Camps reitera en su recurso que pag¨® sus trajes y que no guarda recibo

No se aparta una l¨ªnea de lo dicho hasta ahora, a pesar de los indicios argumentados por el juez. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, imputado por un supuesto delito de cohecho en la parte valenciana de la trama del caso G¨¹rtel, insiste en que pag¨® sus trajes en efectivo. Y en que no guarda recibo. As¨ª consta en el recurso presentado al auto del pasado d¨ªa 6 en el que el instructor Jos¨¦ Flors rechaz¨® el archivo de las diligencias y present¨® un amplio cat¨¢logo de indicios racionales para seguir investigando al amparo de la Ley del Jurado.

Esos indicios, entre ellos nueve encargos de Francisco Camps al sastre Jos¨¦ Tom¨¢s, principal testigo de cargo, t¨ªquets, facturas, hojas de pedido y dem¨¢s pruebas, son rechazados por el presidente de la Generalitat. Niega la mayor: no hubo regalos y ¨¦l se pag¨® los trajes (a lo largo de las 36 p¨¢ginas del recurso no se especifica c¨®mo, cu¨¢nto y d¨®nde), aunque no conserva resguardo alguno de ello. Pero va m¨¢s all¨¢ en su alegato de defensa. Llega a poner en duda no s¨®lo las declaraciones del sastre por supuestas contradicciones o imprecisiones que el juez no habr¨ªa tenido en cuenta, sino tambi¨¦n la prueba pericial de la polic¨ªa sobre las distintas declaraciones de Jos¨¦ Tom¨¢s (ante el juez Baltasar Garz¨®n y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Madrid, y ante el instructor de Valencia) en el mismo sentido.

Sobre ese documento afirma que "realiza sus propias conclusiones, que el Sr. Instructor, sin cr¨ªtica alguna, cual si de una actuaci¨®n judicial probatoria se tratara, hace propias". Camps completa el relato sobre sus pagos en efectivo con un elemento adicional como coartada: "En una ocasi¨®n complet¨® la cantidad en met¨¢lico un escolta en presencia del ch¨®fer", en relaci¨®n con una adquisici¨®n en la tienda de Forever Young de Madrid.

El abogado de Camps asegura que el presidente nunca autoriz¨® a terceras personas a que pagaran ninguna prenda que ¨¦l encargara. Se refiere con ello a los abonos realizados por Pablo Crespo, socio de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, en la empresa Orange Marketque recibi¨® m¨¢s de siete millones en contratos p¨²blicos de la Generalitat, la principal firma de la trama de Francisco Correa en Valencia. "Mi mandante nunca autoriz¨® a persona alguna para que en sustituci¨®n suya pagara con dinero de aqu¨¦l prenda que ¨¦l adquiriera. Ni lo autoriz¨®, ni lo consinti¨®, ni consta en la causa documento alguno que pruebe siquiera que lo conociera", asegura el letrado de Camps.

El abogado califica de "falta de l¨®gica que el presidente de la comunidad aut¨®noma entre en la din¨¢mica de dejarse regalar determinadas prendas a los efectos que indica el auto, es decir, en consideraci¨®n a su funci¨®n". El argumento se sostiene en la presunta incapacidad del presidente de la Generalitat de influir en ninguno de los procesos de adjudicaci¨®n o contrataci¨®n a que optaran las empresas de la presunta trama. Son siete las consejer¨ªas que contaron con los servicios de Orange Market por un valor que supera los siete millones (Presidencia, Turismo, Educaci¨®n, Infraestructuras, Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Social, adem¨¢s de Feria de Valencia).

En cambio, si los regalos, dice el recurso que a efectos meramente te¨®ricos, hubieran sido entregados a Francisco Camps que es presidente del Partido Popular valenciano no habr¨ªa habido delito. Y lo relata as¨ª: "No se encuentra ning¨²n elemento f¨¢ctico que permita concluir que los supuestos regalos tengan que ver con la condici¨®n de autoridad de mi mandante y no con la que ostenta en el mencionado partido, m¨¢s bien esto ¨²ltimo ser¨ªa m¨¢s l¨®gico y ser¨ªa a lo que apuntar¨ªan las continuas referencias al mismo en las actuaciones".

Porque no hubo regalos; porque no hay, seg¨²n el letrado de Camps, ning¨²n testimonio que desmonte la versi¨®n del pago en efectivo; porque si hubiera habido regalos no ser¨ªan por la persona que preside la Generalitat, sino por la que preside el partido, la defensa pide el sobreseimiento. Adem¨¢s, estima que ha habido diligencias que podr¨ªan llevar a la nulidad y que las escuchas no est¨¢n avaladas (aunque las autoriz¨® Garz¨®n) como cree que la ley exige.