Exteriores apoyar¨¢ con 60.000 euros a los espa?oles condenados a muerte
Son Pablo Ibar, preso en el corredor de la muerte en Estados Unidos, y Nabil Manakly, en Yemen
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¨®n ha convocado un concurso destinado a que los espa?oles condenados a muerte en el extranjero, -en la actualidad Pablo Ibar en Estados Unidos y Nabil Manakli en Yemen- puedan pagarse una defensa de "calidad". Seg¨²n publica este mi¨¦rcoles el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), la ayuda total supondr¨¢ un importe m¨¢ximo de 60.000 euros, ya sea a t¨ªtulo individual o repartida entre varios solicitantes.
Pablo Ibar, inmerso en un proceso para declarar nulo el juicio que le conden¨® a la pena capital, es probable que reclame la ayuda que ofrece Espa?a ya que el caso de Manakli depende m¨¢s de gestiones pol¨ªtico-diplom¨¢ticas para librarse de ser ejecutado. Ibar est¨¢ acusado de haber matado a tres personas durante el robo de una vivienda mientra que Manakli, ciudadano sirio que obtuvo la nacionalidad espa?ola al casarse con una espa?ola, est¨¢ acusado de organizar a un grupo terrorista que presuntamente pretend¨ªa atentar contra el Gobierno yemen¨ª. Su ejecuci¨®n est¨¢ aplazada en la actualidad sine die y el preso permanece a la espera de que se ponga en marcha el convenio suscrito en 2007 entre Espa?a y Yemen para el traslado de personas condenadas.
En cualquier caso, se trata de una medida novedosa, ya que hasta la fecha la normativa s¨®lo permit¨ªa al Estado sufragar los gastos de la defensa jur¨ªdica de espa?oles ante un procedimiento penal en el extranjero cuando el nacional carec¨ªa de medios econ¨®micos suficientes y en aquellos pa¨ªses donde no existiera un sistema de defensa de oficio gratuito similar al que hay en Espa?a.
La "propia excepcionalidad" de la pena de muerte, no prevista en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol y cuya abolici¨®n universal es "uno de los objetivos expresos" de la pol¨ªtica exterior del Gobierno, "justifica plenamente establecer una excepci¨®n al mencionado principio general", ha explicado el departamento que dirige Miguel ?ngel Moratinos. Exteriores ha subrayado que los costes muy elevados que implica una defensa jur¨ªdica "de calidad" en un procedimiento de esta ¨ªndole hace que "en pocos casos los acusados tengan recursos suficientes para costearla, lo que justifica igualmente la posibilidad de que el Estado coadyuve para sufragar la defensa jur¨ªdica".
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