La Audiencia Universal

Juicios sobre Guant¨¢namo, T¨ªbet, Guatemala, El Salvador, Chile, Israel, Ruanda... La Audiencia Nacional tiene en estos momentos 13 causas abiertas por delitos de lesa humanidad producidos en distintos puntos del planeta. Un lector cuestionaba ayer en las p¨¢ginas de este diario si, con el caos de la justicia espa?ola, la Audiencia tiene el deber de preocuparse por los delitos mundiales donde no hay ciudadanos espa?oles implicados. "?No es m¨¢s bien una obsesi¨®n egoc¨¦ntrica de algunos jueces por acaparar titulares?", se preguntaba. Y recog¨ªa una inquietud repetida: los perjuicios diplom¨¢ticos que podr¨ªan causar a Espa?a estos procesos. Frente a este punto de vista, los defensores de la justicia universal apelan a un argumento ¨¦tico: si nos creemos los derechos humanos, los cr¨ªmenes m¨¢s atroces deben perseguirse en cualquier lugar para evitar la impunidad. Los poderosos no pueden quedar impunes. Es una cuesti¨®n de democracia.

"Que el Gobierno cambie la ley si no quiere estos casos", dicen los jueces

Estos procesos suponen el 0,0005% de los pendientes en los tribunales

Los jueces espa?oles -egoc¨¦ntricos o no-, no hacen sino aplicar la ley cuando abren estos procesos. La legislaci¨®n espa?ola contempla desde 1985 la posibilidad de que se juzguen en Espa?a determinados delitos cometidos por espa?oles o extranjeros fuera del territorio nacional: genocidio, terrorismo, pirater¨ªa y apoderamiento il¨ªcito de aeronaves, falsificaci¨®n de moneda extranjera, delitos relativos a la prostituci¨®n y corrupci¨®n de menores o incapaces, tr¨¢fico de drogas, tr¨¢fico ilegal o inmigraci¨®n clandestina de personas, mutilaci¨®n genital femenina -siempre que los responsables se encuentren en Espa?a- y cualquier otro que, seg¨²n los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en Espa?a. Y la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Hasta 2005, hubo dudas sobre c¨®mo deb¨ªa interpretarse este art¨ªculo y si las v¨ªctimas o perjudicados deb¨ªan ser espa?oles para que pudiera abrirse el proceso. Pero ese a?o habl¨® el Tribunal Constitucional. Dio amparo a la activista guatemalteca Rigoberta Mench¨² y dijo claramente -en contra del criterio del Tribunal Supremo- que estos delitos pod¨ªan investigarse aunque no hubiera conexiones con Espa?a. La Audiencia adquir¨ªa as¨ª la jurisdicci¨®n universal pura y absoluta.

La legitimidad para abrir este tipo de procesos no s¨®lo deriva de la ley, sino tambi¨¦n de un buen n¨²mero de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Espa?a -Convenciones de Ginebra, Convenci¨®n contra el Genocidio, contra la Tortura...- y que son, por tanto, de obligado cumplimiento. Otros pa¨ªses europeos que tambi¨¦n los han firmado, como Francia, Alemania, Holanda o Italia, tienen tambi¨¦n procesos de justicia universal abiertos, pero en un n¨²mero muy reducido ?Cu¨¢les son las diferencias con Espa?a?

Son esencialmente dos: la primera es la exigencia de algunos pa¨ªses de que el delito tenga relaci¨®n con el Estado que va a juzgar. La segunda, la posibilidad o no de ejercer la "acci¨®n popular", que implica que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusaci¨®n aunque el fiscal se oponga. Espa?a no exige que el delito, v¨ªctima o delincuente tengan ninguna relaci¨®n con el pa¨ªs y permite, sin restricciones, la acci¨®n popular, que est¨¢ recogida en la Constituci¨®n, lo que no ocurre en pa¨ªses vecinos.

