada con la contrataci¨®n del avi¨®n, aunque la Sala de lo Penal le oblig¨® en noviembre de ese a?o a reabrir la investigaci¨®n. A ra¨ªz de esta actuaci¨®n han declarado en una docena de testigos, entre ellos el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuy¨® la operaci¨®n al Estado Mayor Conjunto, y el presidente del Congreso, Jos¨¦ Bono, quien asegur¨® el lunes que se ocultaron datos de intermediarios en la contrataci¨®n de la aeronave.

En su auto de archivo, Grande-Marlaska indicaba que, a la vista de los hechos, deb¨ªa concluirse que no existe "relevancia jur¨ªdico penal" en este caso, a pesar de que de la mala identificaci¨®n de los cad¨¢veres se derivaron "da?os morales". "Lo que s¨ª podemos rese?ar es la existencia de una concreta imprudencia" en las labores de identificaci¨®n de los 30 cad¨¢veres en los que se cometieron errores, se?alaba.