Sindicatos y asociaciones piden al Senado que no se limite la jurisdicci¨®n universal

Una plataforma integrada por Comisiones Obreras (CC OO), UGT y m¨¢s de una veintena de asociaciones, entre las que destaca Amnist¨ªa Internacional (AI), ha rechazado hoy la decisi¨®n que tom¨® el Congreso el pasado 25 de junio de impedir que los magistrados de la Audiencia Nacional juzguen casos en el extranjero. En aquella sesi¨®n parlamentaria, todas las formaciones pol¨ªticas excepto IU y ERC votaron a favor de limitar la jurisdicci¨®n internacional.

La nueva ley establece que los jueces s¨®lo podr¨¢n encausar aquellos supuestos delitos que tengan una "conexi¨®n nacional"; es decir, que ata?an a espa?oles o al Estado espa?ol en general.

Ahora le toca al Senado decidir. Por eso, los partidarios de no frenar los procesamientos a quienes violen fuera de Espa?a el derecho internacional han pedido a este ¨®rgano que paralice la reforma. ?sta consisti¨® en una enmienda al art¨ªculo 23 de la ley Org¨¢nica del Poder Judicial, a trav¨¦s de un proyecto de ley.

Javier Doz, secretario de Internacional de CC OO, preguntado por la dificultad de que la petici¨®n de la plataforma prospere, ha reconocido que s¨ª, "pero no podemos hacer otra cosa". En el manifiesto que ha presentado esta amalgama de agentes sociales se lee que la defensa de los derechos humanos es una "obligaci¨®n absoluta". Tambi¨¦n era absoluta, hasta que salga adelante la enmienda, la potestad que ten¨ªan jueces como Baltasar Garz¨®n, Santiago Pedraz o Fernando Andreu para investigar lo que fuere en cualquier lugar del planeta.

"Rumorolog¨ªa"

En la rueda de prensa se ha criticado duramente la decisi¨®n del Congreso. La presidenta de Amnist¨ªa, Itziar Ruiz, ha advertido del "retroceso" de la justicia de aprobarse la reforma. Una representante saharahui se ha referido a la nueva propuesta como "c¨®mplice de la injusticia". Pero quien m¨¢s ha puesto m¨¢s peros a la nueva ley ha sido Juan Garc¨¦s, ex asesor del presidente chileno Salvador Allende.

"El derecho de asistencia humanitaria ha costado vidas (a los soldados), dinero y choques diplom¨¢ticos (Kosovo), mientras que los tribunales internacionales tienen un coste bajo", ha explicado Garc¨¦s, quien asimismo ha refutado el argumento de que los jueces espa?oles tienen ya bastante trabajo en el pa¨ªs como para procesar a nadie fuera: "De los miles de tribunales jurisdiccionales, s¨®lo seis tienen competencias internacionales. Actualmente, hay 14 procesos".

Tambi¨¦n ha defendido que la l¨®gica jurisdiccional sigue un camino diferente de los intereses pol¨ªticos y econ¨®micos: "En 1996, la inversi¨®n espa?ola en Chile era de 100 millones de d¨®lares. Tras la orden de detenci¨®n de Garz¨®n en 1998 contra Pinochet, que era jefe de Estado, las inversiones espa?oles se dispararon hasta los 4.000 millones de euros".

Cuando los oradores han sido inquiridos acerca de los porqu¨¦s de la enmienda tan sigilosa del Congreso, Garc¨¦s ha recurrido a la "rumorolog¨ªa" que pulula "por ah¨ª". "Puede que haya habido una ofensiva desde los centros de poder, que han visto que se contemplaba la posibilidad de perseguir los cr¨ªmenes de fuera, pero no los de dentro". Garc¨¦s hablaba del franquismo.