"En Francia, por ejemplo, se limita la justicia universal a casos en los que la v¨ªctima es nacional o hay intereses franceses en juego", explica el catedr¨¢tico de Derecho Procesal Penal de la Universidad Carlos III de Madrid V¨ªctor Moreno Catena. "En Alemania no se exigen estos requisitos pero el monopolio de la acci¨®n penal lo tiene el fiscal. Una asociaci¨®n no puede, sin m¨¢s, sin el apoyo del Ministerio P¨²blico, presentar una querella. En ambos pa¨ªses hay alg¨²n filtro. En Espa?a, ninguno. Es lo que nos ha convertido en gendarmes universales", a?ade.

Tampoco hubo filtros en B¨¦lgica desde 1993 a 2003. Durante estos 10 a?os se acogi¨® de forma amplia el principio de jurisdicci¨®n universal y se proces¨®, entre otros, a un ex ministro de Ruanda y al ministro de Asuntos Exteriores de Congo. Tambi¨¦n se abrieron causas contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon por las matanzas de Sabra y Chatila y contra el Gobierno estadounidense por la guerra del Golfo y la guerra de Irak. "Al final se modific¨® la ley por los conflictos diplom¨¢ticos que se estaban generando y que se volvieron insostenibles", se?ala Moreno Catena. "Ahora Espa?a est¨¢ sola como defensora de la jurisdicci¨®n universal pura".

Uno de los problemas es que no existe una Corte Penal Internacional en la que puedan presentarse querellas como las que est¨¢n llegando a la Audiencia. El Tribunal de La Haya tiene muchas limitaciones, de forma que la gran mayor¨ªa de estos delitos quedar¨ªan impunes. "Y estamos hablando de los cr¨ªmenes m¨¢s atroces, de cr¨ªmenes contra la humanidad", opina Manuel Oll¨¦, letrado encargado, entre otros asuntos, de la matanza de jesuitas en El Salvador en 1989, entre los que estaba Ignacio Ellacur¨ªa. "Mientras los Gobiernos no tengan la voluntad pol¨ªtica de crear un tribunal eficaz y efectivo, la ¨²nica v¨ªa es la justicia universal implantada en el mayor n¨²mero de pa¨ªses posible. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con los derechos humanos".

?Son eficaces los procesos? S¨®lo uno ha terminado con juicio y condena en Espa?a: el del ex capit¨¢n de corbeta argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad. Se le consider¨® responsable de la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 -durante la dictadura militar en su pa¨ªs- y de la detenci¨®n ilegal y torturas de otra. Y uno de los momentos de mayor protagonismo de la jurisdicci¨®n universal espa?ola fue la detenci¨®n, en octubre de 1998, del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres tras una petici¨®n del juez Garz¨®n. Nunca lleg¨® a Madrid, pero fue despu¨¦s juzgado en su pa¨ªs. Las ¨®rdenes internacionales de detenci¨®n que se suelen dictar en estos procesos limitan la libertad de movimientos de los implicados, que se ven obligados a tomar cautelas para no ser detenidos en cualquier aeropuerto extranjero.

Pero incluso sin condena ni juicio, la apertura del proceso tiene consecuencias. La principal, remover a la opini¨®n p¨²blica del pa¨ªs en el que se cometieron los hechos. Si es una dictadura, ser¨¢ imposible que se juzguen a s¨ª mismos. Pero cuando se trata de una democracia, las cosas cambian. "Algunas de estas causas han tenido una eficacia simb¨®lica important¨ªsima y han generado procesos internos que han terminado con juicios en los pa¨ªses en los que se cometieron los cr¨ªmenes", defiende Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel, magistrado de la Audiencia Nacional. Las causas abiertas recientemente por Guant¨¢namo han tenido un gran impacto medi¨¢tico en EE UU -la noticia fue portada de The New York Times- y han sido celebradas por las asociaciones de derechos humanos, que creen que puede facilitar que se abra un procedimiento judicial en EE UU. La noticia adquiri¨® tales dimensiones que incluso el presidente de la Comisi¨®n de Justicia de la C¨¢mara de Representantes, el dem¨®crata John Conyers Jr., emiti¨® un comunicado aplaudiendo la querella criminal espa?ola.

