Universidad y sindicatos ante el 'caso Garz¨®n'

Los medios de opini¨®n de la derecha espa?ola han iniciado ya desde hace semanas una campa?a contra la posibilidad de que los sindicatos mayoritarios decidan una u otra forma de actuaci¨®n frente al delirante procedimiento que est¨¢ a punto de acabar con la carrera judicial de un prestigioso magistrado por el terrible crimen de intentar fijar de una vez las responsabilidades de quienes se sublevaron el 18 de julio de 1936, no s¨®lo para acabar con la democracia, sino para eliminar masivamente a todos aquellos que la defend¨ªan. En una palabra, de quienes planearon y llevaron a cabo un genocidio, con m¨¢s de cien mil ejecutados, amen de desencadenar la Guerra Civil.

Asimismo clamar¨¢n ahora contra el hecho de que nuestra Universidad se sume a la iniciativa de UGT y CC OO, olvidando que la Universidad era presentada por el dictador como el centro en que se fraguaba la degeneraci¨®n de Espa?a, en virtud de lo cual muchos universitarios fueron asesinados y/o represaliados. La Universidad fue v¨ªctima del genocidio franquista. Es l¨®gico que tome una posici¨®n p¨²blica frente a aquellos que desde cualquier ¨¢ngulo y condici¨®n traten de frenar la declaraci¨®n del levantamiento franquista como crimen contra la humanidad y que apoyen a los perseguidos injustamente por intentar una delimitaci¨®n jur¨ªdica de esa responsabilidad criminal, no para ejecutar venganza alguna, sino para que de una vez por todas resulte deslegitimado todo intento de edulcorar la imagen de ese genocidio, en la opini¨®n p¨²blica, y sobre todo en la ense?anza.

Tantas o m¨¢s razones existen para la movilizaci¨®n de los sindicatos mayoritarios (curiosamente la derecha ha callado cuando se han puesto en acci¨®n los fascistas, verdaderos grup¨²sculos sin otra presencia que la reconocida para ellos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo).

CC OO no exist¨ªa en 1936, pero UGT, s¨ª, y de acuerdo con las instrucciones del general Mola, en los documentos previos al 18 de julio e inmediatos a esa fecha que reproduc¨ªa en su auto el juez Garz¨®n, en tanto que pertenecientes a la izquierda y al Frente Popular, la suerte de sus miembros no deb¨ªa ser otra de antemano que el pelot¨®n de ejecuci¨®n. Hab¨ªa que imponer el terror; un simple delito pol¨ªtico para la argumentaci¨®n del juez Varela contra Garz¨®n, como si delito pol¨ªtico y plan de exterminio pol¨ªtico (y f¨ªsico, esto Varela lo omite) fueran la misma cosa.

La UGT fue v¨ªctima de una condena a muerte extensible a todos sus miembros, y aplicable de forma preferente a todos aquellos que desempe?asen funciones directivas, partiendo del nivel local. ?C¨®mo va a permanecer callada ante el intento de destrucci¨®n de la justicia que est¨¢ teniendo lugar?

Y no s¨®lo fue la muerte. A t¨ªtulo personal, puedo mencionar el caso de mi padre, Antonio Elorza, que form¨® parte de la Comisi¨®n de la UGT que gestion¨® la Bolsa de Madrid a partir del 6 de noviembre de 1936. Guardo conmigo su carn¨¦, el que conserv¨® hasta el fin de sus d¨ªas y que hasta bien entrados los 40 le hubiera supuesto muerte. Nunca nadie le acus¨® de otra cosa. Mantuvo el pago de sus cuotas hasta marzo de 1939 y desde la victoria de Franco, tras salvar la piel permaneciendo escondido como topo durante varios a?os, perdi¨® su empleo, y no lo recuper¨® hasta 1976. ?Cu¨¢ntos militantes de UGT salvaron la vida, pero vieron destrozada esa vida por el simple haber pertenecido al sindicato?

No es cuesti¨®n de venganza, sino de impedir que el mismo tiempo se corra una cortina infranqueable sobre el crimen de lesa humanidad en que consisti¨® el franquismo y sea condenado quien intent¨® asumir la puesta en marcha de la justicia, siguiendo la estela de Francia, de Italia, de la propia Argentina.

Los autos del juez Varela rezuman incomprensi¨®n hacia lo sucedido a partir de julio del 36, animadversi¨®n al juez Garz¨®n, perfectamente comprobable a partir de una lectura atenta de sus autos, y rechazo consciente de la pretensi¨®n de hacer justicia sobre algo que desde el juicio de N¨¹remberg debiera tener bien claro todo magistrado. Actuar frente a ellos mediante la ley y ante la opini¨®n p¨²blica es, pues, una exigencia democr¨¢tica.

Catedr¨¢tico de la Universidad Complutense de Madrid.