La alcaldesa de Algete exige la aplicaci¨®n "inmediata" de la sentencia contra Barajas
AENA sigue estudiando el fallo del Supremo y no descarta recurrirlo.- Botella opina que el dictamen "es de tomar nota y apuntar para el futuro"
Aeropuertos Espa?oles y Navegaci¨®n A¨¦rea (ANEA) sigue sin querer valorar la sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer, que condena al organismo, dependiente de Fomento, a adoptar medidas para el cese del ruido excesivo provocado por el aeropuerto de Barajas. El fallo incluye una indemnizaci¨®n de 6.000 euros a cada uno de los cinco vecinos de Algete que denunciaron la vulneraci¨®n de su derecho a la intimidad domiciliaria a consecuencia del sobrevuelo de los aviones. El director de Infraestucturas de AENA, Jos¨¦ Manuel Hesse, ha explicado que el organismo est¨¢ estudiando la sentencia y que no descarta recurrirla. La alcaldesa de Algete, Inmaculada Ju¨¢rez, ha considerado de "hist¨®rico" el fallo y ha pedido a AENA "que deje de atentar contra los derechos de los vecinos de este municipio que sufren el ruido insoportable de los aviones" y aplique sin demoras el dict¨¢men del Supremo.
Hesse, que ha admitido que AENA no tiene todav¨ªauna "posici¨®n clara al respecto", ha a?adido que todav¨ªa no se ha tomado una decisi¨®n sobre lo que hay que hacer para evitar el ruido de los aviones sobre Algete. En su defensa, Hesse ha declarado que desde el a?o 2002 AENA desarrolla "una labor continuada para hacer compatible" la operatividad del aeropuerto con los derechos de los vecinos. Por su parte, la alcaldesa le ha pedido a AENA que, a partir de ahora "se aplique la sentencia a todos los n¨²cleos urbanos del municipio que son constantemente sobrevolados por los aviones".
Ju¨¢rez ha insistido en la importancia de esta sentencia, que supone reconocer que los derechos de los vecinos de una zona de Algete, la urbanizaci¨®n Ciudad de Santo Domingo, con 250 familias, son vulnerados al tener que soportan niveles de ruido superiores a los 55 decibelios legalmente establecidos. Y ha recordado que Algete lleva muchos a?os luchando contra el ruido generado por los aviones que aterrizan y despegan en el aeropuerto de Barajas, muy cercano a este municipio, y que este Ayuntamiento es el primero de Espa?a que ha conseguido que una compa?¨ªa a¨¦rea (Iberia) pague una sanci¨®n porque sus aeronaves sobrepasaban los niveles de ruido establecidos.
500.000 afectados m¨¢s
En este sentido, ha opinado que "resulta sangrante que AENA s¨®lo reaccione cuando hay una sanci¨®n econ¨®mica o una sentencia y mientras sigue incumpliendo las normas, pues los aviones vuelan fuera de las rutas establecidas, sobrevolando a baja altura el municipio y provocando un ruido que hace que sean muchas las personas que no pueden estar tranquilas ni en sus casas".
Finalmente, la alcaldesa ha apuntado que el Ayuntamiento seguir¨¢ luchando por defender los intereses de todos los algete?os. El pleno del consistorio aprob¨® el pasado mes de febrero, con la unanimidad de los tres grupos pol¨ªticos (PP, PSOE e IU) la creaci¨®n del Observatorio Municipal del Ruido, que preside el primer teniente de alcalde, David Erguido, y que cuenta con la participaci¨®n de las asociaciones vecinales para luchar contra este grave problema que afecta a m¨¢s del 51% del t¨¦rmino municipal.
Por su parte, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha considerado que es de "tomar nota y de apuntar para el futuro" la sentencia del Tribunal Supremo. "Es una sentencia de la que todos tenemos que tomar nota" -ha manifestado Botella en la presentaci¨®n del programa Educar hoy por un Madrid m¨¢s sostenible 2008-2009 en el colegio p¨²blico infantil Patriarca Obispo Eijo Garay-, pues el ruido, "fuera de los l¨ªmites permitidos", disminuye "la calidad de vida" de las personas que "lo tienen que sufrir a diario". Para la delegada de Medio Ambiente, "tenemos que aspirar a vivir con un ruido que lo haga compatible con el descanso, con el ocio, con el estudio, con todo". La Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) considera que el mismo problema afecta a 500.000 personas de 30 municipios, y emplaza a los ayuntamientos a tomar la iniciativa.
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