El PSPV acusa a los jueces del 'caso Camps' de vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo
Los socialistas valencianos rechazan rotundamente la interpretaci¨®n que el Tribunal Superior de Valencia ha hecho del art¨ªculo 426
El PSPV-PSOE recurre el auto de archivo del caso Camps por indefensi¨®n e infracci¨®n de ley, lesi¨®n a la tutela judicial efectiva, vulneraci¨®n del derecho a la defensa, interpretaci¨®n err¨®nea del art¨ªculo 426 y arbitrariedad. Esos son los cinco puntos que resumen el recurso de casaci¨®n que el PSOE-PSPV ha anunciado este martes ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que en septiembre entregar¨¢ desarrollado a la sala segunda del Tribunal Supremo, que es quien tiene que admitir, deliberar y decidir sobre el mismo.
Los socialistas valencianos, acci¨®n popular en la causa por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres cargos del gobierno auton¨®mico que el lunes archiv¨® el TSJCV, rechazan rotundamente la argumentaci¨®n del auto de sobreseimiento.
La primera de las razones es la infracci¨®n de ley que, seg¨²n ellos, se deriva de la ins¨®lita interpretaci¨®n que la sala ha hecho del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal, que define el cohecho pasivo impropio considerando delito la aceptaci¨®n de regalos o d¨¢divas por parte de funcionario o cargo p¨²blico, sin necesidad de que exista contraprestaci¨®n. Otros art¨ªculos previos y posteriores recogen distintas variantes del soborno en funci¨®n de la participaci¨®n o el riesgo de intervenci¨®n de esos cargos p¨²blicos o funcionarios. Sin embargo, la sala consider¨®, por dos votos a uno, que s¨ª era preciso un nexo de causalidad. Este argumento es com¨²n al anuncio de recurso realizado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
La acusaci¨®n popular entiende, adem¨¢s, que la decisi¨®n de la sala ha sido arbitraria, quebrando as¨ª las garant¨ªas que recoge el art¨ªculo de 9.3 de la Constituci¨®n espa?ola, que proh¨ªbe la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos, y el 24, porque consideran que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento judicial con todas las garant¨ªas.
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