Es esa influencia la que hace inc¨®modos estos procesos desde el punto de vista diplom¨¢tico. El pasado jueves, el Gobierno chino advirti¨® de que sus relaciones con Espa?a podr¨ªan verse da?adas si la querella contra tres de sus ministros sigue adelante. La ex ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, lleg¨® a pedir a su hom¨®logo espa?ol, Miguel ?ngel Moratinos una reforma legal tras la apertura de una investigaci¨®n por un bombardeo en Gaza que mat¨® a varios ni?os. Los jueces de la Audiencia repiten: "Estamos obligados a investigar; si el Gobierno no quiere que lo hagamos, que reforme la ley".

"Es cierto que la ley les permite abrir estos procesos por lo que nosotros, lo ¨²nico que podemos hacer es limitar los da?os que producen en nuestras relaciones con otros pa¨ªses y preservar los intereses espa?oles", afirma Elena Valenciano, portavoz de Exteriores del PSOE. La diputada socialista considera que estos asuntos no tienen mucho sentido en el contexto de colapso en el que se encuentra la justicia espa?ola. "Creemos que la ley debe modificarse para que las investigaciones tengan necesariamente conexi¨®n con intereses o ciudadanos espa?oles", para dejar el resto de los casos "a los tribunales internacionales".

Algunos juristas sostienen que no habr¨ªa problema en limitar el ejercicio de la acci¨®n popular para impedir que las asociaciones de derechos humanos act¨²en por su cuenta y contra el criterio del fiscal. Es lo que est¨¢ ocurriendo en estos momentos en la causa que el juez Eloy Velasco sigue contra varios asesores jur¨ªdicos de la Administraci¨®n de George W. Bush por dise?ar el entramado legal de Guant¨¢namo. Entre ellos, el ex fiscal general -ministro de Justicia- Alberto Gonzales.

Otros aseguran, sin embargo, que "jur¨ªdicamente el Gobierno tiene poco margen de maniobra para limitar la justicia universal porque, aparte de la ley, est¨¢n todos los tratados internacionales firmados y ratificados por Espa?a", como sostiene Gonzalo Boy¨¦, abogado y encargado de los casos de Guant¨¢namo e Israel. Y, en cuanto a la acci¨®n popular, el abogado Manuel Oll¨¦ opina que "limitarla supondr¨ªa vulnerar la Constituci¨®n", que la recoge en el art¨ªculo 125. "Su anulaci¨®n ser¨ªa un paso atr¨¢s. Muchas v¨ªctimas han desaparecido o est¨¢n muertas o no tienen capacidad ni medios para actuar". "Por otro lado, si todo dependiera de la Fiscal¨ªa, en cualquier conflicto con un pa¨ªs dif¨ªcil ser¨ªa en ¨²ltima instancia el Gobierno el que dirigir¨ªa el proceso, impuls¨¢ndolo o par¨¢ndolo seg¨²n intereses pol¨ªticos, no jur¨ªdicos", a?ade Boy¨¦. "Al final s¨®lo hay problemas con los poderosos. Los procesos que tienen como protagonistas a pa¨ªses pobres no han sido pol¨¦micos".

La otra cara de la moneda es el franquismo. La Audiencia Nacional rechaz¨® ser competente para investigar las desapariciones de personas y sustracciones de ni?os durante la Guerra Civil y el franquismo. ?Pueden juzgarse los cr¨ªmenes del T¨ªbet y no nuestras propias historia? El argumento fue que, al ser cr¨ªmenes cometidos en Espa?a, no era la Audiencia el tribunal competente, sino los juzgados de instrucci¨®n de cada localidad. "Es cierto que es parad¨®jico y que deber¨ªa haberse investigado, al menos", opina el magistrado S¨¢ez Valc¨¢rcel. "Est¨¢bamos hablando de al menos 30.000 detenidos o desaparecidos a manos del Estado o paramilitares. Pero es un crimen internacional. En virtud de la justicia universal podr¨ªa enjuiciarse en cualquier sitio".

En cuanto al coste y los medios dedicados a estos procesos s¨®lo un ejemplo para tranquilizar a nuestro lector Manuel Ca?edo. De las m¨¢s de 500 causas abiertas en el Juzgado Central 4 -el que investiga a Israel o a Ruanda- s¨®lo tres son de justicia universal. De los 2,5 millones de casos pendientes que hay en Espa?a, s¨®lo el 0,0005 persiguen a estos presuntos delincuentes. Los m¨¢s protegidos.